1953: aval vaticano al reconocimiento del Franquismo en el extranjero

Es de singular importancia la firma de un Concordato entre la Santa Sede y España. Esto significa un reconocimiento explícito de nuestra continuidad católica y afianza el prestigio y jerarquía del Jefe del Estado español, quien desde el principio de nuestra Cruzada hizo una afirmación de fe, restaurando el respeto y la devoción de los españoles hacia instituciones seculares, que el Alzamiento Nacional tuvo como base para espiritualizar con un sentido religioso a nuestra patria, y que si en la Reconquista fue ganando escalones en el territorio nacional, llega a su meridiano con los Reyes Católicos y culmina en un momento crítico de nuestra historia formando un frente indestructible ante las doctrinas de Calvino y Lutero». El editorial del 28 de agosto de 1953, un día después de la firma del Concordato con el Vaticano II, recogía en gran medida la retórica nacionalcatólica imperante en España. Pero era mucho más que eso.

Después de los tiempos del ostracismo internacional, la Dictadura franquista precisaba gestos potentes de reconocimiento exterior. Uno de ellos era, desde luego, el Concordato con el Vaticano, que se firmó el 27 de agosto de 1953.Aunque su gestación no fue fácil, finalmente se llegó a un acuerdo muy favorable a los intereses de ambas partes, si bien, a decir de los máximos especialistas, fue la Iglesia católica la que más ventajas obtuvo en orden a afianzar su predominio ideológico y social. Bien es cierto que el Vaticano esperó a que el Régimen franquista recibiese otros avales internacionales de envergadura, y en este sentido actuó muy favorablemente la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 4 de noviembre de 1950; en efecto, en virtud de la misma, se revocaba la recomendación de retiro de embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno español, así como la recomendación que impedía a España ser miembro de los organismos internacionales establecidos por las Naciones Unidas.

De esta forma, el ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín-Artajo por parte española, y Domenico Tardini, prosecretario de Estado para Asuntos Extraordinarios Eclesiásticos, por parte vaticana, firmaron un texto que, entre otras cosas, certificaba la confesionalidad del Estado español y la libertad e independencia de la jurisdicción eclesiástica, establecía festividades religiosas de obligado cumplimiento y la asistencia religiosa en establecimientos públicos y privados de enseñanza y en las Fuerzas Armadas, aseguraba el sostenimiento financiero de la Iglesia, refrendaba el monopolio católico del culto público y en la enseñanza religiosa en instituciones públicas, establecía exenciones fiscales para la Iglesia, el derecho a constituir universidades católicas, la censura religiosa en materia cultural, la protección contra la intrusión policial en propiedades de la Iglesia y la exención del servicio militar para el clero.

A su vez, las contrapartidas para el Gobierno español no eran ciertamente abundantes, pues con el derecho de presentación, Franco intervenía en el nombramiento de nuevos obispos para, de esta manera, asegurarse que no eran hostiles al Régimen. Sin embargo, para la Dictadura, la firma del Concordato era esencial porque reforzaba su legitimidad interna e internacional. No en vano el Vaticano aparecía como garante de que España era un país regido por gobernantes católicos, lo que facilitaba, en aquel contexto de Guerra Fría, la aceptación implícita por los gobiernos europeos.

Además de todo lo dicho, El Norte de Castilla destacaba otros dos aspectos contenidos en el Concordato: «El que se refiere al estatuto que España mantiene en su Protectorado de Marruecos, y lo que representa para la conservación del tesoro artístico religioso el que el Estado tenga opción para la compra de aquellos objetos interesantes, estableciendo una relación entre el Poder público y los organismos religiosos que puede ser muy útil para conservar, restaurar y adquirir obras artísticas que, de otro modo, se perderían, como se han perdido tantas. Este concierto espiritual debe servir de alegría y júbilo a los españoles, que ven restauradas las relaciones entre la Iglesia y el Estado español, ratificándose con ello con un sentido jurídico e histórico los derechos tradicionales que los Soberanos Pontífices han concedido a nuestra Nación».