El hombre que desactivó el golpe en Valladolid

«Sobre las seis y veinticinco de la tarde del día 23 de febrero, encontrándome en mi domicilio de Capitanía, mi esposa me dijo le había llamado un amigo de Madrid diciéndole que en el Congreso había tiros y que pusiéramos la radio. En un transistor oímos las primeras noticias sobre el asalto al Congreso. De modo inmediato llamé por teléfono de la RTM al general jefe de EM del Ejército, el cual me contestó no tenía más noticias, en ese momento, que las que estábamos oyendo por radio; que me llamaría tan pronto tuviese alguna noticia más». Es un extracto de la declaración del capitán general de la VII Región Militar con sede en Valladolid, Ángel Campano López, durante el juicio por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, recogida por el historiador Roberto Muñoz Bolaños.

Hoy sabemos, sin embargo, que lo dicho por Campano no era cierto. Aquel fatídico día, como ha escrito Muñoz Bolaños, el teniente general valoró la posibilidad de secundar a los golpistas, hasta el extremo de mantener una estrecha comunicación con Jaime Milans del Bosch, que había sacado los tanques en Valencia y le instaba a publicar su mismo bando para declarar el Estado de Guerra. Es más, por orden del jefe del Regimiento de Farnesio, Gonzalo Navarro Figueroa, en el destacamento del Pinar de Antequera permanecían preparados los tanques y en el de la carretera de Madrid, los vehículos ligueros, a la espera de la decisión de Campano.

Sus subordinados, sin embargo, eran contrarios al golpe. El gobernador militar, Manuel María Mejías, el jefe de Estado Mayor, Rafael Gómez Rico y el coronel auditor, Virgilio Peña, fueron piezas fundamentales a la hora de decantar la VII Región Militar del lado del orden constitucional. Testimonios diversos, sobre todo lo escrito en 2009 por Carlos Gallego, parecen confirmar el papel providencial de Virgilio Peña en aquellos momentos tan tensos, hasta el extremo de conseguir desactivar toda proclividad golpista en Capitanía.

Calificado por quienes lo conocieron como un hombre íntegro y riguroso, humilde y, sobre todo, leal, Virgilio Peña Peña había nacido en Santiago de Compostela el 8 de julio de 1924. Estudió Filosofía y Letras y Derecho, disciplina en la que se doctoró, y en 1946 ingresó por oposición en el cuerpo jurídico militar como alférez eventual de complemento procedente de las Milicias Universitarias. Su primer destino fue la fiscalía de la VI Región Militar, con sede en Burgos. Un año después, concretamente en julio de 1947, llegaba a Valladolid como teniente auditor de la VII Región Militar.

Fue además profesor de las Cátedras de Derecho Administrativo y Derecho Político de la Universidad vallisoletana, y director de la emisora «Radio Valladolid», hoy Cadena SER, entre 1963 y 1976. Ya entonces se había significado por una serie de conferencias en las que sostenía el carácter constitucional de las Leyes Fundamentales del Régimen franquista. Luego, en plena Transición, fue ascendido a coronel auditor, actuó como asesor jurídico de la Policía Nacional y, con Agustín Rodríguez Sahagún al frente del Ministerio de Defensa, se le incluyó como auditor en la Comisión para el estudio de la reforma de la Justicia Militar. Era diciembre de 1980 y el panorama político se desangraba por la crisis de UCD, el desgaste del presidente Suárez y la terrible cadena de atentados terroristas de ETA. El ruido de sables era casi ensordecedor.

El papel de Virgilio Peña resultó crucial la noche del 23-F en Valladolid. Como señala Carlos Gallego en su artículo, publicado con motivo de su fallecimiento, fue llamado por el propio Campano para que le informara sobre el bando que le acababa de enviar desde Valencia el capitán general, Jaime Milans del Bosch, suspendiendo el orden constitucional. Como Milans le insistiese en que secundara su ejemplo, Campano decidió encerrarse en su despacho con el auditor militar, el coronel Virgilio Peña, y el jefe del Estado Mayor de la Capitanía, el coronel de Caballería Rafael Gómez Rico, pues la Ley 45/59 de 30 de julio, de Orden Público, exigía la presencia del auditor militar para la proclamación del Estado de Guerra.

Fue en ese momento cuando Peña alertó a Campano de las «gravísimas irregularidades jurídicas que concurrían en el bando y se extendió sobre los obstáculos técnicos que lo hacían inviable», además de aconsejarle que esperarse a que se pronunciara el Rey y que escuchase al teniente general Gabeiras, escribe Gallego. El veredicto de Peña, unido a la actitud de sus otros subordinados, nada proclives al golpe, y a los consejos de su familia, disuadieron a Campano de seguir los pasos de Milans. Es más, según Gallego, éste despachó el dictamen de Peña con la frase, tan castiza como significativa: «Los jurídicos no hacéis más que joder».

Peña vería reconocidos sus méritos con los ascensos a general jefe auditor de la IV Capitanía General (1983) y general consejero togado y vicesecretario general técnico del Ministerio de Defensa (1986). A finales de 1987, siendo ministro de Defensa el socialista Narcís Serra, fue nombrado asesor jurídico del Ministerio, contribuyendo a la reforma de la justicia y de la jurisdicción militares. Como indica Estanislao Cantero, Peña contribuyó a la unificación de los tres Cuerpos Jurídicos: del Ejército, de la Armada y del Ejército del Aire, así como a la creación de la Sala Quinta, de lo Militar, en el Tribunal Supremo.

Fallecido el 23 de noviembre de 2008, cuando en julio de 1989, por razones de edad, pasó a la situación de segunda reserva, estaba en posesión de la Gran Cruz de San Hermenegildo (1983), la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco (1986), la Cruz de la Orden de San Raimundo Peñafort (1986), y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco (1989).

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