Unidos contra el separatismo catalán

Viene Castilla, desde hace muchos años, sufriendo en silencio toda suerte de vejámenes, ultrajes y menosprecios de elementos importantes de Cataluña, donde políticos sectarios, literatos, colectividades y periódicos que representan a aquellos parecen haberse conjurado para hacer odioso el nombre castellano, comprendiendo en este calificativo todo lo que es español». No son palabras de ayer, ni siquiera de hace unos meses o un par de años. Se trata del célebre «Mensaje de Castilla», una suerte de manifiesto regionalista publicado en El Norte de Castilla el 6 de diciembre de 1918, como respuesta airada a las ansias autonomistas catalanas.

Para entender bien el proceso es preciso retroceder cuatro años más, concretamente al momento en que se puso en marcha la llamada Mancomunidad de Cataluña, entidad descentralizadora presidida por Enric Prat de la Riba, conforme las bases aprobadas en 1913 por el Gobierno que presidía Eduardo Dato. Si aquella institución despertó significativos recelos en tierras de Castilla y León, lo acontecido en 1918 daría mucho más que hablar... y que protestar: fue entonces, en efecto, cuando se aprobaron las célebres Bases para la autonomía de Cataluña, redactadas por los consejos de la Mancomunidad y parlamentarios, e identificadas con el relevante político catalán Francesc Cambó, fundador de la Lliga Regionalista y, en ese momento, ministro de Fomento.

Dichas bases despertaron una airada reacción regionalista castellana que, a modo de agravio y reivindicación de la unidad nacional, terminaría por denominarse Mensaje de Castilla. Se fraguó a partir de la convocatoria impulsada por los presidentes de las diputaciones de Valladolid, Emilio Gómez Díez, y Burgos, Amadeo Rilova, para reunir en la ciudad del Cid una magna asamblea de presidentes provinciales dirigida a frenar el proyecto catalán. Las conclusiones más importantes no solo fueron una réplica directa a la operación catalana, sino que se convirtieron en el código regionalista castellano por excelencia.

En Cataluña, exponían los asambleístas, «se ha escarnecido nuestro hermoso idioma... se nos ha dicho que somos una raza inferior... se nos ha inculpado de ser responsables de la decadencia española por causa de nuestro imperialismo». Había llegado la hora de hablar, la hora de defender la unidad de la patria frente a un proyecto autonomista que juzgaban puro egoísmo: los políticos catalanes, continuaba el texto, disfrazaban como autonomía «la independencia absoluta», «una situación de privilegio, una hegemonía económica»; un proyecto, en definitiva, «separatista» y dirigido a «desgarrar aquella gloriosa bandera» española.

Concluía el mensaje afirmando la unidad nacional, proponiendo una amplia descentralización económico-administrativa y repudiando la obtención, por parte de cualquier provincia o región, de una autonomía que mermase el poder único y soberano de la nacionalidad española. Apoyado por una gran manifestación popular, el mensaje fue entregado al recién estrenado gabinete presidido por el conde de Romanones y, pocas horas después, al mismísimo monarca Alfonso XIII.

La filosofía última del documento, con la que, sin embargo, no estaban de acuerdo los socialistas de Castilla y León, la resumía con toda claridad El Norte de Castilla en su titular del 6 de diciembre: «Ante el problema presentado por el nacionalismo catalán, Castilla afirma la nación española».

Era lo que los castellanos y leoneses más concienciados llamaban el «regionalismo sano», reivindicación regional elaborada en buena medida contra las aspiraciones catalanas, nacida a finales del siglo XIX como respuesta de los pequeños productores trigueros a las ventajas librecambistas concedidas a Cataluña.

Era el eterno problema de los trigos castellanos, el infatigable afán proteccionista de estas tierras frente a la libertad de importación de granos que pretendían los industriales catalanes, quienes, dicho sea de paso, también recurrieron a la protección del Estado cuando la entrada de productos extranjeros amenazaba a sus intereses textiles.

El siguiente eslabón del «regionalismo sano» data de enero de 1919, de nuevo en respuesta al proyecto autonomista catalán aprobado por los diputados y parlamentarios reunidos en asamblea el día 25. Se trata de las denominadas Bases de Segovia, nacidas de una nueva reunión de diputaciones provinciales para solicitar la autonomía municipal, provincial y regional, proponer una región castellana y leonesa formada por once provincias y demandar que el catalán nunca fuese declarado lengua oficial coexistiendo con el castellano. Desde ese mismo momento, la elite intelectual de Valladolid comenzó a preparar sus armas dialécticas. Narciso Alonso Cortés, insigne escritor, licenciado en Derecho y catedrático de Literatura, no se cansaba de pedir la emancipación «del centralismo madrileño» dentro, claro está, de la unidad nacional, mientras Misael Bañuelos, catedrático de Medicina nacido en Burgos, preparaba un Estatuto para «recobrar la personalidad de autonomía de Castilla y León».

Cuando llegó la Segunda República, ambos creyeron que era el momento idóneo. Veían avanzar sin solución el «fantasma» catalán, escuchaban las arengas soberanistas de Francesc Maciá y no querían perder tiempo. En 1931, una Asamblea de Ayuntamientos reunida en Burgos daba el pistoletazo de salida a la carrera estatutaria, y enseguida, Cortés y Bañuelos presentaban su propio proyecto a la Diputación de Valladolid. Mientras el segundo proponía la creación de un partido castellanista, el polémico Óscar Pérez Solís, socialista, comunista y más tarde falangista, hablaba ya de nueve provincias en torno a la cuenca del Duero, pues «el riojano y el montañés tienen personalidad propia». Aún habría que esperar cinco años más para que dichos afanes confluyesen en un proyecto de Estatuto autonómico tristemente yugulado por la Guerra Civil.