Católicos contra republicanos

Todo comenzó hace ahora 111 años, a principios de abril de 1910, cuando Canalejas, que a fuer de liberal se confesaba católico practicante (de hecho, tenía en su casa un oratorio para oír misa), presentó un proyecto de ley dirigido a frenar el aumento descontrolado de las Órdenes Religiosas en España. La filosofía era muy clara: sería el propio gobierno, vía Ministerio de Gracia y Justicia, el único competente para aprobar su establecimiento. Las protestas no tardaron en arreciar. Ya en el mes de junio se hablaba, por parte de los católicos, de una auténtica «persecución religiosa».

Ambos «ejércitos», católico y laicista, se aprestaron a mostrar su fuerza en la vía pública. Los primeros en hacerlo fueron los partidarios de los intereses clericales, que el 28 de junio de 1910, en número aproximado a 5.000, salieron a las calles de Valladolid para protestar públicamente contra la disposición del Gobierno. Las más activas fueron las mujeres, pues además de liderar la movilización, entregaron mensajes en la sede del Gobierno Civil en defensa de la familia, la religión, el hogar y la recia fe española.

Además, la Archicofradía de Madres Cristianas decidió enviar telegramas de adhesión a Pío X, organizar rezos de rosarios, depositar tarjetas en el palacio arzobispal y celebrar una rogativa solemne en la iglesia de San Lorenzo por las necesidades de la Iglesia en España. Por la tarde, la procesión dedicada al Sagrado Corazón, muy concurrida, se convirtió en un acto de contestación católica en las calles, con numerosos balcones que lucían colgaduras. Entre las militantes más activas figuraban las viudas de Jalón, Cuesta, Urbino, Hoyos y Semprún.

La reacción no se hizo esperar, y el mismo 29 de junio de 1910, el Casino Republicano anunció una manifestación en sentido contrario, esto es, en favor de la que muy pronto se conocería como «Ley del Candado». Alentada por el propio Casino Republicano, Agrupación y Juventud Socialista, Centro de Sociedades Obreras, Grupo Conciencia Libre, Centro de Instrucción Laica y Casino Federal, se celebró el 3 de julio y aglutinó a cerca de 20.000 manifestantes en las zonas aledañas al Campo Grande.

Entre la multitud, que avanzaba disciplinada en dirección al Gobierno Civil al grito de «¡Viva la Libertad!», sobresalían personalidades como Cándido González, en representación de los progresistas, y Ángel María Alvarez Taladriz, Mariano Fernández Cubas, Remigio Cabello y Pablo Cilleruelo en nombre de liberales y socialistas. También estaban el alcalde, Augusto Fernández de la Reguera, y el presidente de la Diputación, Enrique Gavilán. Y no faltaban mujeres, como «la señorita de Payerpaj, que acompañaba a su señor padre en la presidencia», así como «buen número de esposas de significados obreros republicanos y socialistas, algunas llevando a sus hijos en brazos».

Lo cierto es que la reacción católica fue tan intensa, que el propio Canalejas pensó que podía derivar en una guerra civil. Y es que en el conjunto del territorio español salieron a las calles más de un millón de personas en contra de la política gubernamental. El anteproyecto de Ley se debatió en las dos Cámaras en los meses de julio y octubre de 1910. Y fue el Congreso el que aprobó la enmienda decisiva: todo quedaría sin efecto si en el plazo de dos años no se publicaba una nueva Ley de Asociaciones. Pese al malestar de los más reaccionarios, los obispos lo aceptaron como mal menor. Y fue el 12 de diciembre de 1912, a pocos días de expirar el plazo, cuando el anarquista Manuel Pardiñas sorprendió a punta de pistola a Canalejas mientras miraba el escaparate de la librería 'San Martín' en la Puerta del Sol. El tercer disparo le perforó el cráneo y provocó su muerte casi al instante. El proyecto de «Ley del Candado», una vez caducado, no tardaría en pasar al olvido.