La retirada esta mañana de la acusación sobre José Luis Cerezo Bada, uno de los integrantes de la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid cuando se diseñó el Plan General de Ordenación Urbana en 2003, ha dejado libre de todos los cargos al funcionario ... superior de la administración y licenciado en Derecho, que ha sido absuelto de inmediato por el tribunal. Para el resto de los investigados, la Fiscalía ha mantenido sus calificaciones: seguirán en el banquillo el exconcejal José Antonio García de Coca y los técnicos Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita Gervás. Tras dos semanas de juicio y más de cincuenta testigos que han pasado por la sala grande la Audiencia de Valladolid, tan solo queda la lectura de las conclusiones finales por parte de las acusaciones y las defensas, lo que se realizará en los próximos dos días. Tras 16 años de accidentada instrucción de la causa, el asunto, calificado de «juicio político» por las defensas, se ha ido desinflando sesión tras sesión, con lo que se espera una sentencia suave para los acusados, sobre todo, después de la decisión de la fiscal de retirar la acusación respecto de uno de ellos en el momento de pasar a definitivas sus conclusiones.
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Según la acusación pública, los hechos constituyen los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y contra el patrimonio histórico, por los que pide para el exedil García de Coca tres años de prisión, inhabilitación especial por dos años y multa de seis meses con cuota diaria de 20 euros por el primero de los delitos. Por cada uno de los otros dos delitos, siete años de inhabilitación especial para el cargo de concejal y multas de doce meses. Y por el delito contra el patrimonio, multa de doce meses y siete años de inhabilitación especial.
Para el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, que era coordinador técnico del área y responsable de las políticas urbanísticas, la Fiscalía pide que se le impongan tres años de prisión, multa de seis meses con cuota diaria de veinte euros e inhabilitación de dos años en puestos relacionados con vivienda, urbanismo e infraestructuras. Por cada uno de los otros dos delitos de prevaricación, otros siete años y sendas multas de doce meses e inhabilitación especial por 14 años. Por el último de los delitos se solicita que se le imponga multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación por otros siete años.
A Modesto Mezquita Gervás, que ocupaba el cargo de director del área de Urbanismo, además de los tres años de prisión por la falsedad documental, se le piden multa de seis meses, inhabilitación profesional de dos años y 14 años de inhabilitación por los otros dos delitos. Respecto del resto de los delitos de prevaricación se le piden multa de doce meses e inhabilitación de 14 años. Por último, por el delito contra el patrimonio se solicita para el acusado multa de doce meses e inhabilitación por siete años.
Para la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos Antonio Machado, los tres encausados que quedan en el banquillo son culpables de los delitos de falsedad y tráfico de influencias «por haber ordenado, consentido o decidido» introducir las alteraciones en el documento único, así como de los de prevaricación urbanística y contra el patrimonio, en relación con los desarrollos urbanísticos de la Bajada de la Libertad, Cáritas, Arca Real y el hotel en la fábrica de harinas de La Perla.
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Para el exedil y principal encausado pide, por falsedad en concurso con el de tráfico de influencias, cinco años de prisión, multa de 18 meses y 5 años de inhabilitación especial para el cargo; para Modesto Mezquita, cuatro años y seis meses de prisión, multa de 15 meses y cuatro años de inhabilitación para el cargo de funcionario; y 4 años de prisión, multa de 15 meses y 4 años de inhabilitación como funcionario para Luis Álvarez Aller. Por los delitos sobre el patrimonio histórico y de prevaricación contra dicho patrimonio pide para García de Coca un año y diez meses de prisión, multa de 20 meses e inhabilitación en su profesión por cuatro años. Para cada uno de los tres acusados, por prevaricación, sendas penas de ocho años de inhabilitación especial y por la prevaricación urbanística, para Álvarez Aller y Mezquita, respectivamente, penas de multa de doce meses e inhabilitación especial por siete años.
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