El 68,5% de las familias atendidas en los puntos de encuentro llega desde los juzgados

El servicio especializado de apoyo a las familias durante los procesos y situaciones de interrupción de la convivencia familiar, que gestiona Aprome en 16 centros de la región, se hace cada vez más necesario porque en los siete primeros meses de 2018 ya ha atendido a 1.511 unidades y 2.145 menores (frente a los 2.585 de 2017), por lo que de seguir con esta progresión es previsible que se supere la cifra del ejercicio pasado.

La Junta de Castilla y León es consciente de esta necesidad entre la ciudadanía por los procesos de separación de sus progenitores y destinó en 2018 casi 1,4 millones de euros, 100.000 más que el año anterior y un 24 por ciento más que en 2015. Así, en los cuatro años de legislatura, el Ejecutivo regional habrá invertido casi cinco millones de euros en la financiación de estos centros, buscando siempre el bienestar y el interés de los menores. Según informa Ical, este incremento de financiación de este año ha permitido ampliar los horarios de funcionamiento de los 16 puntos de encuentro -al menos uno en cada una de las localidades con más de 20.000 habitantes- y el número de profesionales.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, aprovechó hoy su visita a uno de los dos centros existentes en Valladolid para destacar la labor de la asociación Aprome, donde trabajan 90 profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en Derecho y educadores sociales. Su trabajo consiste en facilitar que los menores puedan mantener relaciones con sus familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias que hacen necesario este recurso.

Alicia García, quien estuvo acompañada por la presidenta de Aprome, Susana Rodríguez, señaló que en lo que va de año, ha habido más de 73.000 intervenciones que suman más de 420.000 desde el inicio de la legislatura en 2015. Son actuaciones que va desde el cumplimiento del régimen de visitas establecido, que pueden ser supervisadas por un profesional, hasta las salidas y los intercambios de los menores pasando por la promoción de acuerdos y la resolución de conflictos a través de la mediación familiar, además de ofrecer información y orientación a las familias.

El hecho de que la mayor parte de los accesos al punto de encuentro sea por derivación de la autoridad judicial es fundamental que la Junta y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabajen de manera conjunta y coordinada con el objetivo fundamental de proteger los derechos e intereses de los menores. Precisamente, para mejorar esa coordinación, el pasado año se creó una 'Guía de buenas prácticas de los puntos de encuentro familiar con los juzgados de Castilla y León', dirigida a los profesionales de los puntos de encuentro y a los profesionales jurídicos.