1986: renuncia de Demetrio Madrid

Todo se precipitó al hacerse públicas las dificultades económicas de un negocio familiar surgido al calor del cooperativismo en los años sesenta en el barrio zamorano de San José Obrero. Para salvar la empresa y los puestos de trabajo, en junio de 1985 se procedió a su venta. La polémica no tardó en estallar. Se habló de dejación de funciones, de anomalías en las retribuciones a las trabajadoras y hasta de una inminente suspensión de pagos; los cinco despidos ejecutados por el nuevo empresario agravaron la situación, sobre todo cuando la Magistratura de Trabajo falló a favor de las trabajadoras y hubieron de ser readmitidas. La cadena Ser de Valladolid ser erigió en altavoz privilegiado de las afectadas.

Temiendo un cierre, las empleadas fueron solicitando escalonadamente la rescisión de contrato. En un primer momento, Magistratura desestimó las peticiones; pero poco después, ante el exceso de meses que llevaban sin cobrar, las aceptó y condenó a la empresa a indemnizar a las 13 trabajadoras.

El 20 de diciembre de 1985, 11 de ellas decidieron interponer querella criminal. Su intención era demostrar que la venta no había sido real, sino simulada, con la intención de defraudar los derechos de las empleadas, que dejaron de percibir sus salarios un mes después de efectuarse la operación.

El Pleno de la Audiencia, instancia competente en el caso por el aforamiento del presidente, admitió a trámite la querella a principios de enero del año 1986. A la vuelta del verano, el rumor del procesamiento era cada vez más fuerte; también, el de la dimisión de Demetrio Madrid López.

El 29 de octubre de 1986 saltó la noticia: Teófilo Ortega Torres, presidente del Pleno de la Audiencia Territorial, hacía pública la decisión de procesar al presidente de la Junta por presunto delito social. Para Demetrio Madrid no era una sorpresa. De madrugada le había avisado el ministro del Interior, José Barrionuevo. Convencido de su inocencia y de que todo era una trampa para acorralarle, decidió viajar a Madrid para recabar apoyos de Ferraz. Lo hizo con su mano derecha, el vicepresidente y consejero de Agricultura y Ganadería Jaime González.

El encuentro fue frustrante. Su interlocutor, José María 'Txiki' Benegas, secretario de Organización y número tres del PSOE, le recibió junto a José Luis Corcuera, como miembro de la Ejecutiva Federal, y Guillermo Galeote, como secretario de Imagen del partido; y no le expresó el apoyo orgánico y político que esperaba.

En su viaje de regreso, Madrid llamó a sus consejeros desde el coche y les transmitió su decisión de renunciar; al responsable de prensa y portavoz, Javier Tezanos, le encomendó convocar una rueda de prensa y una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. También ordenó reunir a la Junta de Consejeros. Por lealtad institucional, encargó a Jaime González que se lo comunicara al líder de la oposición popular, José María Aznar; incomprensiblemente Aznar, al conocer la voluntad del presidente, se apresuró a salir a la palestra pública para exigirle la dimisión en 24 horas.

En el comunicado hecho público ante los periodistas a las 21:45 del 29 de octubre de 1986, Demetrio Madrid señalaba que su dignidad, la de las instituciones que representaba por elección democrática y la dignidad de su partido no le permitían seguir en el cargo:

«He llegado a la conclusión de que, siendo inocente del cargo que se me imputa, es más positivo, para la democracia y para la Comunidad que represento, que me someta a la acción de la Justicia desprovisto de la alta responsabilidad que el pueblo de Castilla y León, a través de sus Cortes, depositó en mis manos. Como hasta ahora, seguiré defendiendo los ideales de libertad y progreso, que han sido y son, para mí, exigencia constante de esfuerzo y sacrificio. Ojalá que esta decisión sirva para consolidar nuestra Comunidad y nuestro sistema político basado en la democracia y en la justicia».

Antes del juicio, Madrid, defendido por el abogado José María Mohedano, recusó y logró apartar a nueve de los 12 magistrados de la Audiencia Territorial de Valladolid, constituida en Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), por haber participado en la instrucción de la causa. El fiscal solicitó para él tres meses de arresto y 300.000 pesetas de multa por descuidar la dirección de su taller. Sin embargo, en enero de 1990, la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ dictó sentencia no solo absolutoria, sino incluso laudatoria para Demetrio Madrid, pues venía a decir que se excedió en sus obligaciones laborales. Sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en 1993.