La estafa de los ataúdes

Hace algo más de un año por estas fechas dediqué uno de estos comentarios a recordar cómo eran los entierros y los funerales en 2022 y cuánto se diferenciaban de los de mediados del siglo pasado. En aquel viejo artículo hablaba de la grandísima diferencia entre los velatorios que se hacían en el domicilio del finado, en caja abierta a la vista de todos, y la pulcritud que ofrecen los modernos tanatorios bien iluminados y con paneles de led que anuncian dónde está el muerto que buscamos. Allí dentro todo es más limpio, más aséptico y menos lúgubre, y hasta la misa comunal suele estar oficiada por un sacerdote que, si no me equivoco, viste de cualquier color menos negro y cuando cita los nombres de todos los finados recuerda a las familias que no están solas.

En aquel artículo agradecía la presencia de tanatorios donde, «además de muertos, hay retretes impolutos, cafetería, caramelos en las salas y tienda abierta para comprar una corona». Como para ese tipo de cosas soy muy influenciable, en el artículo que comento añadía que «lo mejor para mí es que los ataúdes ya no son negros sino color caoba, están cerrados y sobre la tapa suele haber una fotografía del difunto o la difunta». Sin embargo, en doce meses, el tiempo transcurrido entre esa alabanza a las modernas salas mortuorias y la semana pasada he cambiado de opinión, y si tienen una miaja de paciencia se lo cuento.

Estoy seguro de no ser el único al que le da repelús abrir el buzón y encontrarse con una carta de la Agencia Tributaria o del Juzgado de Instrucción número equis. Servidor, mientras rasga nervioso el sobre metiendo el dedo por cualquier lado, piensa qué habrá hecho para merecer la atención de uno de esos dos Organismos. En el caso que nos ocupa se trataba de una comunicación del Juzgado número 6 que me ofrecía la posibilidad de personarme como posible afectado por la mala praxis profesional de la funeraria que utilizamos para dar sepultura a mi madre, y que se encuentra sometida a investigación judicial.

No necesito decir que, a las pocas horas de haber recibido tal comunicación, me presenté en el Juzgado que me citaba, donde tuve la gran suerte de ser atendido por una funcionaria, amable y eficaz donde las haya, que me puso al día de las investigaciones llevadas a cabo contra la Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador, SA, empresa que elegimos en su momento para el funeral.

La noticia ha estado meses publicándose en numerosísimos medios informativos locales y nacionales contra veintitantas personas de esta firma por un «supuesto fraude» consistente «en el 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos en el periodo comprendido entre 1995 y 2015». Si las sospechas judiciales y las pruebas practicadas son ciertas, la citada empresa, propiedad de la familia Morchón, habría estafado más de cuatro millones de euros durante veinte años, que se dice pronto.

La funcionaria que me atendió, consciente de la delicadeza de un asunto que provoca dolor, tras explicarme el asunto, me preguntó si quería personarme en la causa como afectado. Me faltó tiempo para decir que sí, que quería participar como pudiera, sin esperar cantidad alguna: solo esperaba que se hiciera justicia. La primera suerte de esa mañana de tribunales fue poder comparecer en un asunto tan doloroso, y la segunda que recordando que mi suegro también había fallecido en ese periodo de veinte años de posible estafa, la misma funcionaria miró su ordenador y nos dijo que, en efecto, allí estaba como afectado don Bartolomé Visiedo.

No necesito decirles que la jornada fue una de las más dolorosas de toda mi vida de adulto porque recordaba el momento en que, muchos años atrás, entraba en la Funeraria Castellana de la calle de Las Angustias para encargar el sepelio de mi progenitora. Y aunque no lo olvidé, el hecho de estar denunciándolo me trajo a la cabeza el azoramiento y la respuestas que dimos al empleado que nos preguntaba qué tipo de servicio requeríamos. En medio del dolor, soltamos la única frase posible: «que quede bien, que es mi madre», que para él sonaría como «a caño abierto, que éstos lo pagan todo»; sin seguro de decesos ni pollas en vinagre: a canta-canta. No recuerdo cuánto aboné pero fue uno de los días más duros de mi vida; bueno, en realidad un poco menos que cuando me convocaron para decirme que, posiblemente, le habían dado el cambiazo al ataúd que habíamos elegido por uno más barato o usado con anterioridad para otra incineración. Para que nadie diga que exagero, me entra un cabreo sordo leyendo los fundamentos de uno de los legajos que tengo en mi poder donde se asegura que, a lo largo de veinte años, los acusados «habrían estado sustrayendo o cambiando ataúdes originales por meros sudarios, de forma que los féretros originales eran revendidos» una y otra vez. Cuesta imaginarlo.

Es evidente que el presente comentario no anula para nada aquel otro de hace un año sobre las bondades de los modernos tanatorios, que mitigan el dolor y dejan fuera de escena la truculencia de velar en casa los restos de tus seres queridos. Lo que son las cosas: mientras servidor alababa entonces la pulcritud y la asepsia de las modernas salas funerarias, los responsables de este entramado se llenaban a saco la faltriquera de unos atolondrados clientes que acudían a sus oficinas transidos de dolor y confiando plenamente en su decencia y profesionalidad.

He leído en alguna parte que la estafa que, presuntamente, han practicado los miembros del Clan Morchón podría ascender a unos mil euros en cada servicio funerario, lo que les habría supuesto ingresos ilícitos de mucho dinero, que el propio Juzgado de Instrucción calcula en seis millones de euros. Como en mi familia no disponíamos de ningún seguro de decesos tuvimos que pagar a tocateja lo que nos pidieron y agradecer su atención y profesionalidad.

No sé si al final alguien nos devolverá alguna cantidad, pero juro que no la aceptaría si supiera que por no hacerlo, los responsables siguen más tiempo en el trullo.

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