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Cuatro años tuvieron que pasar desde la aprobación del Estatuto de Autonomía para que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo a la hora de fijar las principales sedes de autogobierno. Fue en la sesión de las Cortes regionales del 14 de diciembre de 1987, siendo presidente de Castilla y León José María Aznar, cuando PSOE y AP (excepto cuatro procuradores aliancistas) aprobaron la Ley 13/1987, de 29 de diciembre, que fija en Valladolid la sede de la Junta y de las Cortes, y en Burgos el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esta última decisión, que sin duda pretendía compensar a la capital que había albergado la sede de la preautonomía, abrió también el debate sobre la descentralización de organismos autonómicos.
La debilidad del sentimiento regional, la presión de movimientos contrarios a la configuración actual de la Autonomía, especialmente intensa en León, y las acusaciones de centralismo contra Valladolid alimentaron, en efecto, las opiniones a favor de un proceso descentralizador. La ocasión llegó con motivo de la aprobación de la figura del defensor del pueblo de la región, acordada por los grupos parlamentarios de la Comunidad -PP, PSOE, IU y CDS- en las Cortes celebradas en la iglesia de San Pablo de Valladolid en el X aniversario del Estatuto (25 de febrero de 1993). En aquel momento, el 'popular' Juan José Lucas presidía la Junta y Manuel Estella Hoyos, las Cortes. Aunque se barajaron algunas denominaciones con claras resonancias históricas («alguacil del rey», «procurador del común», «personero del común»), finalmente triunfaría el término aportado por Antonio Herreros, portavoz de Izquierda Unida, por lo que, un año después, esta vez en la iglesia zamorana de San Ildefonso, las Cortes acordaban crear la figura del «Procurador del Común».
Como señalaba este periódico, se trataba de «un comisionado de las Cortes que tendrá que esclarecer los actos y resoluciones relacionados con los ciudadanos de las distintas administraciones con sede en la región para garantizar y defender los derechos y libertades de los mismos». La pugna por albergar la sede se abrió antes incluso de la elección, en noviembre de 1994, de Manuel García Álvarez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de León, como primer procurador del Común. Aunque buena parte de la opinión política fijaba su mirada en León, otras provincias no tardaron en alzar la voz.
En Salamanca, por ejemplo, todos los grupos políticos del Ayuntamiento, que presidía el socialista Jesús Málaga, acordaron demandar la sede aduciendo la «necesidad de desconcentrar los centros de decisión regionales». Lo mismo hicieron en Zamora, donde el alcalde, Andrés Luis Calvo, también del PSOE, recordó que esa ciudad «no cuenta con ningún organismo o institución de ámbito autonómico», por lo que proponía fijar la sede en el viejo Ayuntamiento zamorano. Hasta el concejal centrista de Benavente, Jesús Saldaña, aportaba la llamada «Casa Solita» de esa localidad para albergar la nueva figura de la Comunidad.
Burgos tampoco se quedó atrás y, por boca de Valentín Niño, regidor por el Partido Popular, ofreció el Palacio de la Isla, mientras los grupos municipales de Valladolid, cuyo Ayuntamiento presidía el socialista Tomás Rodríguez Bolaños, considerando que el procurador del Común, al ser un comisionado de las Cortes, debía quedarse en tierras vallisoletanas, ofrecieron a Estella el chalet situado en la carretera de Rueda, muy cerca del Colegio de la Asunción. De hecho, en un primer momento el procurador del Común se instaló provisionalmente en el Castillo de Fuensaldaña, primera sede de las Cortes de Castilla y León.
Evidentemente, en León la oferta fue doble: Ayuntamiento y Diputación aportaron, respectivamente, la Casa del Peregrino y un palacete en la calle Independencia, si bien la Unión del Pueblo Leonés, a través de José María Rodríguez de Francisco, consideraba la petición una simple «anécdota» que demostraba, sin embargo, que la autonomía de León estaba al alcance de la mano, y demandaba, además, hacerse también con las Cortes regionales y ubicarlas en el Regimiento Almansa.
Fue, finalmente, a finales de enero de 1995 cuando, en una reunión entre el presidente de la Junta, Juan José Lucas, y el de las Cortes, Manuel Estella, con los portavoces parlamentarios regionales del PSOE -Jesús Quijano-, PP -Francisco Aguilar en sustitución de Javier León de la Riva, que no asistió por motivos de agenda aunque públicamente se había mostrado favorable a la sede vallisoletana-, CDS -Daniel de Fernando- e IU -Antonio Herreros-, se acordó ubicar la sede del procurador del Común en León. De Fernando prefirió abstenerse porque entendía que Valladolid seguía siendo la mejor opción. Poco después, el alcalde de León, Juan Morano, anunciaba que el Ayuntamiento ofrecía la Casa del Peregrino, junto al Convento de San Marcos, que ha funcionado como sede del procurador del Común hasta el año 2012. Actualmente se encuentra en el número 4 de la calle Sierra Pambley.
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Jon Garay y Gonzalo de las Heras
Equipo de Pantallas, Leticia Aróstegui, Oskar Belategui, Borja Crespo, Rosa Palo, Iker Cortés | Madrid, Boquerini, Carlos G. Fernández y Mikel Labastida
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