Espeluznante crimen en Tudela de Duero

Las tres niñas se quedaron paralizadas de espanto. Lo que flotaba en el río, frente a ellas, no era una rama ni un objeto cualquiera. Era un brazo. Aquel mes de julio de 1962 ya nunca se borraría en la memoria de Maribel Gómez Mazuela, María José Medrano y María Hitos. Las tres pasaban la tarde con sus familias en la vega de Porras, en el término de Boecillo, cuando se toparon con el macabro espectáculo. Las primeras eran hijas de dos personajes bien conocidos en el Valladolid de la época, el magistrado Rafael Gómez Escolar y el doctor Medrano, quienes, junto al redactor de El Norte de Castilla que casualmente se encontraba en la zona, reconocieron de inmediato el hallazgo.

El brazo estaba seccionado a la altura del hombro y lo primero en que se pensó fue en un accidente ocurrido en una cercana vía férrea. Pero no cuadraba: el fallecido, al que también le faltaba un brazo, era un hombre, mientras que lo hallado pertenecía a una mujer. Días después, concretamente el 25 de julio de 1962, día de Santiago, aparecía la otra extremidad junto a la orilla del Duero a su paso por Tudela.Lo siguiente fue el muslo derecho, atravesado por un alambre, y, para rematar, las dos piernas, atadas con la misma herramienta y esta, sujeta a un ladrillo de los denominados «hueco España». El suceso no tardó en saltar a la primera plana de la prensa nacional, incluido «El Caso», auténtico líder en estas espeluznantes historias.

Según el informe pericial, la víctima era una «mujer de constitución robusta» y las mutilaciones habían sido hechas «con un hacha».La pista determinante la aportó el ladrillo citado: provenía de la fábrica que Ismael Tejero tenía en Tudela de Duero. Además, la entonces secretaria de El Norte, María Luisa Lovingos, alertó a las fuerzas de seguridad sobre la extraña peripecia de una viuda de ese pueblo llamada Sara Carrión Sanz, que si bien en un primer momento había expresado su voluntad de montar un gallinero, finalmente terminó marchando al extranjero. La Guardia Civil citó entonces a declarar a su hermano, el también viudo Teodoro Carrión Sanz, de 64 años de edad, sin percatarse aún de que con dicha decisión abría la puerta al esclarecimiento del caso.

En efecto, vecinos de Tudela confiaron a la Benemérita que, días atrás, el susodicho había pedido pico y pala a una vecina, de nombre Gonzala Fernández, con la intención de plantar unos tomates en el patio de su casa. Esta, situada en el número 19 de la calle de las Escuelas, no tardó en ser vigilada por la Benemérita. El 31 de julio de 1962, los agentes llamaron a la puerta pero nadie respondió. Poco después Teodoro salía de la vivienda. «¿Quién ha llamado a mi puerta?», preguntó a un anciano; «La Guardia Civil», le respondió.

Entonces salió sin decir palabra. Enfiló a pie la carretera de Soria, dirección a Valladolid, y llegó al Pinar de Antequera, donde se subió a un camión que le acercó a la capital. Era el 1 de agosto de 1962. Teodoro se sentó en un banco situado en las inmediaciones del Arco de Ladrillo para contemplar unas obras. Cuando a las cuatro de la tarde se le acercaron dos números de la Guardia Civil del puesto de San José, apenas se inmutó.

Según Luis González Armero, periodista de la Agencia Cifra, el diálogo entre ambas partes fue impactante: «¿Es usted de Tudela de Duero?», le preguntaron; «claro», respondió Teodoro. «Entonces sabrá usted algo del crimen que se ha cometido en ese pueblo», continuaron; «¡ya lo creo!», reaccionó el anciano, «como que en el corral de mi casa tengo yo enterrada a la víctima?».

Ésta se llamaba Euxiquia Marcos Gómez, más conocida como «La Carmela», mujer de 45 años y natural de Berganzo, en la provincia de Orense. A decir de la prensa de la época, llevaba «una vida licenciosa» y durante tres años vivió como «mujer de compañía» en casa de Teodoro, hasta que la policía la detuvo para internarla en un reformatorio. Al salir, regresó con él. Pero en el pueblo nunca la vieron fuera de la casa. Teodoro trabajaba de empleado en una báscula de pesaje de la Azucarera y llevaba una vida extraña, apenas hablaba con sus vecinos y, según la prensa, «tenía frecuentes relaciones con mujeres de vida confusa». Tampoco se hablaba con sus seis hijos, con los que no convivía, y bebía en exceso.

Él mismo relató a la policía que una tarde, después de una violenta discusión, Euxiquia llegó a amenazarle de muerte. Fue a finales de mayo, a la hora de la siesta. Teodoro agarró un hacha, se acercó a la cama en la que dormía su acompañante y le asestó un golpe mortal en la cabeza.

Cuatro días tardó en descuartizarla con dos cuchillos y un hacha de cortar leña.Fue metiendo las extremidades, por separado, en distintos sacos de yeso que envolvía en otro de arpillera: el primero lo arrojaba al río, y el segundo lo empleaba para ocultar el siguiente lanzamiento. Todo a plena luz del día, por la mañana. El tronco de la víctima lo dejó en el corral, entre la paja, durante una semana. «Tenía mucho trabajo en la báscula y no tenía apenas tiempo para ocuparme de esto. Decidí que el resto lo enterraría», declaró a la Guardia Civil, que con su ayuda logró desenterrar lo que quedaba de Euxiquia.

Según «El Caso», lo que nunca apareció fue la cabeza. Teodoro aseguraba que la había lanzado al río atada a un ladrillo con un alambre, pero por el pueblo corrió la especie de que la había tenido en su misma casa, junto a él, para mirarla a diario porque, en el fondo, la quería. Impasible ante las preguntas y las pesquisas de los agentes, mientras los fotógrafos disparaban sus flashes, protestó: «¡Ni que fuera Belmonte para hacerme tantos retratos?!»

La sentencia se hizo pública en febrero de 1963: la sala de lo Criminal de la Audiencia le condenó a 15 años de reclusión menor y un mes y un día de reclusión mayor. Aunque el tribunal consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, juzgó como circunstancia atenuante -eximente incompleta- el que se tratara de «un individuo anormal por padecer una involución cerebral y una debilidad mental que disminuye su raciocinio». Fue condenado además a pagar una multa de 1.000 pesetas por el delito de inhumación ilegal y 50.000 a los familiares de la víctima, más las costas del juicio.