Contra la dictadura, reconciliación

En el transcurso de la marcha se fueron sumando numerosos viandantes y las fuerzas de orden público mandaron retirar tres banderas republicanas. Menudearon los pendones morados en clara reivindicación castellanista, y tampoco faltaron algunas ikurriñas. Dos meses después, toda la oposición democrática excepto Alianza Popular presentaba en las Cortes una propuesta parlamentaria a favor de la amnistía total. Fue así como la Ley 46/1977, de 15 de octubre, dirigida a amnistiar lo que el decreto de julio de 1976 no había amnistiado, era aprobada después de un debate en el que solo AP anunció su abstención.

 La disposición amnistiaba todos los actos de intencionalidad política cualquiera que fuese su resultado, por lo que afectaba a los presos de ETA, FRAP, GRAPO y a otros de extrema izquierda o nacionalistas que emplearan el terror como arma política. No incluía a la extrema derecha, causante de la matanza de Atocha, pero sí a funcionarios, autoridades y agentes de orden público, así como a los delitos cometidos por funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas. Amnistiaba, por tanto, a terroristas y a policías.

Pero las demandas de reconciliación como ingrediente necesario para avanzar hacia un futuro democrático venían de atrás. Ya en junio de 1956, por ejemplo, el Partido Comunista había lanzado su propuesta de Reconciliación Nacional en la que, «para democratizar España» y «poner fin a la dictadura del general Franco, sin guerra civil ni convulsiones violentas», proponía que «todas las formaciones políticas de izquierda y de derecha» se pronunciasen «en favor de la reconciliación nacional de los españoles». En vísperas del XX aniversario del golpe militar que provocó la Guerra Civil, el PCE se dirigía «a todas las fuerzas políticas llamándolas a deponer los odios y el espíritu de venganza y a tenderse la mano para emprender la tarea de sacar a España de la difícil situación en que se halla».

 Algo parecido había intentado ocho años antes el socialista Indalecio Prieto, impulsor del famoso Pacto de San Juan de Luz que, junto a él, suscribieron el Conde de los Andes y José María Gil-Robles en representación de las fuerzas monárquicas. Estos afanes por avanzar en la reconciliación de los españoles tuvieron su reflejo en Valladolid, donde, según informes policiales que pueden consultarse en el Archivo Histórico Provincial, en abril de 1957 se lanzaron octavillas, con el llamamiento «¡Vallisoletanos!», que pedían la amnistía para los presos y exiliados políticos. Pero fue en el último lustro de la dictadura cuando arreciaron las protestas a favor de la amnistía. Así podía leerse, por ejemplo, en las octavillas repartidas en julio de 1970 por las clandestinas Comisiones Obreras en varias calles céntricas.

Meses antes, concretamente en marzo de 1970, el gobernador civil había prohibido una conferencia de Auxilio Goñi en la Facultad de Derecho titulada, precisamente, «Amnistía», lo que provocó una airada protesta estudiantil y varias detenciones. A finales de ese mismo año, medio centenar de universitarios alarmaban a las autoridades por manifestarse en las calles pidiendo «Libertad y amnistía».

La muerte de Franco incentivó las peticiones. A finales de diciembre de 1975, el gobernador civil de Valladolid recibió de manos de líderes políticos y universitarios como Pedro Gómez Bosque, Miguel Martín Díaz, Julio Valdeón, Heliodoro Camisón, Fernando Moráis y Antonio Ojeda 207 folios con firmas solicitando la amnistía para conseguir «una auténtica reconciliación nacional». De hecho, ese mismo mes, las organizaciones unitarias de la oposición política y sindical, Junta Democrática y Plataforma de Convergencia Democrática, habían organizado una manifestación ilegal a favor de la amnistía. En julio de 1976 fue la Facultad de Medicina vallisoletana la que acogía un acto de Coordinación Democrática a favor de la «amnistía total como requisito para construir la democracia», tal y como lo expresaron Manuel Conde del Río, Carlos González Maestro, Natalio Pintado, Luis Fernández Costilla y José Luis Cancho.

 El camino, por tanto, estaba allanado para aquel momento histórico que fue la aprobación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, precedida, entre otros, de un emotivo discurso en el Congreso de los Diputados de Marcelino Camacho, líder de CCOO que, pese a haber estado nueve años en prisión durante el Franquismo, se preguntaba: «¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?».