Los dueños de Cooper, el perro que murió violentamente con cuyo cadáver convivieron en la cocina, se enfrentan a penas de prisión

En concreto, la Fiscalía sólo inculpa al varón como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal y le pide un año de prisión y tres de inhabilitación para ejercer profesión, oficio o comercio relacionado con los animales.

Sin embargo, las acusaciones populares que ejercen Libera y Defaniva, solicitan penas que suman tres años y ocho meses para cada uno de los integrantes de la pareja por un delito continuado de maltrato animal y otro de maltrato con resultado de muerte, teniendo en cuenta la agravante de abuso de superioridad, ya que el perro tenía seis meses.

Además, piden que la inhabilitación para trabajar con animales se extienda a lo largo de cuatro años y medio por el primero de los delitos y hasta seis años por el segundo.

La acusación popular considera que, por un lado, se produjo un delito continuado de maltrato del perro, que fue adoptado por la familia a través de Defensa Animal Valladolid (Defaniva), algo que considera que se puso de manifiesto en la declaración policial de la menor que vivía en el domicilio, y separa como un hecho diferenciado la muerte del animal como resultado de un maltrato ocurrido un día.

Además, mientras que el Ministerio Fiscal dirige su acusación solo contra el varón de 41 años al que inicialmente investigó la Guardia Civil por un presunto delito de maltrato, las acusaciones populares inicialmente consideran responsable también a su pareja, ya que conocía los hechos, evitó denunciar el maltrato al que era sometido el can y además colaboró y encubrió su muerte.

La Asociación Animalista Libera llegó a pedir que se investigara también un posible maltrato a la niña que convivió durante tres meses en la vivienda con el cadáver del perro, algo que inicialmente denegó el Juzgado de Instrucción y ratificó la Audiencia Provincial de Valladolid.

Para ello, Libera presentó un informe pericial psicológico elaborado por expertos de la (CoPPA) en violencia infantil, al que también pretendía adherirse la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA).

Cooper fue adoptado por la familia de Santovenia de Pisuerga Valladolid en marzo de 2018 y encontrado muerto con signos de violencia el 20 de agosto en la cocina del domicilio de los adoptantes, una familia compuesta por una pareja y una niña de seis años, que habían mantenido el cadáver encerrado y tapado bajo mantas durante varios meses. En la boca del animal se encontró un trapo con el que pudo producirse el ahogamiento del perro. Tras conocerse el caso se produjeron protestas en Valladolid para pedir el endurecimiento de las penas contra el maltrato animal.