Los dueños piden el desalojo cautelar de La Molinera y acusan de usurpación a dos activistas

Así que el juicio por los hechos ocurridos el 21 de marzo, cuando el inmueble fue desalojado y reocupado en una misma mañana, ante un grupo de personas que representaban a la anterior y la actual propiedad del inmueble (entonces era la sociedad Kelona y ahora es la sociedad zamorana Zangano), que ejerce la acusación en esta causa y que ha solicitado el «desalojo cautelar» del inmueble para tomar posesión del mismo, sin que hayan desvelado posibles proyectos para un uso futuro. El fiscal ha considerado que los activistas, que reocuparon el antiguo hotel de cinco estrellas a la salida de la comisión judicial y los agentes que previamente habían ejecutado su lanzamiento aquel 21 de marzo, cometieron un delito de coacciones sobre los representantes de la propiedad, a los que 'invitaron' a salir del inmueble y a los que, según han declarado ellos mismos, «intimidaron en cierto modo» para hacerlo (sin violencia física). La acusación pública ha pedido una pena de multa de 240 euros (dos meses a razón de cuatro euros diarios) para los dos activistas por el delito leve de coacciones y, de manera susidiaria, una pena de multa de 480 euros (cuatro meses a cuatro euros diarios) por un delito de usurpación.

La acusación particular, en representación de Zangano Inversiones (la sociedad que ostenta la titularidad del inmueble desde el 30 de marzo), ha solicitado una pena de multa de 1.500 euros (cinco meses a razón de cinco euros diarios) exclusivamente por un delito de usurpación -léase 'okupación'- del inmueble y ha pedido al juez que acuerde el «desalojo cautelar del inmueble» después de confirmar que la propiedad «no autoriza la utilización de este espacio».

Los abogados defensores de los dos activistas de La Molinera, uno de los cuales residía en el inmueble aquel 21 de marzo, han solicitado su absolución y han puesto en duda la representatividad de los denunciantes, que aquella mañana se identificaron como 'brokers' inmobiliarios y representantes de la propiedad, para denunciar la ocupación del edificio. Ellos han explicado hoy que ese día simplemente acudieron por orden de su «jefe», que representaba a la propiedad, para recoger las llaves en cuanto el cerrajero cambiase las cerraduras y que tuvieron que irse al sentirse «intimidados» cuando los activistas volvieron a acceder al edificio en cuanto se marchó la comisión judicial que había ejecutado el alzamiento.

El único acusado que se ha sentado en el banquillo, en cualquier caso, ha justificado que él simplemente imparte un taller desde hace dos años en el centro social y que la asamblea les ha comunicado que cuentan con una «autorización verbal» de los anteriores propietarios (los que cerraron, en teoría, el hotel después de dar la espantaba a comienzos de 2017). «¿Si el dueño les hubiera dicho que se fueran se habrían ido?», interrogó el juez. A lo que el hoy acusado respondió con un «sí, claro».

El fiscal puso en duda esta última afirmación y el abogado de la sociedad que adquirió el inmueble ha incidido en que «no tienen autorización para estar allí». El juicio ha quedado visto para sentencia. Un grupo de activistas del centro social, por su parte, han permanecido durante la celebración del juicio a las puertas de los Juzgados de la calle Angustias para defender el actual uso del antiguo hotel y apoyar a su compañero.