Un castellanismo arancelario

Sabía Santiago Alba que su frase levantaría ampollas y pondría en guardia a quienes, desde la periferia, llevaban meses luchando por conseguir del gobierno el establecimiento de zonas francas, libres de tasas aduaneras: «Si el hambre llega no deberán dormir tranquilos quienes ahora tienen cerrado el Parlamento, dejando sobre la mesa todos los proyectos económicos». Era el 1 de marzo de 1915, hace ahora 110 años. Aquel día, Medina de Rioseco se convirtió en el epicentro del «resurgir castellanista», indicaba la prensa, al acoger un multitudinario acto a favor de la reforma de los aranceles y de la protección del cereal.

Fueron 400 los comensales que, después de ser recibidos en el Ayuntamiento, se reunieron en el salón capitular del Convento de San Francisco, destinado entonces a Escuela Militar, para escuchar las arengas de los líderes políticos más relevantes de aquel momento. En efecto, no solo estuvieron los presidentes de las Diputaciones de Valladolid y Soria, los diputados nacionales Vallejo y Zarandona y el senador Antonio Royo Villanova, sino también los máximos representantes de la Federación Agrícola de Castilla la Vieja, Pedro León y Justo González Garrido, republicanos señeros como Álvarez Taladriz, concejales, comerciantes, industriales, catedráticos de Instituto, obreros, agricultores y, lo más importante, dos figuras de primer orden en la vida política de la época: los diputados César Silió, de filiación conservadora, y Santiago Alba Bonifaz, ex ministro de la Gobernación de militancia liberal.

Querían demostrar que se trataba de un acto de afirmación castellanista transversal, no adscrito a ideología o militancia concretas: «Una región histórica reivindica su derecho a actuar eficazmente en la vida española. Pruébalo que aquí están desde los católicos militantes hasta la extrema izquierda», señalaba Alba. La defensa de una política proteccionista era una constante entre la burguesía harinera castellana desde la segunda mitad del siglo XIX, llegando a identificar su apuesta por aranceles altos, e incluso la prohibición de importar granos, con la defensa de los verdaderos intereses de Castilla. Aquella demanda histórica cobró nuevos bríos cuando, a finales de 1914, el gobierno se planteó ceder a las reivindicaciones catalanas y establecer un puerto franco en Barcelona, libre de tasas aduaneras.

«Con Castilla alzarán la voz, contra los privilegiados que siempre consiguen lo que piden, Aragón, Extremadura, La Mancha, perjudicados por el proyecto de zonas neutrales engendrado en Barcelona e impuesto en Madrid a la inconsciencia tímida de un Gobierno asustadizo», se había podido leer en este periódico dos meses antes. Aunque el gobierno prohibió la reunión planteada por 25 Diputaciones Provinciales que compartían intereses comunes basados en la economía cerealista -Lérida y Tarragona entre ellas-, las demandas castellanas se vieron en parte satisfechas cuando, a mediados de febrero de 1915, se hizo público que en los puertos francos de carácter comercial quedaría exceptuada «toda industria» y se prohibiría la introducción de «los cereales y sus harinas, las carnes y vivas y muertas y las maderas para envases».

Animados sin duda por esa victoria, los congregados en Medina de Rioseco volvieron a la carga. La idea, expresada por Alba, era conseguir que Castilla no volviese a «ser jamás un factor indiferente en la vida española», y que incluso su participación fuera crucial en el diseño de la política económica: «Se trata de realizar una grande y amplísima política agraria y de preparar la obra arancelaria». Silió recordó «que ni en Castilla ni en las demás regiones cerealistas quieren el trigo caro, que encarezca la vida de las clases necesitadas. Sólo quieren un precio remunerador con el que los propietarios, hoy ya tan esquilmados; los colonos, tan empobrecidos, y los obreros, acosados por la miseria, puedan disfrutar de un relativo bienestar de que hoy carecen».

Alba le siguió en el argumento demandando una nueva política agrícola e hidráulica, denunciando el cierre de las Cortes por el gobierno, reivindicando una nueva composición de la Junta de Aranceles y Valoraciones para dar cabida en ella a representantes de los agricultores castellanos, y recordando que Castilla no actuaba de manera egoísta ni arremetía contra ninguna región en concreto, sino que actuaba en favor del conjunto de España: «Este acto no significa, ni mucho menos, un antagonismo con otras regiones. Castilla, una vez más, cumple su deber pero no pide para ella sola, sino para toda España. (...) El desequilibrio de las fuerzas productoras engendra un abandono de nuestro solar. Son muchos, cientos de miles los castellanos que han huido de la tierra en que nacieron». El acto, que terminó con vivas a Castilla y a España, fue glosado por la prensa nacional como la manifestación más clara del «resurgir de Castilla».

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