El cronista
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Las circunstancias de la muerte, el pasado sábado, de Sergio Delgado en la capital burgalesa, víctima de una brutal agresión por parte de un joven de 23 años que, presuntamente, le habría recriminado su condición de vallisoletano, ha reabierto el debate sobre las rivalidades interprovinciales. Ciertamente, este terrible suceso no deja de ser un caso aislado y claramente excepcional, por muy tensas que hayan sido las relaciones entre Valladolid y Burgos a partir, sobre todo, de la etapa autonómica. Una rivalidad circunscrita inicialmente a las elites políticas aunque transferida progresivamente al conjunto de la sociedad, y que solo ha tenido una expresión violenta en los campos de fútbol con ocasión del derbi regional, como ha recordado no hace mucho, en este mismo periódico, J.C. Cristóbal. Basta recordar, por ejemplo, la reciente denuncia remitida por la Liga Nacional de Fútbol Profesional al Comité de Competición de la Federación y a la Comisión de Antiviolencia por los cánticos que se escucharon en el último derbi disputado en el estadio El Plantío entre el Burgos y el Real Valladolid. Y es que los eslóganes «Puta Burgos» y «Puta Pucela», tristemente conocidos, suelen ser utilizados entre las hinchadas ultras de ambos equipos.
El sentimiento de agravio contra el «centralismo vallisoletano» fue calando en parte de la sociedad burgalesa -al igual que en León y Segovia, fundamentalmente-, a partir de la creación y desarrollo de la Comunidad Autónoma (1983), y su expresión ha sido, en todo caso, mayoritariamente reivindicativa y pacífica. El origen hay que buscarlo en el momento de la aprobación en Salamanca, el 27 de junio de 1981, del proyecto de Estatuto de Autonomía castellano y leonés, forjado por una mayoría política perteneciente a la Unión de Centro Democrático (UCD), partido entonces gobernante, y elevado inmediatamente a las Cortes Generales. Hay que tener en cuenta que todavía la sede de la preautonomía -Consejo General de Castilla y León- se encontraba en el Palacio burgalés de la Isla, circunstancia que muchos avalaban por haber sido Burgos, precisamente, el lugar de origen del Reino castellano («Burgos cabeza de Castilla»), y que burgaleses fueron, además, los dos presidentes preautonómicos, Juan Manuel Reol Tejada y José Manuel García-Verdugo.
Así las cosas, la tramitación del Estatuto como Ley Orgánica vino salpicada por un buen número de dificultades, la mayoría relacionadas con la crisis de la UCD y la reorganización de la derecha política en la región, que se tradujeron en los intentos secesionistas procedentes de Burgos y León y, sobre todo, en la difícil resolución del problema de Segovia. En el caso burgalés, la inclusión en el borrador del Estatuto de un artículo que establecía en la villa de Tordesillas la sede de las instituciones de la Comunidad Autónoma fue rechazada radicalmente por los colectivos regionalistas, aspirantes a la capitalidad y recelosos de la aparición de un nuevo centralismo vallisoletano. La protesta se canalizó sobre todo a través de una «Junta pro Burgos Cabeza de Castilla» liderada por José María Codón Fernández, presidente de la Caja de Ahorros del Círculo Católico, y el alcalde, José María Peña San Martín, militantes ambos de UCD, y contó con el apoyo de muchas instituciones de la provincia. La Junta organizó varias movilizaciones ciudadanas, en ocasiones tan masivas como la que el 26 de junio de 1981 reunió a 20.000 manifestantes. Atrás quedaron, en efecto, aquellas otras manifestaciones favorables a «Castilla y León», como la celebrada en marzo de 1978 por las calles de la capital, que llegó a congregar a más de 4.000 burgaleses.
Con el fin de conseguir la creación de una Comunidad Autónoma que abarcara exclusivamente a las provincias de Castilla la Vieja y que tuviera su sede en la capital burgalesa, consiguieron atraer a los representantes de Alianza Popular en la provincia y que el Ayuntamiento de Villadiego anulara, el 5 de mayo de 1982, su anterior acuerdo de adhesión a la iniciativa autonómica, aunque fracasaron en su intento de extender significativamente esa estrategia. En enero de 1983, la Junta burgalesa promovió una amplia manifestación solicitando al Gobierno y a las Cortes españolas la reconstrucción de una autonomía castellana con las seis provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Santander, Segovia y Soria; Valladolid quedaría fuera y Palencia podría incorporarse «si se sentía castellana». Sólo la intervención del presidente del Consejo General, el burgalés José Manuel García-Verdugo, pudo contener el problema.
Aun así, el sentimiento de agravio ya había calado socialmente, y las acusaciones contra el «centralismo castellano» se redoblaron cuando el primer ejecutivo autonómico, presidido por el socialista Demetrio Madrid, decidió ubicar en Valladolid las sedes de la Junta y de las Cortes. El acuerdo fue recurrido entonces por las autoridades locales, parlamentarios de Alianza Popular y Junta pro-Burgos, siendo desestimado primero por la Audiencia Territorial de Burgos (1985) y definitivamente, en 1988, por el Tribunal Supremo. Desde entonces, las pintadas de «Puta Pucela» y «Puta Valladolid», frecuentes entre los ultras de fútbol con ocasión de los derbis regionales, aparecían a veces en las calles, aunque de manera aislada. Así lo denunciaba, por ejemplo, un lector del 'Diario de Burgos' en junio de 1992, con ocasión de la dimisión del alcalde Peña, y otro ciudadano burgalés en El Norte de Castilla en septiembre de 2009, cuando el entonces regidor de Valladolid, Javier León de la Riva, expresó públicamente sus deseos de que Cantabria fuera elegida Capital Cultural 2016, condición a la que también aspiraba Burgos.
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Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
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