Ni menos ni más que Cataluña

«En caso de constituirse en región las diferentes provincias, las Diputaciones de Castilla se opondrán, por estimar privilegio, a toda desigualdad de concesión que no sea la natural a sus distintas necesidades». Era uno de los contenidos más novedosos y destacados de un documento excepcional en la historia de Castilla y León, pues por primera vez abría la posibilidad de articular territorialmente esta región. Fechado el 24 de enero de 1919, entre los historiadores se conoce comúnmente como «Bases de Segovia» por ser aquí, en la capital del Acueducto, donde se gestó.

Todo comenzó el año anterior, a raíz de la aprobación de las famosas y polémicas «Bases para la autonomía de Cataluña» redactadas por los consejos de la Mancomunidad y parlamentarios catalanes, e identificadas con Francesc Cambó. Dichas Bases estimularon un proyecto de Estatuto que, aprobado por los diputados y parlamentarios reunidos en asamblea el 25 de enero de 1919, contenía 34 artículos y diversas disposiciones transitorias, configuraba un gobierno autónomo catalán formado por parlamento, ejecutivo y gobernador general, dibujaba un marco financiero propio y delimitaba las competencias estatales y las autonómicas. Aunque el proyecto fue finalmente rechazado por el ejecutivo y el parlamento sin llegar a hacerlo objeto de debate, en Cataluña siguió figurando como punto de referencia para el futuro inmediato.

Las élites políticas, económicas y culturales de Castilla no tardaron en reaccionar ante lo que consideraban una afrenta a la unidad de España. Una asamblea convocada en Burgos por los presidentes de las Diputaciones burgalesa y vallisoletana sacó a la luz, en diciembre de 1918, un «Mensaje de Castilla» que se comprometía con la unidad nacional, abría las puertas a una descentralización administrativa y se oponía a que cualquier región española obtuviese un régimen autonómico que pudiese mermar la soberanía nacional. «En Cataluña -señalaba el texto-, se ha escarnecido nuestro hermoso idioma..., se nos ha dicho que somos una raza inferior..., se nos ha inculpado de ser responsables de la decadencia española por causa de nuestro imperialismo».

En los meses siguientes, estudiantes burgaleses, intelectuales, industriales y comerciantes de Valladolid, la Cámara Oficial de Industria y Comercio de León, y las Diputaciones de Soria y Logroño prodigaron las reuniones para consensuar una estrategia autonomista en el caso de que avanzasen las pretensiones catalanas. Pero la resaca de la Mancomunidad y de las Bases estatutarias de Cataluña no paró aquí. El 24 de enero de 1919, un día antes de que los diputados y parlamentarios catalanes aprobasen su proyecto de Estatuto, los presidentes de las Diputaciones provinciales de Valladolid, Burgos, Segovia, Santander, Palencia y Ávila solicitaban por escrito la autonomía municipal, provincial y regional, afirmaban una región castellana y leonesa formada por once provincias (las actuales más Logroño y Santander), trascendían la mera mancomunidad de Diputaciones y pedían que el catalán nunca fuese declarado lengua oficial coexistiendo con el castellano. Eran, en efecto, las famosas «Bases de Segovia».

Como ha escrito Enrique Orduña, este documento, importante por cuanto representa el primer intento de articular el territorio castellano y leonés en municipios, provincias y regiones desde un planteamiento autonómico, establecía una serie de principios novedosos. Por ejemplo, dividía los distritos en unitarios y municipales, fijaba en 2.000 habitantes el mínimo para existir un municipio, preveía la existencia de un presidente y una comisión ejecutiva, decretaba que el ayuntamiento estaría compuesto por un número de concejales establecido en función del de habitantes, y sancionaba el sufragio universal.

Por su parte, la Hacienda municipal, sobre la que asentaba la autonomía local, debería constituir una Hacienda propia con independencia de las demás, y, por lo que se refiere al ámbito provincial, establecía la reducción a la mitad del número de diputados provinciales, su elección por sufragio universal, un catálogo de competencias que abarcaban desde la beneficencia y sanidad provincial hasta la enseñanza especial, teléfonos y medios de comunicación, puertos y transportes fluviales, agricultura y ganadería y asistencia social, y la exclusión, dentro del funcionamiento de las Diputaciones, del alistamiento, censos electorales y tribunales económico-administrativos.

Finalmente, las Bases segovianas preveían el procedimiento inicial de organizarse en región a través del acuerdo de las Diputaciones con los Ayuntamientos de las respectivas provincias, a la vez que rechazaban la posibilidad de constituir regiones en régimen de privilegio o en «desigualdad de concesión». Incluso plantearon realizar un homenaje a los Comuneros erigiendo un monumento en la localidad vallisoletana de Villalar. Aunque no llegó a prosperar, el documento fue presentado en el Congreso por el diputado Felipe Crespo de Lara el 28 de enero de 1919, y remitido al presidente del Consejo de Ministros el día 29.

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