Valladolid deja huella en la salvaguarda de la Constitución

Desde el 20 de julio de 2023, Vicente Guilarte Gutiérrez preside de manera interina el Consejo General del Poder Judicial, hoy en el centro de la polémica por llevar cinco años sin renovar y que, entre otros cometidos, tiene el de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de su función. Bilbaíno de nacimiento pero intensamente vinculado a Valladolid, no en vano pertenece a una saga familiar muy imbricada en la ciudad, Guilarte estudió aquí la carrera de Derecho y ha desarrollado una amplia trayectoria docente, pues desde 1991 es catedrático de Derecho Civil en la Universidad vallisoletana. En 2013 fue nombrado vocal del CGPJ. También lo fue en ese mismo año el vallisoletano de Cuenca de Campos Gerardo Martínez Tristán, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y anteriormente, entre 2006 y 2016, presidente de esta misma Sala en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La vallisoletana María Luisa Segoviano fue noticia hace justamente un año por su nombramiento como nueva magistrada del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución Española. Pero no era la primera vez que su nombre saltaba a las portadas: si en 2006 fue nombrada magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (venía de presidir la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León), catorce años después se convertía en la primera mujer en presidir una sala del alto Tribunal.

Precisamente en el Tribunal Supremo encontramos a tres magistrados muy vinculados a Valladolid. En esta ciudad nació Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, licenciado en Derecho por la UVa, magistrado de la Sala Segunda del TS desde 2004 y hermano del ex rector de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo. También estudiaron Derecho en Valladolid dos compañeros de la misma Sala: el burgalés Pablo Llarena Conde, instructor de la causa del 'procés', y el palentino Julián Artemio Sánchez Melgar, que ejerció además como fiscal general del Estado entre diciembre de 2017 y junio de 2018. Precisamente, el actual fiscal general, el salmantino de Lumbrales Álvaro García Ortiz, también se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid.

En enero de 2022, la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, nombró fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a Manuel Martín-Granizo, vallisoletano de nacimiento que estudió Derecho en la Uva; fiscal superior de Castilla y León entre 2006 y 2015, en este último año Martín-Granizo fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo destinado a la Sección Penal.

Junto al vallisoletano Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional que actualmente instruye el caso de Tsunami Democràtic, es preciso destacar la presencia, en el Consejo de Estado, del toledano Fernando Ledesma Bartret, ministro de Justicia entre 1982 y 1988 que, además de obtener escaño en el Congreso por Valladolid en las elecciones generales de 1986 y 1989, entre 1974 y 1976 ejerció como magistrado en la Sala de lo contencioso de la Audiencia territorial de esta ciudad. De igual manera, en octubre de 2018 tomó posesión como consejera electiva del Consejo de Estado la vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que a la cartera de Presidencia sumó, en 2016, la de Administraciones Territoriales.