El policía de Valladolid juzgado por falso testimonio mantiene que recibió un pisotón de un manifestante en 2014
La Fiscalía y la Abogacía del Estado discrepan sobre la culpabilidad o inocencia del subinspector, tras escuchar a los testigos
El subinspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), A. L. G. M., que se sentó este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusado por la Fiscalía de Valladolid y la acusación particular de un presunto delito de falso testimonio, por sus declaraciones durante un juicio el pasado año, mantuvo hoy que un vecino de Valladolid le dio un pisotón durante una intervención policial en febrero del 2014, cuando unos manifestantes protestaban contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy frente al restaurante La Parrilla de San Lorenzo.
La Comisaría Provincial estableció el 2 de febrero de ese año un displiegue para garantizar la seguridad por la Convención Nacional del PP en Valladolid, a la que acudieron ministros y cargos públicos de esta formación política.
Una manifestación convocada para protestar por los recortes y la corrupción terminó con una carga y la detención de tres personas, por parte de miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la que forma parte el procesado.
El vecino J. H. B. fue juzgado por estos incidentes en abril del pasado año y absuelto por el magistrado de lo Penal 3 del delito de atentado y de la falta de lesiones contra los agentes, al no quedar acreditas éstas.
El juez, tras visionar los vídeos y escuchar los testimonios de los testigos y encausados, recogió en su sentencia el derecho de los acusados a interponer una denuncia por falso testimonio contra el agente, quien mantuvo en el juicio, contrariamente a las imágenes que se visionaron, que el acusado «le dio un pisotón en el pie derecho» y «que no fue accidental, sino intencionado».
Además, en aquella vista negó mediante vídeoconferencia desde Barcelona, donde se encontraba el año pasado destinado por el despliegue del 'Procés', haber golpeado a J. H. B.
En su declaración de este lunes, el subinspector, que estuvo destinado meses más tarde en Kabul (Afganistán), relató haber sido víctima de una campaña de acoso por parte de miembros de la Plataforma vecinal, con la colocación incluso de carteles en los túneles de Labradores y otras calles de la capital, así como su identificación en redes sociales. «Llegó incluso a tener que cambiar de domicilio», dijo su letrado defensor.
Precisamente, por la circunstancia de mentir o no ante un tribunal de Justicia, el fiscal mantuvo la petición de condena para el policía de un año y nueve meses de prisión y una multa de 3.240 euros.
En su intevención, el agente dijo que cuando declaró como testigo desde Cataluña en ningún momento se le mostraron imágenes de los incidentes para que pudiera recordar su intervención.
«Puede que no declarase correctamente, y tampoco tuve tiempo de preparar aquel juicio con mi letrado. Me disculpo por ello«, señaló a preguntas del fiscal, al tiempo que mantuvo que no golpeó al vecino en el momento del arresto.
«Ahora he visto algún vídeo y pudiera ser que esta persona recibiera algunos golpes cuando se inicio la actuación, pero no puedo concretar que fuese yo o alguno de mis compañeros, dado que somos todos muy parecidos», agregó.
«No es un segundo juicio»
El Ministerio Público dejó claro que no se trataba de enjuiciar otra vez lo ocurrido durante aquella manifestación vecinal de febrero de 2014, «sino la declaración que presta el agente en el procedimiento penal. Y consideramos que quedan acreditados los elementos del artículo 458 del Código Penal, como son el falso testimonio en causa judicial, y su agravación al darse en procedimiento criminal en contra del reo».
El fiscal destacó que al vecino se le acusó hace cinco años de un delito de atentado y de una falta de lesiones contra el agente, y que si bien éste negó en su día haber causado daño al policía «no era ilógico que negase el pisotón puesto que estaba entonces procesado», y tenía derecho a defenderse, incluso mintiendo.
«Pero una vez visionadas las imágenes en este juicio, en ningún momento se ve ese posible pisotón que indicaba el agente», dijo el fiscal, quien reforzó su acusación con lo declarado por otros dos testigos, un periodista y otro manifestante, ambos presentes en los incidentes de La Parrilla de San Lorenzo y que lo negaron también.
También declaró el jefe del operativo de la UIP montado ese día junto a La Parrilla de San Lorenzo, que aseguró que se trató de una intervención «de orden público menor».
«Se trasladó a esta persona porque estaba en una actitud bastante hóstil e insultando. En principio iba a ser sancionado por una infracción a la ley 1 de 1992. ¿Pudo haber patadas? No consta en el atestado y no soy consciente ahora. Yo no ví el pisotón, pero es el subinspector el que me refiere que se produjo el mismo. Fui testigo de una parte de los insultos, pero no del pisotón», señaló el jefe policial, que denunció los hechos en la comisaría de Delicias.
En relación al uso de la fuerza contra J. H. B., que fue negada por el agente en aquel juicio del 2018, el fiscal sostuvo para reafirmar el falso testimonio que «las imágenes y los vídeos acreditan que se usó contra él, y no dejan duda de que el subinspector golpea a este señor«.
El fiscal rechazó la agravante contra el agente al ejercer como funcionario público, puesto que solo prestó en su momento testimonio como policía.
Sentencia del 2018
Por su parte, la acusación particular, que representa los intereses de los afectados por la carga de la Policía, solicitó la condena de A. L. G. M. basándose en el contenido de la sentencia, en la que el magistrado de lo Penal 3 indicaba que la declaración del agente en el juicio «ha estado rozando el falso testimonio en causa penal, si no lo ha cometido».
A su vez, la abogada de la acusación llamó la atención sobre que en el atestado de la Policía de febrero del 2014 «no hay rastro del pisotón, parece que se le ha olvidado a todo el mundo ponerlo, y ni se ve el vídeo. Los golpes que recibió lo fueron del acusado, lo han confirmado los testigos y en las fotografías se puede ver, aunque el acusado lo haya negado también en la instrucción«.
Por su parte, el abogado del Estado, que defendía los intereses del subinspector, destacó que cuando declaró hace cuatro años desde Barcelona no recordaba todo lo sucedido, ni había podido visionar los vídeos en los que aparece con el J. H. B.
«El no recordar, o tener falta de memoria, cuando declaró el año pasado, no conlleva intención de engañar, ya que no había visto los vídeos. El agente siempre negó haber golpeado al vecino, porque desconocía que era este señor el que había recibido los golpes con la defensa. Los golpes se produjeron una vez que fue detenido», apostilló su defensa.
Posverdad y contrucción de una falsa realidad
En sus conclusiones definitivas, el abogado del policía insistió en que existe una diligencia en el atestado policial, de las 18:30 horas del 2 de febrero de 2014, en la que el subinspector comparece para presentar un parte facultativo por el pisotón que le proporcionó el manifestante.
«Se ha distorsionado la realidad con los vídeos y contruido una denuncia a la vista de los vídeos. Este es el claro ejemplo de la posverdad y se distorsiona para crear un ambiente de represaliados para trasladar la imagen del subinspector de una persona que abusa del uniforme y que además es violento«, señaló la defensa.
Durante el juicio, una treintena de manifestantes se concentraron frente al Palacio de Justicia para apoyar al vecino que fue absuelto el año pasado, y en contra la actuación policial del 2014.
Los concentrados portaban una pancarta en la que se leía «Paremos la criminalización de la protesta social».
En el interior de la Audiencia Provincial, un grupo de policías no uniformados presenciaron la vista oral de su compañero, en la que minutos antes de que comenzase se vivieron momentos de tensión al bloquear la entrada dos agentes a uno de los abogados, José Alberto Blanco, que había participado en el juicio del año pasado, y a otros miembros de la Plataforma que estaban desde primera hora esperando en el pasillo.
Previamente, el magistrado presidente del tribunal, Fernando Pizarro, acordó la limitación de acceso a la sala de vistas por problemas de aforo. El juicio quedó visto para sentencia.
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