Cuando la guerra de los tractores colapsó Valladolid

El primer aviso lo dio una asamblea celebrada el 20 de febrero de 1977 en las canteras de Rodezno, en la localidad riojana de Haro. Allí se oyeron voces contra la caída del precio de la patata, los cereales y la remolacha, quejas por el brusco incremento de los costes de producción, y lamentos por la sequía que afligía al agro, todo ello en un contexto de expectación generada por el proceso de reforma política que estaba acometiendo el primer gobierno de Adolfo Suárez. Las Uniones de Agricultores y Ganaderos, una suerte de fuerza sindical unitaria alternativa a los cauces oficiales, impulsaron las primeras tractoradas en Logroño, expandidas rápidamente a León, Burgos y Álava y, seguidamente, a toda España. Hasta 80.000 tractores salieron a las carreteras en quince días. 9.000 en Navarra, 13.000 en Cataluña, 15.000 en Aragón, 30.000 en Castilla y León… El movimiento se extendió por Valencia, Murcia, Cáceres, Badajoz, Albacete, Ciudad Real y Cornisa Cantábrica. 28 provincias en total.

La tractorada vallisoletana comenzó a organizarse algo más tarde por miembros que ocupaban cargos representativos en las instancias sindicales oficiales. Según El Norte de Castilla, fue Mariano Vázquez de Prada, presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, entidad creada dentro Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA), el primer impulsor de la tractorada. También se sumarían la Asociación Empresarial Provincial Agraria, igualmente conservadora, y las más izquierdistas Comisiones Campesinas y Movimiento Campesino de Base, que más tarde se unirían en la Unión Campesina de Valladolid, y la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT. El 28 de febrero, 6.000 tractores se concentraban en Becilla de Valderaduey, Medina de Rioseco, Villardefrades, Tordesillas, Alcazarén, Portillo, Quintanilla de Onésimo, Alaejos y Valladolid, con el consiguiente bloqueo de las carreteras.

Reclamaban «Rentabilidad y Seguridad Social», «Precios justos y razonables» para los principales productos agrarios (el trigo hasta 14,50 pesetas y la cebada hasta 11 pesetas, por ejemplo), y mejores cauces representativos. En el seno del movimiento no tardaron en surgir las dos tendencias previsibles: la de quienes, desde dentro de los organismos oficiales, pedían esperar al resultado de las negociaciones de sus representantes con el Gobierno, y la de los que proponían nombrar dos representantes por pueblo para, en el caso de que en 24 horas no se hubiese llegado a una solución, actuar al margen de la COSA.

La tractorada alentó diversas asambleas que darían como fruto la creación de la Coordinadora Regional de Organizaciones Campesinas de Castilla y León, impulsada por la Unión de Campesinos Zamoranos como medio de afianzar un sindicato «unitario, independiente, campesino y asambleario». El gobierno nacional parecía sobrepasado: el Ministerio de Agricultura, con Fernando Abril Martorell a la cabeza, decía comprender y atender las reivindicaciones, mientras que su colega de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, ordenaba disolver a los manifestantes, aunque fuera por la fuerza.

Las cargas policiales comenzaron en Valladolid el 1 de marzo de 1977: agentes de orden público se emplearon a fondo en Tordesillas, Villardefrades, Alcazarén, Arrabal de Portillo y Medina de Rioseco, desbloqueando las carreteras y deteniendo a Mariano y Ciriaco Vázquez de Prada, este último presidente de la COSA de Valladolid, a Pedro Vázquez de Prada, presidente de la Caja Rural, a Ruperto Martín García, presidente de la Hermandad de Muriel de Zapardiel, y a Ángel Fernández Pérez, campesino de Medina de Rioseco y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra, de UGT.

La «guerra de los tractores» provocó la solidaridad de colectivos diversos, como el PSOE, la UGT, Alianza Popular, el PCE, el PTE, la ORT, la Asociación de Mujeres Trabajadoras, alumnos de INEA, estudiantes universitarios y varios medios de comunicación, incluido El Norte de Castilla, que en su editorial del 2 de marzo de 1977 decía comprender las razones que habían conducido a las protestas, en especial los «precios agrícolas realmente ridículos cuando se los compara a los que tiene que pagar el consumidor por esos mismos productos», el derecho de los trabajadores del campo a las prestaciones de la Seguridad Social y «la conciencia de que las Cámaras y los organismos sindicales no les representan en absoluto o por lo menos son totalmente ineficaces». Una vez desconvocada la tractorada el 5 de marzo por entender la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) que el Consejo de Ministros del día anterior había recogido la esencia de sus reivindicaciones, el movimiento supuso el reconocimiento público de la COAG y el final, por inoperativo, del entramado sindical franquista.