«Castilla y León no es menos que Cataluña»

Historia de Valladolid a través de El Norte de Castilla ·
En mayo de 1936, El Norte de Castilla impulsaba unas bases para la autonomía regional que proponían disfrutar de los mismos privilegios que establecía el Estatuto catalán

Enrique Berzal

Martes, 10 de noviembre 2020, 07:45

Ha llegado, pues, el momento de pensar en nuestra propia vida. Dejar a las demás regiones constituirse en autónomas, con vistas a su mejor provecho homicida? como pensamos nosotros pensarán hoy los castellanos todos. Hay que formular el Estatuto de Castilla». Era el firme posicionamiento de El Norte de Castilla ante el denominado «problema regional» de la Segunda República: «Autonomía de Castilla», se titulaba aquel editorial que en marzo de 1936 pugnaba por abandonar el talante defensivo y furibundamente anticatalán que venían enarbolando los regionalistas castellanos, para pasar a la acción constructiva.

El contexto invitaba, de hecho, a no perder el tren de la autonomía. Poco después de haberse celebrado las elecciones de febrero, que otorgaron la victoria a las fuerzas de izquierda coaligadas en el Frente Popular, llegó la autorización al Parlamento catalán para reanudar sus sesiones al objeto de designar el gobierno de la Generalitat. Todo parecía anunciar, de hecho, lo que tanto estaban deseando los nacionalismos periféricos: la reapertura del proceso estatutario para culminar el objetivo azañista de articular la organización regional del llamado «Estado integral». Enseguida comenzaron los debates del Estatuto vasco y el plebiscito del gallego, mientras Aragón, Valencia y Andalucía se preparaban para desarrollar procesos similares.

En Castilla y León, los intentos regionalistas más serios comenzaron a partir de finales de mayo de 1936. Como hiciera en 1931, el Diario de León se apuntó el primer tanto con un editorial, firmado el día 20, que proponía la constitución de León y Castilla «en regiones autónomas contra el estatutismo de ese imbécil Madrid y unir en una personalidad a León y Castilla la Vieja en torno a la gran cuenca del Duero sin caer ahora en» pequeñas rivalidades pueblerinas».

Cuatro días más tarde, el alcalde de Burgos, Luis García Lozano, convocaba en su ciudad una magna Asamblea para avanzar hacia un Estatuto de Castilla y León «apartidista» y contrario al centralismo madrileño; el encuentro concluyó con la propuesta de redactar de un Estatuto de autonomía para una región formada por las 11 provincias que tradicionalmente conformaron Castilla la Vieja y León. Inmediatamente, el «Diario de Burgos» se comprometió también a alentar el sentimiento autonomista en el resto de las provincias.

A la izquierda, Narciso Alonso Cortés, uno de los impulsores del Estatuto. A la derecha, Misael Bañuelos, principal autor de lasd bases para la autonomía de Castilla y León. Archivo Municipal

El encargado de articular todos estos afanes no fue otro que Misael Bañuelos, catedrático de Medicina de la Universidad de Valladolid, que desde la década de los 20 venía laborando por este cometido. Buen conocedor de los proyectos estatutarios que se venían gestando en otras regiones, Bañuelos era, junto a Narciso Alonso Cortés, partidario de impulsar un partido político castellanista que luchara por reforzar el papel de esta región en el entramado nacional y por eliminar la desigualdad tributaria que, a su juicio, introducía el Estatuto catalán, aprobado en 1932; así lo expuso, por ejemplo, en «El Norte de Castilla» en un artículo titulado «Intereses castellanos. Los nuevos Estatutos de autonomía», publicado el 16 de mayo. Y es que a Bañuelos se deben las famosas «Bases políticas y administrativas» encargadas de preparar la redacción definitiva del Estatuto de autonomía de Castilla y León.

Dichas Bases las hizo suyas el diario decano, publicándolas el 26 de mayo en portada: «Castilla y León forman una región pobre, austera, demócrata de buena ley, no de farsa; tolerante, justa, trabajadora, altiva, digna, española e imperial. Su Estatuto autonómico debe ser todo eso y nada más», señalaban en su introducción.

Las Bases presentaban una región formada por once provincias, articulada a través de las viejas Diputaciones Provinciales, convertidas ahora en Consejos, y constituida como autonomía «para defender a España y su imperio espiritual». Dicha región autónoma contaría, en lo referente al sistema de gobierno, con una Asamblea de Consejos, cuyas reuniones, celebradas en primavera y otoño, constituirían el poder legislativo regional, y con un Consejo Supremo de Castilla y León, formado por los representantes de cada una de las provincias, que sería, por tanto, el ejecutivo. «El Consejo Supremo de Castilla y León residirá en una ciudad del centro de la región, capital de provincia o no, y en lugar que sea de fácil acceso para todos los habitantes de la región», establecía el documento. Además de salvaguardar la provincia («en la región autónoma castellano-leonesa seguirán existiendo, como hasta hoy, las provincias, con sus límites actuales, y administración provincial, autónoma, dentro de la región»), las Bases de Bañuelos establecían que la nueva entidad autonómica de Castilla y León gozaría de los mismos privilegios que Cataluña y dispondría de competencias transferidas por el poder central, incluidas las de orden público. Por otro lado, aportaba la fórmula de elección de consejeros provinciales por circunscripciones de 25.000 habitantes, eliminando con ello el manido sistema de partidos judiciales, y regulaba los principios de las haciendas regional y provincial y la realización de obras. Cada provincia era libre de administrar sus propios ingresos conforme al acuerdo que alcanzara con el «Poder Central», salvo «el diez o veinte por ciento, que se podrá, por acuerdo de la Asamblea de los Consejos de Castilla, destinar a obras comunes». Menos claro queda, como ha escrito Enrique Orduña, el funcionamiento del poder ejecutivo autonómico, pues la base sexta atribuía a los consejos provinciales funciones de vigilancia para el cumplimiento de leyes y acuerdos, mientras que el recurso por incumplimiento se reservaba al Consejo Supremo.

Las bases publicadas en eL Norte de Castilla.

La propuesta autonómica de Castilla y León se confrontaba con el Estatuto de Cataluña y enarbolaba, según El Norte de Castilla, una filosofía territorial más solidaria: «Nuestro Estatuto no puede ser dispendioso, como el catalán, porque ello sería un delito administrativo. No puede ser centralista, porque sustituir Madrid por Valladolid, Burgos o Patencia, no reportaría ventajas grandes a las otras capitales de provincia. De este modo las reporta inmensas a cada capital de provincia y a cada ciudad, dentro de la provincia. Es democrático, porque no aplasta la ciudad al campo, como sucede en Cataluña, y cada rincón provinciano tendrá su portavoz en los Consejos de Castilla y León».

En definitiva, según el periódico vallisoletano, con esas Bases «nuestra región volverá a dar lecciones de conducta y administración honrada, como se la dio a los reyes castellanos de su tiempo»

Así estaban las cosas cuando sobrevino el alzamiento militar de julio de 1936: el estado de exaltación nacionalista que provocó el golpe de Estado no tardó en barrer de un plumazo los pujantes sentimientos autonomistas existentes en Castilla y León.