La gran estafa del Banco Peninsular Hipotecario de Valladolid

Aunque llevaba el mismo nombre que el creado en Madrid en 1862, este Banco Peninsular Hipotecario poco tenía que ver con aquel. Había visto la luz en 1919 como Sociedad Cooperativa y desde su sede central, establecida en el número 26 de la madrileña calle Arenal, comenzó a expandirse por diversas capitales (Ávila, Toledo, Albacete, Motril, Sevilla, Zaragoza, Logroño, Cádiz, Granada, etc.). Las primeras noticias en nuestra ciudad comenzaron a circular en mayo de 1922. Fue entonces, en efecto, cuando un imponente anuncio en El Norte de Castilla desvelaba la composición de su Consejo de Administración, en el que figuraban algunos de los hombres más poderosos e influyentes del momento. Al ex senador Luis Antonio Conde Rodríguez (presidente), le acompañaban como consejeros el farmacéutico Martín Santos Pérez, Pedro Vallejo García (almacenista y propietario), Ricardo Gutiérrez Galván (doctor en Farmacia), Pantaleón Muñoz (industrial), Ildefonso Lozano Fernández (doctor en Medicina) y, como abogado asesor, el diputado en Cortes Enrique Gavilán Almuzara.

Pero muy pronto algo comenzó a chirriar en la opinión pública: a los pocos días de publicar el anuncio, los arriba mentados escribían a El Norte de Castilla desmintiendo que formaran parte de la nueva entidad bancaria. Al frente de la misma figuró únicamente, tal y como aparece en la Guía de Valladolid de 1922, Fernando Bravo Carrero como director. La sede abrió sus puertas, oficialmente, a finales de enero de 1923, después de la visita a los accionistas del director general, Gabriel Piñana Secades, acompañado de Manuel Martín Luque, jefe de la asesoría. Los anuncios se fueron sucediendo en la prensa hasta el mes de julio, cuando un extraño silencio se apoderó del Banco. Poco antes, el periódico daba cuenta de una reunión de numerosos accionistas y suscriptores en el Círculo Mercantil para «estudiar las actuaciones que en lo sucesivo han de seguir en relación con dicha entidad». ¿Qué había sucedido?

La noticia no tardó en saltar en la prensa nacional. La entidad se había visto obligada a cerrar por desahucio formulado por Antonio Vallejo, dueño de la casa donde tenía su sede, debido a que no se le pagaba la renta convenida. Para colmo, desde mediados de 1924 comenzaron a sucederse denuncias de particulares y empresas a quienes no se les pagaba lo adeudado. Muchos industriales servían géneros a clientes del Banco pero luego, a la hora de poner los vales al cobro, no percibían el efectivo metálico. Además, numerosos empleados, delegados y consejeros de diversas provincias, a quienes antes de acceder al cargo obligaban a depositar una fianza cuantiosa (desde las 2.000 a las 20.000 pesetas) y a suscribir determinado número de acciones, no podían rescatar su dinero en caso de ser cesados o de renunciar al puesto. Cuando en octubre de 1924 el presidente del Consejo de Administración, acompañado del director gerente, precedieron a revisar las cuentas, se encontraron con que no era posible justificar la inversión de 90.000 pesetas que, supuestamente, había realizado Piñana.

Más de 20 denuncias se acumularon entre octubre y noviembre de 1924. Solo en la provincia de Valladolid, la estafa superaba las 225.000 pesetas. El juez encargado de la causa, José Álvarez Rodríguez, dictó auto de procesamiento contra Piñana, su padre político, Joaquín de Miguel, el empleado Francisco Lucas y los consejeros -y hermanos- Eduardo y Fernando Bravo Carrero, a quienes mandó ingresar sin fianza en la Cárcel Modelo. A finales de abril de 1925, el Boletín Oficial de la Provincia anunciaba la subasta de los bienes embargados en Valladolid al Banco Peninsular Hipotecario, valorados en 1.354 pesetas y consistentes en tres máquinas de escribir, otra de calcular estropeada, dos mesitas y un cierre de persiana. Todavía en enero de 1929, Piñana se tenía que enfrentar a una nueva causa judicial por denuncia interpuesta en nuestra ciudad por Enrique Vicente.