1988: la huelga que paralizó España y divorció a los socialistas

a jornada de huelga general convocada por los sindicatos contra la política socioeconómica del Gobierno tuvo un seguimiento masivo, calificado por Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez como 'un triunfo rotundo e histórico'. Según los datos facilitados por las centrales el paro fue secundado por 7.800.000 trabajadores, alcanzando el 90 por ciento en las principales ciudades del país». En efecto, como señalaba El Norte de Castilla en un grueso titular publicado el 15 de diciembre de 1988, «La huelga general paralizó España».

Porque el 14-D de 1988 no fue solo la demostración del poder sindical y la protesta más rotunda de los trabajadores españoles en la historia de nuestra democracia, sino también el principio del fin de la íntima y fraternal sintonía entre el PSOE y la Unión General de Trabajadores.

Más allá de diferencias personales, que también las hubo, la principal motivación de aquella inaudita rebelión del sindicato socialista se basaba en el «rechazo a una política social lesiva para los trabajadores y para los sectores más desfavorecidos a los que, por cierto, dicho Gobierno decía representar». Son palabras del entonces secretario general de UGT, Nicolás Redondo, principal artífice de la protesta contra un Gobierno y un líder, Felipe González, a quien él mismo había contribuido a encumbrar en la Secretaría General del PSOE en el famoso Congreso de Suresnes de 1972.

Antes ya de las elecciones de octubre de 1982, que dieron al Partido Socialista la mayoría absoluta, sindicato y partido habían protagonizado importantes episodios de tensión. Desde la Dirección ugetista se criticaba la poca consideración de los responsables del PSOE hacia UGT, sobre todo a la hora de captar a sus militantes más cualificados para las listas electorales, pero también la escasa conexión en la presentación de proyectos en Cortes.

Luego, ya con el PSOE en el poder y con Felipe González al frente del Ejecutivo, sindicalistas de renombre comenzaron a denunciar ciertos aspectos de la política económica, que a su juicio colocaban al trabajador en una posición de franca debilidad frente al mercado de trabajo al estabilizar la temporalidad.

Como ha escrito Álvaro Soto Carmona, a partir de 1986 la dirección de UGT comenzó a preocuparse seriamente por los costes que para su acción sindical suponía la política del Gobierno, especialmente en las grandes empresas, donde CCOO le estaba arrebatando delegados sindicales.

Al mismo tiempo, varios responsables del PSOE consideraban a Nicolás Redondo, cada vez más crítico con la política laboral, un obstáculo serio para sus intereses. En 1987, ya con Carlos Solchaga al frente del Ministerio de Economía, la buena marcha de la coyuntura económica redobló las presiones de UGT para un reparto más solidario de la 'tarta', al tiempo que el relevo al frente de CCOO, donde Marcelino Camacho dejó paso a Antonio Gutiérrez, facilitó la unidad de acción.

La gota que colmó el vaso de la paciencia sindical fue el Plan de Empleo Juvenil del Gobierno, que UGT y CCOO rechazaron porque, a su juicio, interfería negativamente en la distribución de renta y en el reparto de empleo, suponía una intromisión intolerable en el mercado de trabajo a favor de los intereses empresariale.

UGT y CCOO no dudaron en calificar dicho plan, y el conjunto de la política económica de Solchaga, de verdadero ataque al sindicalismo y al movimiento obrero español. Ante la convocatoria de un «paro general de 24 horas», el Gobierno de González reaccionó acusándoles de cinismo y corporativismo, de impulsar una huelga revolucionaria con intenciones políticas, y de sucumbir a la estrategia comunista.

Aquella huelga fue un éxito espectacular. La interrupción de la emisión de Televisión Española a las cero horas lo decía todo. Pararon casi ocho millones de trabajadores y el cien por cien de las plantillas en Transportes, Alimentación, Metal, Hostelería y Construcción.

El mismo Felipe González reconoció al día siguiente «el amplio seguimiento» de la huelga y se mostró dispuesto a discutir con los sindicatos la política económica del gobierno; de hecho, poco después intensificaría el gasto público e incrementaría el gasto social, además de retirar el Plan de Empleo Juvenil.

A pesar de ello, las relaciones entre PSOE y UGT no se enderezaron: el XXXV Congreso del Sindicato, celebrado en abril de 1990, confirmaría la ruptura del modelo de relaciones con el partido que había presidido su historia desde 1888.

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