Piden dos años de prisión al director del banco por su «papel indispensable» en la triple estafa inmobiliaria de Valladolid

De praxis bancaria conectada con la burbuja de la construcción se ha hablado esta mañana en la penúltima sesión del juicio por la triple estafa inmobiliaria que se celebra desde este lunes en la Audiencia. El constructor José Ángel Del Río Escagedo huyó a México y dejó en el alero tres promociones de viviendas en Villanubla, Santovenia y Cabezón que había contratado en 2007 y 2008 con la Promotora El Páramo y precipitó la ruina de esta al desaparecer «sin pagar a nadie», como ha relatado el promotor perjudicado.

La vista ha arrancado con los informes de dos peritos arquitectos que han constatado que existieron sobrecostes en las promociones abandonadas por el constructor porque tenían muchos fallos de ejecución y de ellos se tuvo que hacer cargo otra empresa. «Dórico no tenía ningún tipo de solvencia profesional, además de no pagar», ha llegado a decir la arquitecta.

Después ha sido el turno del perito de parte de la defensa, quien ha insistido en su informe en que la praxis del banco y del director fue correcta, que se cumplieron todos los controles y que, en cualquier caso, él no tenía la capacidad ni la decisión última en la concesión de esas líneas de descuento y crédito, que tenían que pasar previamente por el departamento de riesgos de la entidad para que se les diera el visto bueno y, en último caso, por la dirección de zona o la dirección general. Además, ha subrayado que eran necesarias las firmas mancomunadas de varias personas para que estas operaciones se llevaran a efecto.

Ha explicado también que el descuento bancario en 2007 era «un producto común» para el sector de la construcción, «una línea de financiación totalmente aceptada en el sector inmobiliario», pero no ha convencido ni al fiscal ni al resto de acusaciones, que han incidido en os plazos de comprobación de la solvencia del solicitante que, en el caso de Domples, fueron excepcionalmente cortos: la sociedad se constituyó el 25 de abril y al día siguiente la remesa, por valor de 40.000 euros, se hizo efectiva. El autor del informe eludió entrar en los plazos y se atrincheró en su apreciación de que en el banco habían funcionado los sistemas de control a pesar de que la acusación le recordó que, al menos 1,5 millones de euros se habían descontado en efectos de la cuenta de Domples y que se utilizaron 202 pagarés con firmas falsificadas.

El fiscal considera que el contratista no habría podido hacer la operación sin la «cooperación necesaria» del director de la sucursal del Banco de Andalucía, Rafael Ramón Rufino Gómez, con quien le unía una amistad de años. Su papel, tanto para el fiscal como para el resto de las acusaciones fue «indispensable» y se le atribuye un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Había más de 200 pagarés que se libraron y se cobraron con la firma falsificada del modisto José Antonio Arroyo, primo del constructor, a quien convenció para que se pusiera al frente de Domples, la sociedad instrumental destinada, básicamente, al descuento de efectos mercantiles.

El ministerio público ha reajustado su calificación inicial de los hechos y ha decidido excluir al bancario del delito de estafa, por el que le pedía nueve años de cárcel, y atribuirlo en exclusiva al contratista, quien ya se había conformado con una pena de prisión de cinco años que fue pactada antes de la vista oral. La responsabilidad civil a la que tendrá que hacer frente, si prospera la tesis del fiscal, será de casi 930.000 euros, a pagar al principal perjudicado, el Residencial El Páramo de Villanubla.

Las acusaciones particulares modificaron asimismo sus calificaciones. La letrada del primo del contratista se adhiere a la reconsideración del fiscal, pero solicita que el constructor indemnice al modisto con 608.000 euros, «la deuda derivada del descuento fraudulento de los pagarés y consecuencia de los dos créditos hipotecarios que le obligaron a firmar», con la responsabilidad subsidiaria para el director de la sucursal.

El abogado de la promotora El Páramo mantuvo su petición de 9 años de prisión y multa de 18 meses a cuota diaria de diez euros por estafa continuada en concurso medial con falsificación en documento para el bancario y, subsidiariamente, como colaborador necesario, una pena de 3 años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 10 euros. Reclama una indemnización solidaria por los perjuicios causados a su cliente de 900.000 euros «por los defectos en las obras que tuvo que asumir y contratar con otra empresa para terminarlas».

Las defensas del director de la sucursal y del banco solicitaron la libre absolución.

La modificación de conclusiones por las partes ha sido el colofón de una sesión de juicio especialmente agria por las extemporáneas intervenciones de la letrada de la defensa del director de la sucursal y del representante legal del Banco de Santander, que han obligado al magistrado presidente a amonestarlos repetidamente por sus interrupciones al fiscal.