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«El estallido sonó como un cañonazo». Los testigos, aún atemorizados, le relataban al periodista de El Norte de Castilla lo que había ocurrido en la madrugada del 20 de enero de 1981, hace ahora 40 años. Aquella explosión fue la gota que desbordó el vaso de la paciencia en una ciudad demasiado golpeada por la violencia de la extrema derecha. Y es que la bomba que destrozó la sede del PSOE de Valladolid, ubicada en el número 1 de la calle General Ruiz, a las 4,35 de la madrugada, tenía una composición similar a la de los artefactos que anteriormente habían explotado en los locales de la CNT y del PCE (m-l) y en la librería 'Villalar', acciones atribuidas a los grupos de ultraderecha. Consistía en algo más de cuatro kilogramos de pólvora prensada y en una mecha lenta que actuaba como detonante.
Llevaba tiempo Valladolid saliendo en las páginas de los periódicos por sucesos de este tenor. El más grave, el ocurrido en el café 'Largo Adiós' el 6 de enero de 1981, reivindicado por los 'Grupos Armados Revolucionarios': dos disparos de bala alcanzaron en la espalda y en la cabeza al entonces estudiante de 5º curso de Derecho Jorge Simón, calificado por la prensa nacional como «destacado dirigente estudiantil, ex militante del PTE».
Si a ello sumamos la explosión del 9 de diciembre de 1979 en la sede del Movimiento Comunista (MCE), en la Calle Matías Sangrador, reivindicado por un 'Comando Antimarxista' y que provocó la muerte de dos ancianos, el artefacto que en julio de 1980 destruyó parte de la sala de lectura del Archivo Municipal del Ayuntamiento, el cóctel molotov lanzado contra El Norte de Castilla cuatro meses después o los ataques violentos en la Facultad de Derecho, en diciembre de 1980, por militantes del Frente de la Juventud, podemos comprender aquel ambiente de tensión.
El atentado en la sede del PSOE parecía abonar el apelativo, nada cariñoso, de 'Fachadolid' para referirse a esta ciudad, por más que Fuerza Nueva y los grupos falangistas apenas llegaran al 4% de los votos en los comicios nacionales, o que el PSOE gobernara el Ayuntamiento desde abril de 1979. Precisamente el fracaso de los de Blas Piñar en las elecciones generales de marzo de 1979 precipitó que Fuerza Nueva adoptase lo que el historiador José Luis Rodríguez Jiménez ha calificado como «estrategia de la tensión», que tomaba como modelo lo realizado por organizaciones neofascistas en Italia.
Consistía en provocar que los círculos militares involucionistas se embarcasen en un intento de golpe de Estado a través de acciones dirigidas a desestabilizar la vida política del país creando situaciones de desorden e inestabilidad que, a su vez, dieran una sensación de inseguridad a la ciudadanía. Hay quien incluye en dicha «estrategia de la tensión» la planificación de hechos violentos como los ocurridos en Valladolid desde mediados de 1979 hasta principios de 1981, si bien es cierto que muchos de ellos fueron obra de militantes de los también ultraderechistas Frente de la Juventud y Frente Nacional de la Juventud, creados en 1978-1979 como alternativa radical al integrismo católico de la formación de Blas Piñar.
Quienes atentaron contra la sede del PSOE vallisoletano tuvieron que escalar más de cinco metros para llegar a la marquesina de los establecimientos situados en la planta baja, romper uno de los cristales de las ventanas que daban a la calle General Ruiz y colocar el artefacto. La explosión fue de tal envergadura, que también destrozó el muro que separaba el local de las oficinas de la Compañía de Seguros Mapfre. Los daños ascendieron a 5.390.274 pesetas.
Juan Colino y Gregorio Peces Barba, diputados socialistas por Valladolid, intensificaron las presiones sobre el gobierno de la UCD para atajar la violencia en la ciudad. Además de dar una rueda de prensa contra «la falta de respuesta de las autoridades gubernativas» y denunciar «la grave connivencia de policías con personas de ideología ultraderechista», Peces Barba se entrevistó con el ministro del Interior, Juan José Rosón, para instarle a actuar contra «todos los terroristas» y «contra funcionarios de la Policía que manchan el buen nombre del cuerpo y el de otros funcionarios».
Rosón no tardó en llamar al gobernador civil de Valladolid, Román Ledesma Ramos, para que se reuniese con él en su despacho. El atentado contra la sede socialista provocó nuevos cambios en las fuerzas de seguridad: si ya en octubre de 1980 había tomado posesión como nuevo jefe superior de Policía Carlos Enrique Gómez de Ramón, que venía de combatir a la extrema derecha en Córdoba, ahora le tocaba el turno a Francisco Turégano como nuevo jefe de la Brigada Regional de Información.
El rosario de detenciones no se hizo esperar. El 6 de febrero de 1981, este periódico anunciaba la de nueve militantes de ultraderecha, a cuatro de los cuales se les imputaba el atentado del 20 de enero: José L. Hernansanz, Jesús J. Miguel, Francisco J. Ramos y Martín Quintero. Los cuatro, sin embargo, quedarían en libertad por falta de pruebas en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional a finales de enero de 1983.
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Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
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