Nunca ha salido del debate municipal, aunque en algún momento las explicaciones sobre su fallecimiento por causas de fuerza mayor -la deuda de 400 millones contraída con lo bancos, que tuvo que asumir el entonces Ministerio de Fomento- atenuaron su protagonismo. Pero eso se acabó. PP y Vox, cada uno por su parte, han dejado claro en el pleno celebrado este martes que el soterramiento de las vías será su principal bandera de cara a las elecciones municipales, que se celebrarán dentro de un año. El proyecto será el arma de las dos formaciones para intentar desgastar a Óscar Puente y su equipo, a los que acusan de enterrar un proyecto que es «viable». La estrategia, además, se acompaña con el eco de esta reinvidicación en la calle, gracias a la Plataforma que lidera el excargo del PSOE Cecilio Vadillo.
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La presidenta de los populares anunciaba la intención de su partido de solicitar un nuevo pleno extraordinario para analizar la posibilidades reales de resucitar la sutura urbana con un túnel que conduzca a los trenes por el subsuelo a lo largo de cinco kilómetros. La herramienta para avivar el tema era una moción para instar al Ayuntamiento a que tomara medidas para paliar los problemas de aparcamiento y de pérdida de negocio de los vecinos y comerciantes de Panaderos ante la inminente construcción del túnel. «No somos cuatro pirados», le ha dicho Del Olmo al alcalde en referencia a la concentraciones celebradas para reclamar que se retome el soterramiento, además de considerar que el regidor no está escuchando «lo que pide la ciudad real». Puente le ha conminado a que abandonara este asunto y se ciñera a las inciativas para la calle antes citada, con el consiguiente enfado de Del Olmo.
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Al témino de la sesión, la responsable de prensa del grupo popular enviaba la solicitud oficial para la celebración de este debate. A juicio del PP, el escenario económico abierto con la llegada de Fondos Europeos permite acometer una obra, dicen, que ya es o será realidad en otras muchas ciudades españolas. Acotan en ese escrito que se podría abordar de una manera «racionalizada y sostenible».
Debate bronco, primero, y un receso de media hora, más tarde, para lograr el acuerdo. Los grupos municipales, con el voto en contra de Vox, han aprobado realizar un reconocimiento a los 21 funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid que fueron represaliados por el régimen franquista. La moción, presentada por PSOE y Toma la Palabra, ha sido tildada de «oportunista» por el edil del PP José Antonio de Santiago-Juárez al considerar que la iniciativa se produce cuando se está ultimando la negociación para conformar el Gobierno de la Junta y cuando la petición para este homenaje la conoce el alcalde desde hace un año. No obstante, el veterano concejal ha subrayado en varias ocasiones que a él el partido de Abascal no le gusta «nada». El edil de Vox, por su parte, ha lamentado que la izquierda vuelva a utilizar «el comodín de Franco» en este momento, lo que cree que no es una casualidad. Los portavoces de los partidos proponentes han recalcado la necesidad de restituir la dignidad de unos empleados públicos que permanecieron firmes para defender la democracia en la ciudad.
El edil de Vox, Javier García Bartolomé, aprovechaba su turno para insistir en que el plan de integración es una «medida paliativa» que no soluciona el problema de la barrera. «Se van a malgastar 176 millones de euros en túneles y pasarelas cuando, insisto, en Murcia se han soterrado cinco kilómetros de vía por 192 millones de euros», recalcaba.
Ambos grupos recibían contestación más tarde. Primero, por parte del concejal Luis Vélez, quien destacaba que los nuevos pasos previstos «va a mejorar la calidad de vida de miles de vallisoletanos». Vélez acusaba al PP de querer «seguir castigando a los vecinos» con su oposición al plan ya en marcha, que, sostuvo, mejorará las comunicaciones entre ambas márgenes del lecho ferroviario.
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Su compañero de bancada y portavoz del PSOE, Pedro Herrero, era más duro, ya en el turno de preguntas. Herrero subrayó que el soterramiento murió el 24 de enero de 2011 cuando el consejo de administración de la Sociedad Alta Velocidad solicitó un préstamo que conllevaba un pago de 61.000 euros de intereses al día. El socialista ha acusado directamente a León de la Riva de «guardar el cadáver» de una «estafa» y ocultar al pleno el aval de cien millones de euros que firmó con las entidades para seguir logrando créditos que hipotecaban las finanzas municipales. «Dejen de tomar el pelo a los ciudadanos», remachó.
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