La multinacional sueca de renegociación de deudas Intrum, que además es el mayor gestor y vendedor de inmuebles del país, quiere reducir en más de un tercio su plantilla de Valladolid. Esto se concreta en el despido de 166 de los 515 empleados que tiene ... en la ciudad, el 32,2% del total, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Jaime Esteban, del sindicato CGT (Confederación General del Trabajo). De esa cifra 165 pertenecen a Intrum Servicing Spain y uno a Solvia, que tienen 511 y cuatro asalariados en la capital, respectivamente.
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Las intenciones de la compañía del sector del 'contact center' se han conocido este jueves, durante la constitución de la mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que ha presentado la firma, que pretende desprenderse de 702 de los 2.088 empleados que tiene en España. En porcentaje esto equivale al 33,6%, una cifra similar a la planteada para su sede de la capital vallisoletana.
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El ERE, además de a los trabajadores de Intrum en la ciudad –que ocupan la antigua sede de la Fundación Cristóbal Gabarrón en Huerta del Rey–, afecta a otros seis centros de trabajo localizados en Alicante, Almería, Barcelona, Huelva, Madrid y Zaragoza.
El Comité de Empresa de Intrum en Valladolid está formado por 17 miembros de los que nueve pertenecen a CGT, cinco a UGT y tres a Solidaridad. A nivel estatal la mayoría corresponde a la Unión General de Trabajadores, por lo que esta central tiene seis representantes en el «banco social» de trece miembros de los sindicatos que negociará el ERE. El resto se reparte entre Comisiones Obreras, con cinco miembros, y CGT, que tiene dos.
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A partir de este momento se abre un periodo de consultas de 30 días que tendrá su siguiente hito en una nueva reunión convocada para el próximo viernes 31 de mayo, que como la de hoy tendrá lugar en Madrid. A expensas de examinar en detalle la documentación, la empresa alega causas de índole «económica, técnica, organizativa y de producción» para reducir su personal en España, según ha manifestado Jaime Esteban.
El grupo Intrum es un conglomerado de seis empresas (Aktua Soluciones Financieras, Aktua Soluciones Financieras Holdings, Haya Real Estate, Intrum Holdings Spain, Intrum Servicing Spain –antes Lindorff España– y Solvia Servicios Inmobiliarios), que cuenta con un volumen de activos en el mercado español de un valor superior a los 60.000 millones de euros, entre los que están más de 200.000 activos inmobiliarios. Tiene presencia en 20 países y más de 80.000 clientes en Europa.
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El pasado 30 de abril, cuando se conoció la decisión de la multinacional de iniciar un procedimiento de despido colectivo, CGT ya alertó de que no era la primera vez que ocurría. «La historia se repite en la compañía nórdica, ya que en 2018 realizó un ERE motivado por la fusión de Lindorff» y en 2019 otro por la adquisición de Solvia, indicaron desde la central sindical.
El Ministerio de Trabajo no ha comunicado su intervención en este expediente a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, algo preceptivo cuando un ERE afecta a varias autonomías (salvo que el 85% de los afectados o más se concentre en una sola región). «En este caso está obligado a informar a la comunidad cuando se comunique con la empresa, además de aportarnos información sobre las causas del ERE, trabajadores afectados y la fecha de entrada. De nada de esto se tiene noticia», han indicado fuentes del departamento que dirige Mariano Veganzones.
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Este consejero, precisamente, se reunió con el Comité de Empresa de Intrum el pasado lunes, al que transmitió su disposición a «actuar, al igual que en otras ocasiones, tratando de hacer un acompañamiento durante todo el proceso crítico velando por su legalidad». Vengazones les ofreció «asesoramiento especializado, búsqueda de soluciones para minimizar el impacto sobre el número de trabajadores afectados, mecanismos para la recolocación adicionales y la posibilidad de implantar planes de bienestar para los que se queden en la empresa pero a los que afecte igualmente el ERE, ya que tendrán una mayor carga de trabajo».
Como medidas concretas, según indicaron las mismas fuentes, «se podrá activar un protocolo para la recolocación gestionado desde la Fundación Anclaje», así como facilitarles el acceso a las ayudas existentes para los afectados por este tipo de expedientes. Por otra parte, la Consejería de Industria «está a la espera de reunirse con la empresa en los próximos días para conocer su situación y expectativas de futuro en nuestra región», un encuentro que probablemente tenga lugar la semana que viene.
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