Cuando la Academia de Caballería pudo convertirse en residencia de estudiantes

Aquellos seis estudiantes acogieron entusiasmados la publicación del Decreto de 30 de junio de 1931 que suprimía la Academia de Caballería. Entre todas las reformas militares previstas por Manuel Azaña, ministro de la Guerra en el primer bienio de la Segunda República (1931-1933), ocupaba un lugar importante la supresión de las Academias militares de Valladolid y Zaragoza para crear, en el Alcázar de Toledo, la nueva Academia de Infantería, Caballería e Intendencia. Y así se hizo. Las reacciones en Valladolid no pudieron ser más encontradas: indignación y protesta en una parte la sociedad, y entusiasmo y esperanza en la más identificada con los ideales de Azaña.

De modo que mientras el 3 de julio de 1931 los contrarios a la supresión se manifestaban por las calles y los comerciantes, siguiendo la propuesta de la Asociación Patronal de Comercio e Industria, cerraban a cal y canto sus negocios, otros colectivos aprovechaban la disposición azañista para aplaudirla y, de paso, proponer nuevos destinos para la Academia de Caballería, que en breve pasaría a denominarse «Cuartel de la República». Los primeros en hacerlo fueron seis representantes de la republicana Federación Universitaria Escolar (FUE) de Valladolid: Waldo Merino, Manuel Vives, Ángel Pascual, José González Orbaneja, Ricardo Ballinas y Fernando Arias.

Su razonamiento era que, siendo Valladolid un gran centro de enseñanza, en el que destacaban las Facultades de Medicina, Derecho e Historia, las Escuelas de Maestros y Maestras, Industrial, de Música, de Artes y Oficios y de Comercio, era del todo necesario contar con una digna Residencia de Estudiantes, al estilo de la madrileña, para proporcionar alojamiento a los universitarios y crear a su alrededor todo un entramado cultural y académico. «La Academia de Caballería es ante todo una residencia, y se halla acondicionada perfectamente para este fin», afirmaban. Su nota llegó a las mesas de los Ministerios de Instrucción Pública y de la Guerra, y en ambos casos la idea se acogió con agrado. El mismo gobernador civil, Guardiola Ortiz, habló sobre ello con el responsable de la cartera de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, «al que le ha parecido muy bien la aspiración de los escolares de esta ciudad», confesó días después. Tampoco faltaron periódicos de tirada nacional, como 'Libertad' y 'Crisol', que la apoyaron, y periodistas como José G. Santelices que se apresuraron a escribir a su favor.

Pero no fue esta la única propuesta ante la supresión de Caballería. Pocos días después, concretamente el 15 de julio de 1931, un grupo de investigadores que realizaban parte de su trabajo en el Archivo de Simancas hacían pública una nota pidiendo el traslado de este al edificio militar. Argüían que el Archivo simanquino, «por la distancia e incomodidades del lugar, no es visitado ni, mucho menos, conocido por los estudiantes universitarios, ni lo visitan tampoco los investigadores españoles, con grave detrimento de la cultura histórica de España». Además de ahorrar «a los investigadores las incomodidades del viaje diario a Simancas», el traslado del Archivo, según los firmantes, favorecería a los profesores de Universidad, que podrían «encomendar a sus alumnos el encargarles tesis prácticas y originales sobre diversos temas de investigación».

Firmaban dicha propuesta Luis de Sarasola, Jacques Supiot, Fritz Wálser, Charles Carroll Griffin, Consuelo Aparicio, Amada López Meneses, Modesto Sarasola, el P. Francisco Manuel Alvés, Otto Conde de Looz-Wasen, Agustín Cacho, y Romualdo Cardarelli. Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública en ese momento, prometió estudiarla y llevarla a las Cortes. Entretanto, el general jefe de la División de Valladolid intentaba convencer a Azaña para que no acometiese la supresión de la Academia. «Nada puede hacerse, pues obedece a un plan general de reforma militar», le contestó el ministro, que, no obstante, le propuso como contrapartida el traslado a Valladolid de la Maestranza de Sevilla. Pero nada de todo lo visto llegó a materializarse. Hasta su restablecimiento en 1939, la antigua Academia de Caballería albergó numerosas y diversas unidades militares, lo que obligó a acometer costosas reformas en el edificio. Los estudiantes de la FUE se quedaron sin residencia y los documentos de Simancas no se movieron de su histórico Archivo.

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