La drástica reducción de las inspecciones en Valladolid dispara el consumo de tabaco en los bares

La legislación de 2005 y su vuelta de tuerca en 2010 para endurecerla, especialmente en los espacios de hostelería, logró un fuerte impacto en sus primeros años por una marcada labor inspectora y también por el impulso de la novedad y el respeto a la normativa. Trece años ya de antigüedad han traído relajación y más cuando se comprueba que no pasa nada, sobre todo en horarios de tarde y noche, que ni apenas hay expedientes ni sanciones.

No obstante, el efecto protector de la normativa hacia el fumador pasivo se logra porque hay un generalizado y amplio cumplimiento por parte de los establecimientos y clientela dispuesta a respetar la ley y a los que no fuman y también otra muy capaz de denunciar. También porque la mayoría de los establecimientos han hecho bien sus deberes y colocado terrazas y calefacción para que el que enciende el cigarrillo pueda combinar su hábito con su consumo dentro del bar. Pero la vigilancia desde la Consejería de Sanidad ha sufrido una drástica reducción. Así, en 2015, Valladolid registraba ya solo 1.125 inspecciones que dieron lugar a 119 expedientes; de los que 27 se resolvieron con multa. Un año más tarde, el control incluso subió a 1.343 visitas de los responsables de Salud Pública que abrieron 140 actas e impusieron 101 sanciones. En 2017, las inspecciones ya cayeron a solo 724 que mantuvieron un número digno de expedientes en correlación a su escasez, 140, y sancionaron en 164 ocasiones. Los números cayeron aún más el último ejercicio y solo se llevaron a cabo 589 visitas de representantes de Salud Pública; de las que resultaron 111 expedientes y 52 multas.

Descienden, por lo tanto, las inspecciones y las causas de esta drástica bajada son, según fuentes sanitarias, fundamentalmente de organización interna. Mientras en otras comunidades, el Comisionado para la Droga –y, ligado a él, la labor inspectora– está bajo el paraguas de Salud Pública, en la Junta de Castilla y León este es un departamento bajo la dirección de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Además, la inspección forma parte del Ordenamiento Sanitario y cuando lo ejercen los farmacéuticos dentro de dicho ámbito tienen un horario limitado a la mañana, no hay un control permanente como sí se aprobó en su día, con un complemento salarial, a raíz del problema de las llamadas 'vacas locas' para los veterinarios. Estos profesionales sanitarios controlan el tabaco, pero junto a otras labores como la supervisión de la cadena alimentaria; lo que limita mucho un seguimiento de las transgresiones de la normativa. Y a menor número de visitas controladoras, mayor tendencia a saltarse las normas, especialmente en los lugares de ocio. Son, así lo demuestran los datos, los espacios donde más 'olvidos' de la regulación se registran. Y es el consumo en un lugar prohibido, la principal razón de la apertura de un expediente.

En 2018, hubo 64 por esta razón, muy por encima de las demás causas, como la falta de extractores, fumar en la vía pública en parques infantiles o recintos hospitalarios, carencia de señalización y otras cuestiones menores. El inspector, según la gravedad de los hechos, puede permitir la corrección de la carencia o imponer también sanción. De hecho, las multas las acapara la hostelería, con 21;el resto se reparte entre muchas causas y ni, por ejemplo, centros educativos o supermercados, registran un solo levantamiento de acta negativa. Estas auditorías, no obstante, aunque sean escasas se concentran en los centros sanitarios, donde la infracción sería mucho más grave, con 456 visitas de oficio y 13 por denuncia y apenas otros 54 controles se realizaron en bares y restaurantes; de ellos, 36 por denuncia. Los polideportivos, centros recreativos y kioscos suman el tercer puesto con importancia, con 43 actuaciones de seguimiento desde Sanidad.

Es esta una relajación del cumplimiento que ya, desde 2013, denuncian organizaciones como la AsociaciónEspañola Contar el Cáncer, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica o el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, entre otras organizaciones. Esta falta de respeto a la legislación, a la par que las inspecciones se han reducido, es un hecho en las nueve provincias. Así, de aquellas 8.412 que registró Castilla y León en 2011, tan solo un año más tarde ya bajó a 6.376... y ya solo 5.732 en 2014 y únicamente 3.890 el cerrado ejercicio. Una reducción a la mitad para una comunidad enorme, con gran dispersión... mientras por ejemplo la Región de Murcia registra más de ocho mil anuales y Aragón supera los 25.000 controles.

Y pese al marcado descenso de las inspecciones en Castilla y León, sí se detectan infracciones –337 en la región, con 241 sanciones– y cabe deducir que se registrarían más si se persiguieran más. Buena parte de las infracciones además son de las valoradas como graves, 13 el año pasado en Valladolid de las 44 totales. Fumar en lugares prohibidos ha conllevado multas de 180 euros y el permitir hacerlo, de 2.102 para el dueño del bar o el restaurante. La ley establece un abanico desde los 30 a los 600.000 euros.

Al margen de los datos de control de la ley antitabaco, otros factores apuntan a un claro éxito de la normativa o, al menos, de colaboración en la lucha contra el tabaquismo por sus negativos efectos sobre la salud. Además, de tener un papel persuasorio a la hora de decidirse a la deshabituación tabáquica, protege a los pasivos.

Las encuestas, nacionales y autonómicas, sobre el consumo de tabaco y drogas pomo la nacional EDADES o las del Comisionado autonómico, no ayudan mucho a detectar la evolución del consumo porque no se rige en este decenio y medio por las mismas reglas comparativas y porque varían mucho. Según la primera, la tasa de adictos en Castilla y León se sitúa actualmente en 35,8%; la Encuesta Nacional de Salud habla del 22,7%. Sin embargo, el trabajo autonómico recoge el 36,3% para los hombres y el 40,7% para las mujeres, ambas más de 20 puntos por debajo de la adicción de mediados de los noventa. Algunas investigaciones cifran en un descenso al 22,82% el consumo.

Un dato más objetivo sin duda lo recoge la evolución de las ventas. Los datos del Ministerio de Hacienda constatan una enorme bajada, especialmente del cigarrillo y, aunque recoge el aumento de otros consumos como el de puros y el de pipa, no marcan una tendencia negativa en esta adicción porque ambos productos son de consumo más esporádico y lúdico y porque aunque se incremente su uso no compensan el enorme descenso de las cajetillas. Los datos de Valladolid muestran una reducción del consumo de cigarrillos a la mitad. Así, mientras en 2002 se vendían 50,9 millones de cajetillas de 20 unidades, el año pasado cerró con casi 24,4 y con 24,26 en 2017. El efecto de la ley marca claramente en descenso. En 2006 cae a 46,2 millones, primer año con ley y en 2011, justo tras su endurecimiento en el ejercicio anterior, son 32,3 millones las vendidas. La curva va en claro descenso en pitillos –aunque los primeros tres meses de 2019 marcan un ligero repunte– y, también el de liar desciende de los 81.567 a los 51.274 kilos entre 2002 y el año pasado.

La legislación y también la crisis, el incremento del precio y la presión fiscal sobre estos productos hace que la venta de tabaco en su conjunto registre un descenso permanente sobre todo desde 2012.