Valladolid

Entra en prisión por estafa un hostelero conocido por sus tortillas de patata

Los hechos se remontan a junio de 2022, cuando Óscar Guantes, que regentaba el bar Malasaña de la calle Teresa Gil de Valladolid, planteó a la víctima, que por aquel entonces le suministraba pan, empanada y otros productos, la posibilidad de ser socios en su negocio hostelero. Para tal fin le tenía que abonar 30.000 euros y de esa forma explotar conjuntamente el bar, y con ese mismo dinero abrir el mismo establecimiento en la calle Covaresa.

El denunciante llegó a aportar en tres cuotas los 30.000 euros, sin conocer, recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4, «la mala situación económica del negocio, que estaba endeudado y que se había iniciado un procedimiento de desahucio». El último pago de esos 30.000 euros lo efectuó la víctima el 27 de julio de 2022, si bien, un mes y medio después de abonarle la totalidad del dinero, se ejecutó el desahucio. «No tenía (la víctima) conocimiento alguno», continúan los hechos probados.

A pesar de desconocer ese lanzamiento del establecimiento, el proveedor, antes de abonar ese dinero, sabía que el local estaba cerrado por problemas personales y familiares de Óscar Guantes, además de problemas en el pago de la luz por cuestiones derivadas de un cambio de titularidad y de ciertos impagos puntuales del alquiler (el condenado le apuntó que adeudaba dos meses). Aun así, la víctima decidió meterse en ese 'negocio', por lo que tuvieron que hipotecarse tanto él como su pareja con préstamos que alcanzaron los 25.000 euros, además de pedir ayuda a familiares directos.

Ese dinero entregado a Guantes, este lo destinó a «usos propios» para continuar sin atender la llamadas y los mensajes del afectado.

Ante tales hechos, la víctima, con su pareja, se presentó en el domicilio del hostelero para pedirle explicaciones, si bien, a través del videoportero le dijo que se marchara y que «le iba a quitar la vida». Ante la insistencia de hablar con él, el condenado le invitó a subir y en el rellano le esperó con un cuchillo de cocina. «Le amenazó con matarle», continúan los hechos probados de la sentencia.

Durante el juicio, Óscar Guantes recalcó que el proveedor, al que consideraba como un amigo, conocía cómo iba el bar. Un estado de las cuentas que tildó «de pena», principalmente, por problemas personales y una enfermedad y no por la marcha en sí del negocio. «Me hizo una propuesta (el afectado) para comprar la tercera parte del negocio por valor de 30.000 euros con la intención de sanear las deudas y ampliar el negocio. Él conocía la situación financiera porque estaba presente en la actividad diaria. Fue testigo directo de los problemas con el suministro de la luz al estar suspendido por impagos», testificó ante el Juzgado de lo Penal número 4.

La declaración, recoge la sentencia, fue siempre en los mismos términos, además de agregar que ese dinero invertido fue siempre para abonar las deudas contraídas. Asimismo, también respondió al incidente en su casa con el denunciante y su pareja. «Estuvieron llamando al telefonillo durante treinta minutos hasta que respondí y le dije, en tono jocoso (animus iocandi) 'sube que te quito la vida' en relación con un episodio que tuvo un amigo en común con la Policía. No tenía ningún cuchillo y no le dejé entrar en casa porque le parecía una falta de respeto presentarse así», declaró Guantes a la par que incidió en que no hubo tono amenazante y que al día siguiente volvieron a tener relación «como si nada hubiera ocurrido».

Tras el juicio, Óscar Guantes fue condenado a dos años y medio de prisión (dos años y un día por estafa y seis meses por amenazas). El fallo lo recurrió la defensa ante la Audiencia, que ratificó la pena, si bien el hostelero quedó en paradero desconocido. Finalmente fue localizado el pasado 6 de marzo para entrar en un centro penitenciario. Una condena que concluirá el 30 de septiembre de 2027.

Precisamente, Guantes, cuando ya había dejado la presidencia del club de fútbol palentino Cristo Atlético, ya fue absuelto de otro delito de estafa por haber alquilado un vehículo en 2013 con la tarjeta de crédito de un amigo y cargarle, presuntamente, más de 800 euros en su cuenta sin su conocimiento y tras sucesivas prórrogas del contrato.

Esa sentencia ponía de manifiesto la falta de diligencia de la empresa de alquiler de vehículos Atesa en la tramitación de las prórrogas, ya que, durante el juicio, uno de sus trabajadores reconoció que no comprobaron si la persona que las realizó era la titular de la tarjeta en la que se pasaban los cargos.

Durante ese juicio, Guantes explicó que el alquiler del turismo, un Mercedes, se produjo de regreso al aeropuerto de Valladolid, que tras haber visitado en Barcelona las instalaciones del Club Deportivo Español, pidió a un amigo que le acompañaba que aportara su tarjeta de crédito y firmara un contrato de alquiler de un turismo en las oficinas de Atesa, dado que él tenía estropeado el suyo y no llevaba en ese momento una tarjeta.

«Yo le preguntaba de vez en cuando si le habían pasado algún cargo y él me decía que no, hasta que un día me llamó para decirme que le debía dinero y que me iba a denunciar», declaró en su día el ahora condenado.