Escuela Pública reclama más peso de los ayuntamientos en la escolarización

Esta demanda responde a la última ordenanza de la Consejería de Educación (25 de noviembre) en la que dio luz verde al nuevo Decreto que regula la admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos. Una modificación que pretendía adaptar el procedimiento a los cambios en la normativa estatal de la nueva ley educativa (Lomloe).

El Decreto aprobado ese 25 de noviembre por el Consejo de Gobierno de la Junta ya fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. En él se amplían las funciones de las Comisiones de Escolarización para que se garantice «la igualdad de acceso y la lucha contra la segregación escolar». También contempla que las administraciones locales serán oídas en el procedimiento de determinación de las unidades territoriales de admisión.

Por otro lado, reorienta los criterios prioritarios de matricula e introduce dos nuevos: la monoparentalidad y la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo. Además de la discapacidad sobrevenida como supuesto excepcional de admisión.

La docena larga de sindicatos educativos, confederaciones de padres y madres de alumnos y partidos políticos que forman la Plataforma y el Foro por la Educación creen que la nueva regulación supone «una adaptación mínima de la Lomloe, ya que sigue «consagrando la libertad de elección de centro poniendo en duda la intención de acabar con las políticas segregadoras», resume su portavoz, Soledad Alegre.

Estas organizaciones anuncian una ronda de contactos con los ayuntamientos y consejos escolares de la región para hacerles llegar su derecho a participar «dentro de las competencias que les otorga la ley».

Una campaña que pretende que, antes del próximo periodo de matriculación escolar, se creen Unidades Territoriales de Admisión y Comisiones de Escolarización para «empezar a recuperar el tiempo perdido». Y dar voz y voto a toda la comunidad educativa y a los municipios como «garantía de que se cumplen los derechos de la infancia y de que se impide la segregación escolar».

También reclaman un «territorio suficiente» en las zonas rurales para que dispongan de una oferta educativa lo más completa posible, incluyendo todas las enseñanzas (hasta bachilleratos y Formación Profesional), además del resto de servicios que les permitan fijar población.

Estos colectivos anuncian una especial vigilancia del próximo periodo de matriculaciones y recuerdan que «la Junta no puso en marcha para esta curso la adaptación según la Lomloe, sacando la norma para la escolarización días antes de su aprobación, para 'puentearla'».