Una empresa comprará El Salvador y lo cederá al Consistorio a cambio de 6.000 metros edificables en el centro

La compañía compradora cotiza en bolsa y, antes de cerrar el acuerdo con el Consistorio, necesita el visto bueno de sus accionistas y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero la operación, que se califica de «redonda» para la ciudad y para las arcas municipales, está muy avanzada. El Ayuntamiento ultima la redacción del convenio con una importante compañía, cuyo nombre se reserva, que permitirá poner la parcela del colegio El Salvador a disposición del Ministerio de Justicia para agrupar en la zona de San Pablo todas las sedes repartidas por la ciudad. El trato es el siguiente. La firma promotora adquiere los terrenos a la propiedad del antiguo centro educativo, salda la importante deuda que sus dueños tienen contraída con el Sareb –se ha llegado a estimar en diez millones– y cede El Salvador al Ayuntamiento. A cambio, el Consistorio 'paga' ese suelo con edificabilidad. En concreto, cerca de 6.000 metros cuadrados en una parcela «muy céntrica», cuya ubicación tampoco se quiere desvelar por el momento.

La solución despejaría, según sostiene la Administración Local, todos los problemas y retrasos que podría conllevar un proceso de expropiación e incluiría la retirada de los recursos judiciales que la empresa propietaria presentó contra el planeamiento municipal.

Además, el Ayuntamiento mantendría la edificabilidad en los terrenos junto al colegio Zambrana, en el barrio de Delicias, unos suelos que se les iban a entregar a los propietarios del colegio como compensación por El Salvador.

La operación supondría un importante tanto político para el equipo de gobierno, que ha dedicado muchas horas del actual mandato para virar el rumbo de la Ciudad de la Justicia y evitar que saliera del centro de la ciudad –el plan inicial era ubicarla en una parcela de Girón–, con la consiguiente pérdida de actividad en el casco histórico.

La previsión, según anunciaba el alcalde esta pasada semana, es rubricar el convenio con la empresa compradora en el mes de septiembre. Inmediatamente, se solicitará una reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para poner el suelo a disposición del Gobierno. A partir de ese momento, será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que tendrá que elaborar el proyecto arquitectónico y dotarlo de presupuesto para afrontar la obra del esperado edificio judicial.