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Es, muy probablemente, el empleo sumergido por antonomasia. Y lo es, a tenor de los indicios, en un volumen ingente y creciente. Tambiénes, de forma ... casi total, desempeñado por mujeres;en Valladolid en el 98% de los casos. Las empleadas de hogar vuelven al punto de mira de la Seguridad Social, ya que desde el 1 de enero de este año es obligatorio que sean los empleadores quienes se encarguen de dar de alta a las empleadas que realizan menos de 60 horas mensuales, en lugar de dejar que sean ellas quienes asuman el trámite. El 31 de enero ya pasó y la cifra de afiliadas a la Seguridad Social no solo no ha crecido, sino que sigue menguando, como sucede prácticamente todos los años.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social pone en marcha campañas periódicas para tratar de aflorar y regularizar a las empleadas de hogar que se encuentran en situación irregular y la experiencia dice que se descubren miles de empleos no declarados pero que, al final, cualquier cifra de afiliadas a la Seguridad Social es siempre menor que la anterior.
El Real Decreto-ley 16/2022 de 6 de septiembre «para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar» pretendía equiparar las condiciones laborales de este colectivo al del resto de trabajadores por cuenta ajena. Su principal novedad era la introducción del derecho de estas empleadas a percibir una prestación por desempleo, pero no era éste el único cambio.
Desde el 1 de enero de 2023 ya no es posible pactar con las personas al servicio del hogar que realicen menos de 60 horas de trabajo mensual por persona empleadora la asunción por estas últimas de las obligaciones en materia de cotización y afiliación y alta en la Seguridad Social, tal como se podía realizar hasta ahora.
Los empleadores que hubieran optado por esta fórmula debían comunicar antes de que finalizase enero a la Tesorería General de la Seguridad Social todos los datos de la relación laboral, bancarios, etc. para asumir las obligaciones de cotización.
Esta 'obligación' no parece haber tenido éxito a tenor de los datos de afiliación. Al cierre de enero, en Castilla y León hay 64 personas menos inscritas en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar que en diciembre de 2022 y en Valladolid, nueve menos. En el conjunto de España sí se ha dado un leve aumento de 1.638 inscripciones (0,4%).
En realidad, en el conjunto del país cada año hay menos afiliadas al sistema que el anterior desde 2015. En la comunidad la cifra desciende siempre desde 2014 y en Valladolid lo ha hecho en todos los ejercicios desde 2012, con la salvedad de 2017.
Las sucesivas subidas del salario mínimo y de las cotizaciones sociales han disparado el coste de una empleada de hogar a tiempo completo hasta los 1.600 euros mensuales, 133 euros más que el año pasado.
Si se echa la vista atrás, antes de 2011, el alta y la afiliación en la Seguridad Social solo era obligatoria si se trabajaban más de 72 horas al mes, en 12 días y el empleador solo tenía obligación de afiliar y cotizar por su trabajadora si estaba contratada a partir de 60 horas mensuales. En las relaciones laborales de menos horas la obligada a darse de alta y cotizar era de la propia trabajadora.
La integración de estas trabajadoras en el Régimen General, aprobada en 2011, supuso que en los siguientes 16 meses (entre enero de 2012 y abril de 2013) se produjese un incremento de 129.140 afiliaciones en el conjunto de España, hasta un total de 426.984, lo que representa un crecimiento del 43,6%, según explican desde CC OO. En Valladolid se alcanzó entonces el récord de 4.556 empleadas de hogar afiliadas al sistema (19.588 en Castilla y León).
«Afloró un tercio del empleo sumergido que existía en este sector, donde la Encuesta de Población Activa de aquel momento situaba el número de ocupados en esta actividad entre 600.000 y 700.000 personas».
La reforma del régimen de cotización de 2013 paralizó el afloramiento de empleo sumergido, y desde su aplicación el número de afiliadas se ha reducido en más de 40.000 en España, en 3.849 en Castilla y León y en 846 en Valladolid, donde a 31 de enero había 3.712 empleadas de hogar inscritas, el mínimo de la serie.
Los cambios introducidos por el Gobierno de Rajoy y vigentes hasta diciembre del año pasado permitían que las empleadas domésticas que prestan servicio menos de 60 horas al mes, pudieran 'pactar' con su empleador que la obligación de la gestión del alta en la Seguridad Social y el depósito de las cotizaciones fuese asumido por la empleada.
«Al trasladar la obligación del alta del empleador a las trabajadoras más precarias se generó una situación de enorme inseguridad jurídica tanto para éstas como para aquéllos, en los supuestos en los que dichas obligaciones no se formalizasen adecuadamente», señalan desde Comisiones.
Esta circunstancia, unida a los efectos de la crisis económica persistente, «ha tenido como consecuencia no sólo la paralización del proceso de afloramiento de empleo sumergido que se registró en 2012 sino una pérdida de empleo formal» que en España ha sido de más del 10% del total de personas afiliadas y que en numerosas provincias y autonomías ha incluso doblado dicho impacto. EnValladolid ha superado el 13% y en Castilla y León, el 16%.
La concatenación de crisis económicas, la originada por la pandemia y las ultimas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) son otros de los motivos que explican una parte de la reducción del empleo.
La última EPA estimaba en unas 560.000 personas las ocupadas en esta actividad en el conjunto del país. Con 375.000 afiliadas, el desfase es de unas 185.000 personas que trabajarían en el empleo doméstico sin dar de alta y, por tanto, sin acceso a derechos de protección social. Es decir, una de cada tres.
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