Uno de los empleados de la funeraria El Salvador asegura que oyó a Justo amenazar al dueño con «joderle la vida»

El declarante, Juan Carlos U, mecánico del grupo de empresas, y el resto de testigos, el albañil Julio A, y los contables Julián V. y María Ángeles G, testigos de la defensa del 'magnate del féretro', al igual que otros empleados que han 'desfilado' hasta el momento por el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, mantienen la línea de exculpar a Ignacio Morchón alonso y resto de los investigados, entre los que también figuran familiares del industrial.

En el caso de Juan Carlos U, éste ha mantenido que es falso todo lo recogido en los cuadernos de Justo M, el compañero ya jubilado que puso a la policía en la pista de las supuestas irregularidades, y que nunca ha existido nada irregular, así como que el denunciante quería una venganza personal contra Ignacio Morchón, al punto de haber amenazado con «joderle la vida a ese hijo de puta» por no pagarle el salario.

Por su parte, los contables, que prestaban servicio en la oficina de la calle Angustias, han asegurado que no existía un control escrito del stock de ataúdes y que el mismo lo llevaba el dueño del grupo empresarial, quien guarda los cobros en efectivo en casa, de ahí que parte del dinero que la policía intervenido en su casa, al menos 600.000 euros, corresponden a la tesorería de la Sociedad, según informa Europa Press.

También han apuntado que el precio medio por ataúd que pagaban a los proveedores no superaba los 90 ó 120 euros, a pesar de que luego fueran comercializados por más de un millar, y mantienen que las facturas de compra de las cajas coincidían con las de venta.

Uno de los contables, Julián V, sobrino de la esposa del dueño, ha desvinculado además a sus primos del control del negocio y ha mantenido que era su tío, aunque ya jubilado, quien seguía con las riendas del negocio. «¡Ya quisiera yo cobrar lo que cobraban mis primos sin ninguna responsabilidad!«, ha espetado el testigo, según informaron a Europa Press fuentes de una de las acusaciones particulares.

Por su parte, la defensa de los Morchón mantiene que en dos semanas habrá concluido la práctica de estas diligencias de prueba acordadas por el juzgado tras la propuesta voluntaria de los testigos a declarar, sin que ni la policía ni las acusaciones particulares hayan planteado pruebas distintas a las ya existentes en estos cinco meses de instrucción pública de la causa, tras practicar las que consideraron oportunas durante un año en secreto.

El juzgado no ha decidido todavía si permitir a las defensas una pericial caligráfica independiente que acredite que los cuadernos se escribieron en muy poco tiempo y ha denegado la entrega de la documentación contable incautada.

La investigación de la 'Operación Ignis' desarrollada por la Policía Nacional corre a cargo del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid por la actividad del grupo funerario entre 1995 y 2015, periodo en el que, supuestamente, los veinticinco investigados realizaron el 'cambiazo' de al menos un total de 6.000 ataúdes por otros más baratos con el fin de reutilizarlos para otros sepelios, además de hacer lo propio con las coronas de flores. Tales hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.