Una espina socialista en el paseo triunfal de UCD en Valladolid

Cuando a mediados de junio de 1978 las asociaciones de vecinos más combativas de Valladolid congregaron a miles de manifestantes para protestar contra los Planes Parciales, entre sus reivindicaciones más reiteradas figuraba la de lograr «la plena democratización de los ayuntamientos». Razón no les faltaba: mientras el gobierno de Adolfo Suárez acometía las reformas pertinentes para desmontar la dictadura y consolidar un régimen de libertades, como acreditaron el referéndum para la Reforma Política, en diciembre de 1976, y las elecciones generales de junio de 1977, los ayuntamientos seguían rigiéndose por la Ley del Estatuto de Bases del Régimen Local del Franquismo. Dicho de otra forma: la democracia no llegaba a los municipios, que a esas alturas de junio de 1978 aún seguían regidos por los últimos alcaldes de la dictadura y su representación, estructurada en los famosos tres tercios: sindical, familiar y de entidades.

De hecho, ni las demandas de la oposición política, sobre todo del PSOE y del PCE, ni las presiones de asociaciones vecinales y de determinados concejales del tercio familiar más identificados con las demandas vecinales parecían poder doblar el brazo gubernamental. Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación, dilataba sine die la convocatoria de elecciones municipales, hasta el extremo de que aún habrían de celebrarse el referéndum de la Constitución (diciembre de 1978) y otras elecciones generales (1 de marzo de 1979) antes de proceder a la constitución de los ayuntamientos democráticos.

Para explicar el retraso de los comicios municipales hasta el 3 de abril de 1979 suele aducirse el cálculo gubernamental, puramente electoralista, ante los sondeos de opinión que manejaba el citado Martín Villa: «Los sondeos no proporcionaban unas perspectivas favorables para los candidatos de UCD. Las encuestas hechas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) siempre les situaban por detrás del PSOE en intención de voto», ha escrito Marcos Marina Carranza. En efecto, las encuestas publicadas por el CIS entre julio de 1978 y febrero de 1979 no solo mostraban el avance de las fuerzas de la oposición democrática, en especial del PSOE, sino también la mayor confianza de los ciudadanos en una izquierda que prometía profundizar en la democracia y resolver las necesidades más acuciantes, sobre todo de los barrios. A ello habría que sumar el recuerdo de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que, al propiciar la victoria de las candidaturas republicanas en las principales capitales de provincia, terminaron por arrumbar la monarquía alfonsina.

Las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, marcadas por una elevada abstención fruto del cansancio y de un cierto desencanto, supusieron para Adolfo Suárez una victoria un tanto amarga, pues la UCD, con el 30,6% de los votos, aventajó al PSOE de Felipe González en apenas dos puntos. A ello se sumaría el pacto post electoral entre socialistas y comunistas para constituir ayuntamientos de izquierdas, como ocurrió en la mayoría de las capitales de provincia, 23 de las cuales terminarían gobernadas por alcaldes socialistas. Es lo que ocurrió en Valladolid, donde el PSOE, con el 39,8% de los votos y 13 concejales, logró que Tomás Rodríguez Bolaños se hiciera con la alcaldía merced el apoyo de los cuatro ediles del Partido Comunista.

En la provincia vallisoletana, sin embargo, UCD obtuvo un triunfo claro. Ya es sintomático, de hecho, que el partido centrista lograra presentar candidatos en el 82% de los municipios (181), mientras el PSOE lo hacía en 63, Coalición Democrática en 43 y el Partido Comunista en 13. Como señala Rodrigo González Martín, el partido del presidente del gobierno se valió de la experiencia y del poder acumulado por el personal político del tardofranquismo, incluido el gobernador civil, José Estévez Méndez, para imponerse en los pueblos. Ello se tradujo en 808 concejales y 125 alcaldías para UCD, más del 50% de las existentes en la provincia. Luego vendrían los 314 independientes, que se hicieron con 44 ayuntamientos, y, después, el PSOE, con 201 concejales y 26 alcaldías.

El cuarto lugar de Coalición Democrática, que obtuvo 115 concejales y la presidencia de 15 ayuntamientos, acreditaría el sesgo conservador de la provincia. Tras ella quedaron el Partido Ruralista, con 71 concejales y 11 alcaldías, y el PCE, con 17 ediles y un solo un Ayuntamiento, el de Castronuño. Como nota curiosa, el Partido del Trabajo (PTE), formación situada más a la izquierda que los comunistas, logró la alcaldía de Simancas (Miguel Ángel Carbajo), mientras la extrema derecha, representada por Unión Nacional, conseguía regir un único Ayuntamiento, el de Villafrades de Campos (Basilio Alonso).

Junto a la capital, los socialistas lograron aguar la fiesta de UCD en Tordesillas, al frente de cuyo Ayuntamiento resultó elegido José Elías Pérez Barragán, y Medina del Campo, donde siete concejales del PSOE, tres del PCE y uno independiente otorgaron la alcaldía al socialista José Ignacio Cano de la Fuente, dejando al candidato de UCD, Francisco García del Pozo, con los seis votos de los ediles centristas. La formación de Adolfo Suárez se hizo, no obstante, con los Ayuntamientos de los tres municipios que les seguían en importancia: Medina de Rioseco (Manuel Fuentes Hernández), Íscar (Juan Martín Hernansanz) y Peñafiel (Santos Martín Marcos). Un dato curioso fue la abstención de un edil centrista en la elección del riosecano Manuel Fuentes, que se impuso con el voto de siete de los ocho concejales de UCD, mientras los cuatro del PSOE y el único del PTE apoyaban a Eduardo Franco Felipe.

Las mujeres, por su parte, quedaron confinadas en una representación política testimonial, que se tradujo en 46 concejalas -menos del 3% del total- y cuatro alcaldesas: tres de UCD en Castroponce (María Dolores Cedrún), Valbuena de Duero (María Luisa Moro) y Villalba de la Loma (Natividad Pisonero), y una de Coalición Democrática en Viana de Cega (Purificación Bermejo).

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