Una extrabajadora de la funeraria El Salvador testifica que vio «reciclar», al menos tres veces, un ataúd de alta gama

Ayer, en la sala de vistas 4 de los juzgado de Angustias, su testimonio trató de ser desacreditado por las defensas. La exempleada fue despedida por la empresa, según ha relatado, porque estuvo tomando algo con un cliente en la cafetería del tanatorio fuera del horario de servicio. «¿No es más cierto que se le despidió porque usted y su entonces novio estaban haciendo 'trompos' en el aparcamiento del tanatorio?», ha preguntado uno de los letrados. La testigo, que ha negado rotundamente que hubiera protagonizado esta «escena indecorosa» (entre otras cosas, ha subrayado, porque no hay espacio material para ello), ha insistido, ante las preguntas de las acusaciones particulares, en que los ataúdes de alta gama volvían a utilizarse dentro del tanatorio. «Al principio no entendía a qué se referían cuando decían: este vuelve del reciclaje y sonreían sin decir nada más«, ha relatado.

Pero poco antes de irse, la joven visitó el Cementerio Jardín de Santovenia, donde está ubicado el crematorio, y allí dos compañeros de la funeraria se lo explicaron: cambiaban los ataúdes. Y las flores, también. Y esto «sí lo vio» ella, ha asegurado ante la jueza, el fiscal, las acusaciones particulares y las defensas del caso Ignis. «En las coronas quitaban las flores secas, colocaban otras frescas y volvían a utilizarlas con otros clientes», ha testificado. También ha sido tajante la testigo al señalar al propietario de la funeraria, Ignacio Morchón y a un 'tramitador' y empleado de confianza, como las personas que daban las órdenes de «reciclar». Los 'tramitadores', ha explicado, son los empleados que contactan con las familias, en el domicilio o en el tanatorio, y entre sus cometidos está la venta de féretros. «Todo el mundo lo sabía, es un clan familiar», ha concluido la testigo.

Para las acusaciones particulares, el relato de esta testigo es «bastante fiable». El letrado Miguel Becerro, de la plataforma El Salvador, integrada por los despachos madrileños de Bárbara Royo y Castellana 266, que representa a más de una veintena de perjudicados de manera individual, ha insistido en la idea de que «se trata de un clan familiar organizado con absoluta impunidad para estafar». Hoy también se ha personado como acusación el despacho vallisoletano CDH, una vez comprobado que en el 'listado' de perjudicados que obra en los autos están varios de sus clientes.

Mientras la titular del Juzgado de Instrucción 6 tomaba declaración a la testigo, el Juzgado 3, en funciones de guardia esta semana, se ocupaba de las últimas diez personas detenidas en la tercera fase de la operación Ignis, para decidir sobre su situación procesal. Se espera que a lo largo de la jornada sean puestos en libertad, como ocurrió con los otros trece trabajadores que fueron detenidos y puestos a disposición judicial inicialmente y que siguen trabajando en los servicios funerarios, que han mantenido su actividad a pesar de la investigación abierta. Posteriormente serán llamados a declarar por la jueza instructora.

En este momento, solo tres personas están en prisión provisional: el propietario del Grupo El Salvador, Ignacio Morchón, sin fianza, y dos de sus hijos. El primero, con fianza de 800.000 euros, y la segunda, con 400.000. Su letrado defensor ha recurrido en apelación y está a la espera de que se pronuncie la Audiencia. Se les investiga como presuntos autores de delitos de estafa continuada, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.