La polémica santidad de Isabel la Católica

«La causa y el proceso de beatificación de Isabel la Católica han concluido. La elevación de esta Reina a los altares queda pendiente de la decisión del Vaticano». Aquella portada de El Norte de Castilla de hace 50 años era concluyente: el Arzobispado de Valladolid había cumplido con su cometido de recopilar toda la información que probara la santidad de la reina católica, por lo que la piedra estaba en el tejado de las máximas autoridades vaticanas en la materia. Y lo más importante: el ambiente que se respiraba en la ciudad era optimista. Es más, aquel mes de noviembre de 1972 no eran pocos los que aventuraban que el Vaticano se rendiría ante los 27 tomos enviados por la diócesis vallisoletana, por lo que, en aproximadamente cinco años, la reina Isabel I sería elevada a los altares. Estaban equivocados.

Lanzada la idea en los años 20 del pasado siglo, en plena Dictadura de Primo de Rivera, y retomada en 1951 por el ministro de Educación franquista, José Ibáñez Martín, fue el arzobispo de Valladolid, José García Goldáraz, quien tomó el testigo en 1957. Y es que a él le correspondía iniciar la causa de beatificación al haber muerto la reina en Medina del Campo, localidad de la Archidiócesis vallisoletana. El mismo García Goldáraz lo planteó en el Vaticano durante la pertinente visita «ad limina», encontrando, según su propio testimonio, buena disposición en la Sagrada Congregación de los Ritos, que era la encargada de estas cuestiones. El proceso se activó pronto. Tras designar a los miembros de la comisión encargada de recabar toda la información necesaria, el prelado nombraría un tribunal diocesano. En caso de que éste fuera favorable, se enviaría toda la documentación a la Sección Histórica de la Congregación de los Ritos y ésta, después de varios años de estudio, informaría al Papa.

Ya entonces trascendió a la opinión pública que no solo en España, sino también en Hispanoamérica y hasta en Filipinas, se habían multiplicado las misivas rogando la santidad para Isabel I, así como las estampas con su efigie, acompañadas de novenas piadosas pidiendo a Dios «su elevación a los altares». Además de demostrar «su vida integérrima de mujer cristiana como hija, hermana, esposa y reina, y sus virtudes casi heroicas» que, según el arzobispo, la habían hecho pasar a la posteridad como «Católica», era necesario demostrar que había protagonizado al menos dos milagros, suficientemente probados, realizados por Dios con su intercesión.

Vicente Rodríguez Valencia, canónigo bibliotecario de la Catedral, fue nombrado postulador de la causa. Poco después, en 1958, se formó una comisión histórica con quince especialistas para investigar en archivos locales y nacionales, así como en bibliotecas públicas y privadas, cuyos principales exponentes eran Antonio de la Torre y del Cerro, catedrático jubilado de Historia de España de la Universidad de Madrid, su colega Antonio Rumeu de Armas, y el catedrático de Valladolid, y futuro rector, Luis Suárez Fernández. Para sustituir a De la Torre, fallecido en 1966, se designó al obispo de Ciudad Rodrigo, Demetrio Mansilla; a su vez, Rumeu dimitió en 1970 y fue sustituido por el P. Quintín Aldea Vaquero.

Su trabajo fue laborioso. Examinaron más de 100.000 documentos procedentes de numerosos archivos y bibliotecas, escogieron 7.000 y, de estos, 3.160 para enviarlos al Vaticano. El tribunal diocesano, por su parte, quedó constituido en noviembre de 1971 en la capilla del Museo Nacional de Escultura: presidente, José García Goldáraz, arzobispo dimisionario de Valladolid; juez adjunto y vicepresidente, Modesto Herrero, vicario general; juez adjunto segundo, José Rodríguez González, tesorero de la curia diocesana; juez sustituto, Ángel Sánchez Martín, maestrescuela; promotor de la fe, Moisés Lafuente, chantre; notario actuario, Félix López Zarzuelo; notario adjunto, Sebastián Centeno; postulador, Vicente Rodríguez Valencia; y cursor, Celestino González.

Como argumentos más relevantes para la beatificación de Isabel I, los historiadores destacaron virtudes cristianas como no ensañarse con los vencidos tras la conquista de Granada, la generosidad y el respeto a la vida y las haciendas de los esclavos, la preocupación por aspectos humanitarios durante dicha contienda, la negativa a utilizar la riqueza de iglesias y monasterios para financiar la guerra, y su implicación tanto en la organización eclesiástica del reino de Granada como en la reforma del episcopado de Castilla. Sobre el polémico asunto de la expulsión de los judíos de España, Suárez Fernández argumentó que Isabel no quería perseguir a los miembros del pueblo de Israel, sino «lograr que todos acertasen a encontrar la verdad de que ella estaba convencida». Concluían, pues, que no había en la vida de la reina un solo acto, público o privado, que no estuviera inspirado en criterios cristianos o evangélicos. A lo dicho se añadirán dos curaciones presuntamente milagrosas: la de un sacerdote con un tumor cerebral y la de un joven con cáncer de pulmón.

El proceso concluyó a mediados de noviembre de 1972, hace ahora 50 años, con el envío al Vaticano de toda la documentación en 27 volúmenes. El ambiente era de pleno optimismo. Pensaban que en cuatro o cinco años, la opinión vaticana se decantaría en favor de la beatificación de la reina castellana. Pero no fue así. En 1991, a pocos meses de los fastos del V Centenario del Descubrimiento de América, el gobierno de España anunció al arzobispo de Valladolid, José Delicado Baeza, la necesidad de tomarse «el tiempo necesario para reflexionar sobre algunos aspectos de la cuestión», en referencia, quizás, a asuntos polémicos como la expulsión de los judíos y la creación del Tribunal de la Inquisición.

Aunque en marzo de 2002 la Conferencia Episcopal acordó, con un tercio de los votos en contra, retomar el proceso, en septiembre de ese mismo año monseñor Flavio Capucci, postulador oficial de la canonización del fundador del Opus Dei, Jose María Escrivá de Balaguer, anunció que el Vaticano lo había paralizado «por los problemas que causaría entre varios sectores de la Iglesia la subida a los altares de la reina», además de no haber demostrado la existencia de devoción popular en torno a ella. Sin embargo, a principios de este 2022, el sacerdote José Luis Rubio Willen, responsable de la Comisión para la Beatificación y la Canonización de Isabel la Católica, aseguró que la causa ya está en el Vaticano y que solo está esperando a que el Papa Francisco «vea la oportunidad de su beatificación».

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