Cuando el Ayuntamiento quiso derribar la iglesia de Santiago

No era ni mucho menos una novedad en la vida municipal de la ciudad. La propuesta de acometer el ensanche de la calle de Santiago se venía debatiendo desde finales del siglo XIX y se retomó con fuerza en los años 20, concretamente en los últimos momentos del mandato de Arturo Illera (1926-1930) y durante la breve etapa de Federico Santander (1930-1931). De hecho, en mayo de 1930 el Ayuntamiento anunció la adquisición de las casas números 24, 26, 28 y 30 de la calle de Santiago (las tres primeras por 87.000 pesetas y la última por 68.000) para llevarlo a cabo. La ampliación de la vía, que iría desde la Plaza Mayor a la Plaza de Zorrilla, sería de 15 metros.

Tras la proclamación de la Segunda República, el proyecto continuó y lo asumió la nueva corporación salida de las urnas en abril de 1931, con mayoría republicana y socialista y presidida por Federico Landrove. Tras la dimisión de este, en enero de 1932, le sucedió en el cargo el también socialista Antonio García Quintana. Fue en junio de ese mismo año cuando los ediles aprobaban el estudio realizado por Eduardo Goicoechea y Pedro Muguruza para el ensanche, señalando, en todo caso, la necesidad de preservar el acceso a la calle de Santiago por tres afluentes: la calle de Santander (hoy Héroes de Alcántara), la calle Zúñiga y la calle de María de Molina. El ensanche previsto por esta Corporación, al que solo se opusieron los concejales Manuel Carnicer (conservador) y Pantaleón Muñoz (liberal albista), eliminaba parte del ábside de la iglesia de Santiago y lo trasladaba a la parte posterior del templo.

A la altura de septiembre de 1933, sin embargo, solo estaba iniciado el primer tramo desde la Plaza Mayor. Fue entonces, concretamente en la sesión del pleno del día 30, cuando el concejal de Alianza Republicana, Apolinar Polanco, expuso la polémica proposición. Se trataba de asegurar la continuidad de las obras iniciadas, las cuales, a su juicio, tropezaban con un obstáculo relativamente insalvable: la iglesia de Santiago. La solución, «exenta de todo espíritu sectario, inspirada tan solo en el interés del pueblo de Valladolid», consistía en solicitar al Estado la cesión del templo por causas de necesidad pública para derribarlo.

Y es que la ley de Congregaciones, aprobada precisamente en 1933 para despojar a las órdenes religiosas de su dedicación docente, establecía en su artículo 11 que eran propiedad del Estado «los templos de toda clase y sus edificios anexos, los palacios episcopales y casas rectorales, con sus huertas anexas o no, seminarios, monasterios y demás edificaciones destinadas al servicio del culto católico o de sus ministros». También disponía que todos ellos seguirían empleándose a tal fin (el culto religioso), si bien «sólo el Estado, por motivos justificados de necesidad pública y mediante una ley especial, podrá disponer de aquellos bienes para otro fin que el señalado en el párrafo anterior».

En ello se basaba Polanco, aduciendo que el derribo del templo era de vital necesidad porque, además de beneficiar a la calle de Santander, precisada de mayor amplitud, abarataba muchísimo el proyecto. Por la minoría radical socialista, Valerio Vega añadía que «la estrechez de la calle de Santander donde el templo está situado constituye un peligro para los viandantes», mientras que su compañero Juan Moreno iba más allá al señalar que la iglesia de Santiago «es un edificio antiestético y de efecto deplorable además de constituir un peligro para el tránsito de peatones». La votación no arrojó dudas y se aprobó por 18 votos a favor (ocho del PSOE, seis de Alianza Republicana, tres del Partido Republicano Radical Socialista y uno de Acción Republicana), una abstención del edil del Partido Republicano Radical y dos votos en contra (conservador y liberal albista).

La reacción de la Iglesia católica no se hizo esperar. En la noche del 14 de octubre de 1933, el arzobispo Remigio Gandásegui enviaba una carta a la corporación municipal oponiéndose al derribo. Además de aducir los artículos 11 y 12 de la Ley de Congregaciones, el prelado aseguraba que tal medida atentaba contra los derechos espirituales de los ciudadanos de la parroquia, que se verían dificultados en el cumplimiento de los deberes religiosos, y que no tenía en cuenta la importancia histórico-artística del templo. Sin embargo, al igual que ocurriría con el clásico proyecto urbanístico consistente en abrir una nueva calle, prolongación de la de Platerías, derribando con ello la iglesia de la Cruz, retomado en junio de 1936, este del ensanche de la calle de Santiago también quedaría paralizado por las difíciles circunstancias de la etapa republicana.

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