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Hace unos días fue noticia por las continuas quejas de unos vecinos hartos de convivir, según sus propias palabras, con «el trapicheo y la suciedad». No es ni mucho menos algo novedoso en el '29 de Octubre', un barrio que hace 20 años estaba en boca de todos los vallisoletanos por ser, en aquel momento, uno de los focos más importantes y problemáticos de la droga. Núcleo fundamental de los Pajarillos Bajos, ya en sus orígenes llamó la atención por la pobreza de sus materiales y las numerosas deficiencias de sus viviendas y calles.
El contexto de su construcción, a partir de los años 50 del pasado siglo, está directamente relacionado con la escasez de viviendas en las zonas más humildes de la ciudad, consecuencia a su vez del éxodo rural motivado por la necesidad de mano de obra asociada al desarrollo industrial. Según datos de la propia Organización Sindical franquista, que pueden consultarse en el Archivo Histórico Provincial, las necesidades de vivienda en aquellos momentos se cifraban, solo en la capital vallisoletana, en cerca de 7.000.
Para paliar en lo posible este problema, el Régimen se sirvió tanto del Ministerio de la Vivienda como de la Organización Sindical. Se trataba de construir viviendas de protección oficial y de renta limitada que dieran lugar a populosas barriadas. En Valladolid, el decreto de 19 de octubre de 1956 encomendaba al Ministerio la construcción de 1.200 viviendas amparándose en la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954.
El Ayuntamiento, presidido en ese momento por José González Regueral (1949-1957), al que muy pronto sustituiría José Luis Gutiérrez Semprún (1957-1961), adquirió algo más de 5 hectáreas en Pajarillos Bajos a un precio muy barato -3.897.000 pesetas-, ya que, además de encontrarse en la periferia, estaba tipificado como no edificable. Se trataba de cederlo al Instituto Nacional de la Vivienda para construir en torno a 600 viviendas, económicas y simples, divididas en 95 bloques. Las obras, que comenzaron en 1960, costaron un total de 46,2 millones de pesetas, de las que 44,2 fueron aportadas por el INV. Como señalaba este periódico, el nuevo polígono de viviendas ocuparía un terreno que fue «eras de los Ingleses y huertas próximas, muy inmediato al río Esgueva, en la carretera de Villabáñez, inmediato también a la línea del ferrocarril, entre la carretera de San Isidro y la Pilarica».
El nombre del barrio no era inocente, pues conmemoraba la fecha de creación de la Falange en 1933. Lo mismo cabe decir de la inauguración oficial, verificada el 18 de julio de 1964, pues cumplía tanto con el recuerdo celebrativo del día en que tuvo lugar la sublevación militar contra la República, como con los eventos propagandísticos de los «25 Años de Paz». Fueron al final 570 viviendas caracterizadas por la pobreza de los materiales, la extrema humildad de su disposición interna y la ausencia de dotaciones. De hecho, el precio de cada una era de tan solo 71.300 pesetas.
Especialistas como Basilio Calderón, Luis Pastor, Henar Álvarez, José Luis García Cuesta y Juan Luis de las Rivas califican la barriada del 29 de Octubre, tal y como fue configurada, como una especie de «suburbio programado» y claramente marginal, muy marcado por la cansina monotonía de su ordenación urbanística y la pobreza de los materiales de construcción. La mayoría de las viviendas era de 48 metros cuadrados (420), y las más grandes no rebasaban los 55. Los materiales originarios eran tan pobres, que enseguida afloraron desperfectos y quejas por goteras, humedades, deficiencias eléctricas, etc.
La nueva barriada tampoco destacaba por las calidad y cantidad de los equipamientos. Ya el día de su inauguración, El Norte de Castilla señalaba, como aspectos más relevantes, la existencia de cinco tiendas y dos centros escolares (el 'Santiago López', clausurado en 2002, y el CEIP 'Cristóbal Colón'), suficientes estos para los 480 niños residentes en aquel momento en el barrio. Hubo que esperar más tiempo para que se construyera la parroquia de San Ignacio de Loyola.
Como era preceptivo, el 6 de noviembre de 1964 se procedió a la asignación, por sorteo, de las viviendas entre los colectivos más humildes. 67 fueron adjudicadas a familias numerosas, 61 a traslados forzosos, 39 a familias que vivían en hogares insalubres, 103 a realquilados, 38 a residentes en chabolas o cuevas, 128 a víctimas de desahucios, 41 a nuevos matrimonios y 36 a «casos generales». Un mes antes, el Ayuntamiento había hecho público el nombre de sus calles: «Águila, Albatros, Calandria, Canario, Cigüeña, Cisne, Codorniz, Colibrí, Cóndor, Cuclillo, Catean, Garza, Gavilán, Gaviota, Gorrión, Grulla, Guacamayo, Halcón, Marabú, Milano, Oropéndola, Paloma, Papagayo, Pavo Real, Pelícano, Perdiz, Periquito y Zorzal».
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Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
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