1923: dictadura de Primo de Rivera

Decía que llegaba para regenerar el país y salvarle de su postración, que su movimiento patriótico era «para hombres» y que quien «no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria esperamos»; en septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera daba un golpe de Estado y, con la aquiescencia de la Monarquía, suspendía todas las garantías constitucionales para afrontar, decía, el rescate de España.

Aquel Manifiesto, fechado el 13 de septiembre de 1923, repudiaba en el fondo el liberalismo vigente, condenaba a los «políticos profesionales» y reaccionaba contra quienes zaherían al Ejército por el desastre de Annual, ocurrido dos años antes en suelo marroquí. El auge de los nacionalismos periféricos, sobre todo en Cataluña, y la creciente tensión social allanaron el camino al dictador, que además contó con el apoyo implícito del rey Alfonso XIII. Era, para muchos, el 'cirujano de hierro' que el país necesitaba para extirpar de raíz todos los males que le aquejaban.

Valladolid y 'El Norte de Castilla' ocupaban, además, un lugar privilegiado en la inquina del general. Ya en el citado Manifiesto, Primo de Rivera no solamente advertía de que «abriremos proceso que castigue implacablemente a los que delinquieron contra la Patria, corrompiéndola y deshonrándola», sino que apuntaba directamente al propietario del decano de la prensa: «El proceso contra don Santiago Alba queda, desde luego, abierto, que a éste lo denuncia la unánime voz del país».

Fundador de la Izquierda Liberal Monárquica, Alba había sido ministro de Estado en el año 1922, en plena crisis marroquí: las negociaciones con el caudillo Abd-el-Krim para la liberación de soldados españoles fueron interpretadas por Primo de Rivera como un acto de alta traición. De inmediato, decidió procesarle por tráfico de influencias y por apropiación de fondos públicos, al tiempo que sus seguidores, los famosos 'albistas' (Enrique Gavilán, Francisco de Cossío, Leopoldo Stampa, Emilio Gómez Díez, etc.), eran perseguidos políticamente.

Evidentemente, El Norte de Castilla tampoco se vio a salvo de las acometidas primorriveristas: junto a la censura, sufrió varias multas y cierres temporales por la publicación de artículos no autorizados por el régimen, llegando a ser suspendida su publicación durante 23 días en el año 1926.

Con Alba exiliado en París y el con el nuevo régimen dictatorial registrándole minuciosamente las cuentas, la vida política tomó un nuevo rumbo. Por Real Decreto de 30 de septiembre de 1923 se procedió a a la disolución de todos los ayuntamiento y a la destitución de los alcaldes, junto a las demás corporaciones municipales existentes. Siguiendo las órdenes del coronel de Artillería Joaquín de Gardoqui, delegado gubernativo del nuevo régimen, la Corporación vallisoletana celebró sesión extraordinaria el 1 de octubre y procedió a relevar a los concejales.

El médico José María Morales Moreno sustituyó a Isidoro Villa al frente de un nuevo Ayuntamiento completamente adicto al régimen y a su partido, la Unión Patriótica. Comenzaba lo que el profesor Jesús María Palomares ha denominado un «caciquismo de nuevo cuño» que dejaba la administración de la ciudad bajo el mando de los afectos a la UP, mientras Ayuntamiento y Diputación quedaban a merced de la arbitrariedad de los gobernadores civiles.

Es más, el germen del partido político oficial surgió en la provincia vallisoletana a partir de esa Unión Patriótica Castellana auspiciada por influyentes prohombres del catolicismo social y político de la ciudad, liderados por Eduardo Callejo, futuro ministro de Instrucción Pública.

Una vez disueltos los ayuntamientos, el régimen dictatorial procedió a la elaboración de una nueva normativa que cristalizó en el Estatuto Municipal de 1924, defendido por Calvo Sotelo, que si bien decía cifrar en las células locales la regeneración social, en realidad las sometió a un control absorbente.

El Estatuto provocó un inestable trasiego de alcaldes, como lo demuestra el caso vallisoletano: entre 1923 y 1930 solo un edil, Arturo Illera, permaneció tres años seguidos en el cargo. Vicente Moliner estuvo casi dos años, Federico Santander uno y los cinco alcaldes restantes, una media de algo más de dos meses. Los más fructíferos fueron los 11 meses de Vicente Moliner Vaquero (de 11 de diciembre de 1924 a 6 de noviembre de 1926), gran activista de la Unión Patriótica cuyos principales afanes se centraron en el trazado, reforma y urbanización de calles, pavimentación de calzadas y aceras y mejora de las comunicaciones con el extrarradio. Asimismo, durante su mandato tuvo lugar la espectacular visita a Valladolid del general Primo de Rivera (octubre de 1925), quien asistió a la jura de bandera de uno de sus hijos en la Academia de Caballería.

Pero Arturo Illera fue, sin duda, el alcalde más emblemático de la ciudad durante el régimen primorriverista. Fundador y líder de UP, aunque estudió Derecho se dedicó de lleno a explotar los negocios familiares, ejerció como diputado en la Asamblea Nacional durante dos legislaturas y fue también diputado provincial y vicepresidente de la Diputación.

Su gestión municipal, del 6 de noviembre de 1926 al 26 de febrero de 1930, se caracterizó por la mejora de las condiciones sanitarias de la ciudad a través, por ejemplo, de la puesta en marcha del servicio de recogida de basuras y bomba para el riego de calles; o el impulso a obras públicas tan relevantes como la construcción de la Casa de Socorros, el Colegio Militar de Santiago, las Escuelas Normales de Magisterio, la pasarela del Arco de Ladrillo o el grupo de viviendas militares de la calle de María de Molina. Con Illera en la alcaldía se creó la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero, se inauguraron las primeras líneas de los autobuses urbanos, se dio impulso al proyecto ferroviario Vigo-Valladolid-Barcelona y, hacia el final de su mandato, se contabilizaron 140 escuelas construidas en la provincia desde el inicio del régimen. Claro que también le tocó lidiar con los primeros síntomas de agotamiento político, que en Valladolid se tradujeron en una creciente oposición estudiantil, con cierre de la Facultad de Medicina incluido (abril-mayo de 1929).

En marzo de 1930, después de dos meses de alcaldía interina del conocido industrial Emeterio Guerra, el monárquico Federico Santander tomaba las riendas del Ayuntamiento coincidiendo con la jefatura del Gobierno del general Dámaso Berenguer. Era, de facto, el final del régimen de excepción impuesto en septiembre de 1923.

Entretanto, el Tribunal Supremo había decidido archivar el proceso contra Santiago Alba al no encontrar indicio alguno de las acusaciones que se le imputaban. Desde París, el propietario de 'El Norte de Castilla' celebraba la decisión y no ocultaba su profunda decepción hacia la monarquía alfonsina. La cultura política republicana ganaba adeptos en las grandes capitales, aupada en buena medida por el descrédito del monarca.