1976: rumbo hacia la democracia

El editorial de El Norte de Castilla, publicado el mismo 15 de diciembre de 1976, fecha de celebración del referéndum de la Ley para la Reforma Política, no dejaba lugar a dudas. El decano de la prensa cerraba filas en torno a la estrategia reformista liderada por Adolfo Suárez, por entender que se trataba de la mejor manera de transitar hacia la democracia.

Urdida por el entonces presidente de las Cortes franquistas, Torcuato Fernández Miranda, en total complicidad con el rey Juan Carlos I y el presidente del Gobierno, la ley era concebida como el instrumento idóneo para desbloquear una situación política heredada sin salida, y se presentaba además como una alternativa viable a la opción rupturista abanderada por la oposición.

La idea de fondo consistía en transitar hacia la democracia desde las propias instituciones, llevar a cabo la reforma desde la legalidad franquista y hacerlo a través de los cauces institucionales que ella misma contemplaba. Se ha hablado, por tanto, de reforma en el procedimiento y ruptura en los objetivos, pues el fin último de la ley no era otro que la democratización plena del sistema, lo que conllevaba, evidentemente, la desaparición de las instituciones del régimen franquista.

La ley comenzó a elaborarse a mediados de julio de 1976 y el Gobierno la dio a conocer una vez aprobada en Consejo de Ministros, el 10 de septiembre; dos días antes, además, había sido aceptada por la cúpula militar en una reunión con Suárez en la que este mantuvo una gran indefinición sobre el alcance real de la futura norma, prometió respeto a la legalidad y la exclusión del Partido Comunista.

Aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976, en una sesión que ha pasado a la historia como el harakiri de dicha institución, El Norte de Castilla acogió efusivamente el resultado de la votación por entender, con toda razón, «que un período de régimen personal y autoritario ha quedado clausurado y que se abre un período de participación democrática. La soberanía le ha sido devuelta al pueblo y éste manifestará su voluntad en las próximas elecciones: en adelante, todo debería ocurrir, pues, como en una democracia más de tipo occidental y parlamentario. Las Cortes han parecido al fin conscientes de que el mayor servicio que podían hacer al país era votar su propia disolución y el fin de todo un aparato institucional del que dependían y se les debe agradecer por ello».

Una vez aprobado, el proyecto debía ser sometido a su ratificación en un referéndum nacional. Este se celebró el 15 de diciembre de 1976. La extrema derecha –Fuerza Nueva, Falange Española y de las JONS– llamó a su electorado a votar en contra de la ley, lo que motivó que la oposición de izquierdas, abanderada de la ruptura democrática, promoviera la abstención. De hecho, el día anterior al referéndum cerca de 150 jóvenes organizaron una marcha pacífica en torno a la Plaza Mayor de Valladolid pidiendo la abstención; fueron disueltos por la policía en la calle de Santiago y dos de ellos resultaron detenidos y puestos a disposición judicial.

El resultado del referéndum no arrojó sorpresas: con una participación del 78,4%, el pueblo español ratificó la ley con un 94,2% de los votos emitidos; solo el 2,6% votó en contra.Valladolid tampoco desentonó de ese clima propicio a la reforma política. El Norte de Castilla aportó los datos definitivos el 17 de diciembre: con una participación del 83%, superior, por tanto, a la media nacional, los votos afirmativos superaron el 91% (216.504), la abstención fue del 16,7% y los votos negativos, 9.017 en total, esto es, el 3,80%, también rebasaron la media de la nación.

En participación en la provincia vallisoletana destacó el municipio de Matilla de los Caños, donde votó el 100% del censo (102 habitantes con derecho a voto), y la abstención fue superior al 26% en distritos del extrarradio como La Overuela, Puente Duero y el Pinar de Antequera; también en La Victoria superaron el 20,16% quienes decidieron no votar.

El resultado, en definitiva, supuso una victoria política y moral del Gobierno liderado por Suárez. La Ley para la Reforma Política reconocía el principio de la soberanía popular y los derechos fundamentales de la persona, al tiempo que creaba unas Cortes democráticas con un presidente nombrado por el Rey y dos Cámaras, Congreso y Senado, elegidas por sufragio universal. Además, el monarca tendría la capacidad de nombrar senadores en un número no superior al 20% de los elegidos y podría someter a referéndum cualquier «opción política de interés nacional, sea o no de carácter institucional».