El juzgado falla a favor de la Diputación de Valladolid en el conflicto sobre Villa de Prado

Ni Consistorio ni Diputación estaban dispuestos a ceder, a dar su brazo a torcer, y ahora el Contencioso Administrativo 3 ha dictado sentencia. Ha inclinado la balanza hacia la entidad provincial. Así lo confirmó este lunes el diputado de Hacienda, Personal y Nuevas Tecnologías, Agapito Hernández, quien aseguró estar «satisfecho» por el fallo. «Es una sentencia favorable para nuestros intereses, pero no puedo entrar en más detalles porque lo desconozco, al igual que el alcance», afirmó el también portavoz del Grupo Popular en el salón de plenos del Palacio de Pimentel.

No obstante, Hernández se limitó a constatar la información. Declinó hacer una valoración al respecto porque, dijo, será este martes cuando se reúnan para «leer la sentencia». Este lunes, sobre las tres menos veinte de la tarde, el responsable del Área de Hacienda recibió una llamada «inesperada». Al otro lado del teléfono estaba el letrado de la institución provincial. «Me ha dicho que había llegado la sentencia y que había sido favorable para la Diputación; nos hemos emplazado a mañana –en referencia a este martes– para leerla detenidamente y ver los términos de la resolución, hacer los números correspondientes», incidió el diputado.

Dijo «desconocer» el contenido del fallo, pero Hernández explicó que, «sobre todo», estaban contentos porque el juzgado declarase «nula la liquidación tramitada por la Junta de Gobierno» del Ayuntamiento de la capital. «Es lo que nosotros demandábamos principalmente; considerábamos que era erróneo», subrayó.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda en el Consistorio vallisoletano, Manuel Saravia, aseguró que ayer no se les notificó dicha sentencia y, por tanto, resultaba «imposible comentar algo que desconocemos». «Más aún cuando todo el litigio, todo el debate, es extremadamente técnico», indicó. No obstante, apuntó que «obviamente», cuando se la comuniquen, la estudiarán «detenidamente». «Lamentamos que el resultado sea el que se nos dice», subrayó. «Debemos recordar que se trata de un conflicto heredado cuando llegamos en 2015. Viene de un tiempo en el que el PP gobernaba en ambas administraciones. Se hicieron mal las cosas y ahora lo pagamos», lamentó.

Por otra parte, el teniente de alcalde insistió en que el Ayuntamiento «ha intentado todo para llegar a un acuerdo entre administraciones, al que la Diputación se ha negado». «Se llegó a presentar incluso una moción en el pleno municipal –en abril de este año–, y el anterior presidente de la Diputación y concejal de Valladolid –Jesús Julio Carnero– no quiso debatir públicamente su posición», apostilló.

Asimismo, el concejal se mostró confiado en que pueda «recurrirse» –«que los servicios jurídicos municipales lo aconsejen», dijo–. «Se trata de un conflicto que tiene que ver entre la Diputación, propietaria del suelo, y el Ayuntamiento, que a instancias del anterior gestionó su desarrollo urbanístico», concluyó.

El conflicto se remonta al año 2000, cuando ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para desarrollar el sector Villa de Prado. Por entonces, Javier León de la Riva ostentaba el bastón de mando en el Ayuntamiento y Ramiro Ruiz Medrano, en la Diputación. Ambos del Partido Popular. Durante los primeros años, la urbanización de la zona se ejecutó sin ningún conflicto. Pero hace cinco años, con equipos de Gobierno renovados, surgieron las primeras desavenencias. El organismo municipal instó a la Diputación a que le reembolsase 4,8 millones de euros, mientras que ésta hizo lo propio argumentando que era el Ayuntamiento el que les debía 5,8 millones. El último encuentro oficial mantenido entre ambas entidades para abordar este asunto tuvo lugar hace aproximadamente tres meses, a mediados del mes de agosto. El edil de Urbanismo se reunió con el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, para tratar de alcanzar un pacto.

Saravia insistió entonces en la necesidad de un diálogo y posterior acuerdo para evitar la vía judicial sobre las discrepancias en torno a Villa de Prado. Asimismo, planteó la posibilidad de que ambas partes renunciasen a reclamar una cantidad a la otra. La Diputación de Valladolid, por su parte, se mostró inflexible. Agapito Hernández anticipó que era «inviable» que se produjera un entendimiento porque, en ese caso, renunciarían a los derechos avalados por los informes de los técnicos, que concluían un saldo favorable a la institución provincial de cerca de cinco millones de euros. Ahora, solo queda esperar: a que la administración provincial valore los términos de la resolución y a que el Ayuntamiento la reciba.