La falta de acuerdo retrasa la legalización del edificio Duque de Lerma en el nuevo PGOU

Dos años y cuatro meses después de que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid detectara la situación ilegal del edificio Duque de Lerma –el techo de la capital, con 23 plantas y 87 metros de altura–, el proceso para su regularización en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue atascado. Esta pasada semana el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios han mantenido una nueva reunión para intentar avanzar en el proceso, aunque esta concluyó sin acuerdo.

El Consistorio, que considera que tanto la licencia de obras como la de primera ocupación no tienen validez, ha vuelto a esgrimir ante los vecinos la deuda que la promotora –la empresa Orecón, en concurso de acreedores desde 2013 y con sus propietarios ilocalizables– dejó a las arcas de la ciudad. Según los cálculos de los técnicos del área municipal, asciende a 672.728 euros, 352.430 de ellos del aprovechamiento pendiente de adquirir al Consistorio y otros 95.816 de las obras de urbanización del entorno, que asumió el Ayuntamiento y que no fueron abonados por la mercantil. A estos dos conceptos, se suma la subida del IPC desde 1997, año en el que se otorgó la autorización.

Fuentes de Urbanismo señalan que la Administración Local no puede dejar de cobrar esa deuda. En un principio, se pensó repercutirla entre los 120 propietarios cuando se produzca la transmisión de los inmuebles, pero la fórmula genera dudas en el departamento. Ahora, se plantea establecer plazos amplios para el abono ante la imposibilidad de recuperar el aprovechamiento en superficie, ya que la parcela está completamente urbanizada.

Los responsables de la comunidad de residentes, por su parte, declinaron hacer cualquier tipo de valoración sobre las negociaciones que se están llevando a cabo, aunque algunos vecinos consultados consideran que esa deuda habría prescrito al haber transcurrido más de veinte años. Recalcan que quieren tranquilidad y dejar de ser noticia en los medios de comunicación.

La situación de ilegalidad de este reconocible inmueble salió a la luz cuando el propietario del ático, de 560 metros cuadrados y con unas vistas privilegiadas de la ciudad, solicitó licencia para convertir este espacio en un restaurante con un área de apartamentos turísticos de lujo. Alberto Gutiérrez, máximo responsable de la firma Civitatis, confirma que él sigue interesado en desarrollar su idea de negocio. Los vecinos ya han mostrado su rechazo a este proyecto al considerar que generaría inseguridad por la continua entrada y salida de clientes al establecimiento. Urbanismo tampoco se ha pronunciado sobre si el uso hostelero tendría cabida en el ático.