1983: Rumasa, el primer escándalo financiero de la democracia

La expropiación de los bancos y otras sociedades del grupo RUMASA ha sido dispuesta por un gobierno mediante un real decreto ley acordado en el Consejo de Ministros de hoy». La información, publicada el 24 de febrero de 1983, era escueta pero contundente. Y hacía referencia, ni más ni menos, que al primer escándalo financiero de la democracia: la expropiación del holding Rumasa, propiedad del empresario jerezano José María Ruiz Mateos.

Un imperio nacido en mayo de 1961 con 300.000 millones de capital y que, en apenas dos décadas, se convirtió en un enorme complejo empresarial formado por, según datos oficiales, más de 700 empresas, 20 bancos, 48.000 trabajadores, un déficit patrimonial cercano a los 260.000 millones de pesetas, unas pérdidas acumuladas de 346.000 millones, un capital social de 17.000 millones y unas reservas de 69.753 millones.

«Mientras José María Ruiz Mateos permanecía, junto con sus asesores, encerrado en su chalet de Somosaguas, la Administración socialista comenzaba el arduo trabajo de poner en orden las finanzas del 'holding'», informaba El Norte de Castilla el 26 de febrero de 1983. ¿Qué había ocurrido? Según la declaración del portavoz del Gobierno socialista, Eduardo Sotillos, la intervención se había hecho para «garantizar plenamente los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros, que considera gravemente amenazados».

Tal y como se publicó en su momento, cuando aquel 23 de febrero de 1983 el Consejo de Ministros decidió expropiar Rumasa, las deudas frente a terceros del holding ascendían a 1,08 billones de pesetas, mientras que el valor de los activos era de 821.737 millones. Rumasa estaba, por tanto, en situación de quiebra técnica. Lo cierto es que desde hacía tiempo el gobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles, le había hecho serias advertencias al empresario quien, sin embargo, hizo caso omiso de ellas. Dichos avisos advertían de que la función de los bancos no podía consistir en financiar a empresas vinculadas directamente a ellos. Tras los informes llegaron las inspecciones continuas a los bancos y empresas del grupo hasta que, 14 días antes de la expropiación, el Banco de España emitía un informe en el que detallaba irregularidades en Rumasa como el uso frecuente de los créditos de una sociedad distinta de la que figuraba como titular del mismo. También señalaba que no eran ciertas las cifras que se declararon a la Central de Información de Riesgos, que se eludían las limitaciones sobre volumen de créditos y que era práctica generalizada el pago de intereses de los créditos mediante la concesión de otros nuevos.

Días antes de la decisión, el mismo ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, anunció en rueda de prensa que enviaría inspectores a Rumasa si la entidad no terminaba la auditoría que se la había reclamado. Finalmente, en un largo Consejo de Ministros celebrado el 23 de febrero de 1983, el Gobierno optó por la expropiación. La intervención la llevaron a cabo en la sede central de Rumasa, en el paseo de Recoletos de Madrid, un inspector de policía y dos miembros de la Policía Nacional. Ruiz Mateos huyó al extranjero: primero a Londres y luego a Fráncfort, de donde fue extraditado en 1985.

Según las explicaciones de Boyer y del entonces titular de Industria y Agricultura, Carlos Solchaga, Rumasa se había convertido en un enorme conglomerado empresarial con una doble contabilidad, un agujero patrimonial de más de 111.000 millones de pesetas, una deuda tributaria y fiscal de alrededor de 20.000 millones y una peligrosa concentración de riesgos en sus bancos. Aseguraban además que arrojaba unas pérdidas de 9.000 millones frente a los 5.000 de beneficios que presentaba.

Entre el enorme conglomerado de empresas y bancos que componían Rumasa destacaba el Banco Atlántico, Galerías Preciados, Almacenes Sears, Hispano Alemana de Construcciones, la cadena hotelera Hotasa, varias bodegas en Jerez y La Rioja, Loewe, etc. Aunque la decisión del Gobierno recibió el apoyo de notables empresarios y banqueros, varios diputados de Alianza Popular presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, que terminaría desestimándolo.

• Temas
• Suplemento 165 aniversario El Norte de Castilla