El manicomio del Monasterio de Prado

Según las crónicas del momento, el incendio fue terrible. Ocurrió el 6 de julio de 1898 y dejó prácticamente en ruina el histórico y bello palacio situado en el número 11 de la calle de Alonso Pesquera, más conocido como Casa del Cordón y destinado desde 1847 a Manicomio Provincial. Los destrozos fueron de tal envergadura, que las principales autoridades de la ciudad se vieron obligadas a buscar una rápida alternativa para albergar a los ochocientos enfermos mentales -«enajenados», se decía entonces- establecidos en el edificio.

Claro que Valladolid contaba con un aliado de excepción: el ministro de Fomento Germán Gamazo y Calvo, quien no tardó en solicitar -y conseguir- del Consejo de Ministros la cesión del antiguo monasterio de jerónimos de Nuestra Señora de Prado a la Diputación para instalar en el mismo el Manicomio provincial. No conviene olvidar que en 1868, las funciones directivas y supervisoras del sector benéfico habían sido transferidas por el gobierno a los Ayuntamientos y Diputaciones, de ahí que fuera la institución provincial la encargada de gestionar un centro que, en aquel momento, se asimilaba a la actividad caritativa y benéfica antes que a la propiamente sanitaria.

Lo cierto es que el histórico edificio que hoy alberga las Consejerías de Educación y Cultura y Turismo, declarado Monumento Nacional por Real Orden de 14 de agosto de 1877, había ejercido hasta entonces otras funciones que nada tenían que ver con la originaria. Suprimido como convento de religiosos el 29 de enero de 1821 por decreto de las Cortes de 1 de octubre del año anterior, treinta años después comenzó a funcionar como presidio correccional, hasta el extremo de contar con su propio cementerio de reclusos, construido en la cuesta contigua. Y así siguió -salvo un breve paréntesis entre 1872 y 1879- cuando el fuego destrozó parte de la Casa del Cordón.

Gracias a las gestiones de Gamazo se aprobó una Real Orden, fechada el 27 de julio de 1898, por la que el ex convento dejaba de depender del Ministerio de Gracia y Justicia para ser restituido a la Comisión Provincial de Monumentos, lo que obligó a trasladar a los reclusos a los presidios de Burgos, Granada, Ocaña, San Agustín de Valencia, Zaragoza y Chinchilla. El acta de entrega solemne a la Diputación, presidida entonces por García Lorenzo Montalvo, se firmó el 1 de octubre de 1898. Esa misma tarde, la madre superiora de las Hijas de la Caridad, encargadas de su gestión, recibió formalmente las llaves del nuevo Manicomio Provincial. Era, según El Norte de Castilla, la salvación para «más de ochocientos alienados procedentes de gran número de provincias».

Las obras de reparación y acomodación del inmueble comenzaron al día siguiente. El Norte de Castilla describió con detalle la estructura del nuevo «asilo del pobre enajenado (...), mansión respetabilísima del sufrimiento y de la caridad». Regido por la estricta «separación de sexos», tendría un primer patio destinado a los «pensionistas», holgados salones destinados a dormitorios y comedor, amplios espacios para paseos, y departamentos especiales «para los pensionistas a quienes se llama agitados», con suelo de corcho «según recomiendan los procedimientos científicos modernos».

En la parte comprendida en el segundo patio se instalarían «los dementes del sexo masculino que no pagan pensión», mientras que «las locas llamadas furiosas ocuparán el patio llamado de Bulas, y el conocido con el nombre de Herrera las más tranquilas». El sanatorio ocuparía la parte alta, fuera ya del edificio, mientras que cocinas, lavaderos, tendederos y «una sección de hidroterapia» quedarían emplazados en el antiguo «patio de formación». Había entonces 78 personas entre empleados y Hermanas de la Caridad, encabezadas estas por la superiora Ángela Mendivil, tres médicos (Ramiro Valdivieso, Julián Casas y Francisco Sisniega) y un administrador (Joaquín Pérez). Los primeros directores fueron Anselmo Cortijo y Federico Resino.

Las obras más urgentes consistieron en mejorar la distribución de agua, sustituir los quinqués de petróleo por luz eléctrica y, ya en las primeras décadas del siglo XX, instalar la calefacción general. Había «pensionistas de primera, segunda y tercera clase», mientras que los pobres podían mejorar su estancia pagando una peseta diaria y, de esta manera, ser considerados «pensionistas de tercera clase en cuanto a alimentación». Al Manicomio Provincial se podía llegar bien por petición de los familiares bien por auto judicial o gubernativo. El vallisoletano, de hecho, albergaba a enfermos mentales procedentes de varias provincias (Álava, Burgos, Guipúzcoa, Oviedo, Santander, Segovia, Vizcaya, Zamora y, por supuesto, Valladolid), cuyas instituciones pagaban 1,25 pesetas al día y 40 por derechos de entrada por cada uno.

Aunque la situación de los asilados comenzó a mejorar a finales del XIX, lo cierto es que las condiciones de los manicomios en España dejaban mucho que desear. Además de seguir anclados en el viejo ideario de caridad y reclusión casi perpetua de personas consideradas peligrosas, hasta los años 70 del pasado siglo eran frecuentes tratamientos crueles como las camisas de fuerza, los electroshocks, las lobotomías y los chorros de agua fría. Este periódico, por ejemplo, no tardó en sacar a la luz escándalos de maltrato por parte de los enfermeros y del propio director, el citado Resino, a quien también se abrió expediente por repartir garbanzos de mala calidad entre los enfermos y quedarse con parte de su dinero. El Monasterio de Prado se abandonó en 1975 al inaugurarse el Hospital Psiquiátrico Doctor Villacián. Catorce años después era transferido a la Junta de Castilla y León para instalar en él la Consejería de Educación y Cultura.

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