Seguridad Social

Casi dos mil vallisoletanos cobran más de 3.175 euros de pensión de jubilación al mes

En uno de esos casos (o en ambos) se encuentran casi dos mil vallisoletanos. Para ser exactos, los 1.814 que cobran más de 3.175,05 euros al mes de pensión después de finalizar su actividad laboral, según la última estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondiente a noviembre de este año. Son únicamente el 2,3% de los 79.504 jubilados de la provincia y el montante que perciben es muy superior a lo que es habitual. De hecho es prácticamente el doble, puesto que en ese mismo periodo la media ascendía a 1.595,75 euros.

El mismo patrón se reproduce a nivel autonómico. A 1 de noviembre de 2024 había 7.689 castellanos y leoneses que tras dejar de trabajar ingresaban una cuantía por encima del límite establecido, de los 409.320 ciudadanos de la región con derecho a esta percepción. En porcentaje, solo el 1,9% del total. A esto se suma que la diferencia entre lo que cobra ese pequeño grupo y el promedio de la comunidad, 1.442,93 euros, es todavía más abultada.

Se da la circunstancia, por otra parte, de que los jubilados que han accedido a una pensión superior al tope permitido se han disparado. Han aumentado nada más y nada menos que el 46,2% en Valladolid en comparación con noviembre de 2023: eran 1.241 hace un año, 573 menos que ahora. Y la misma evolución al alza, aunque en menor medida –el incremento es del 35%– se ha producido en el conjunto de Castilla y León, empujada sin duda por el fenómeno que se registra en la provincia que ocupa el centro geográfico.

Es difícil determinar a ciencia cierta cuál es el motivo de esta subida, pero tanto el secretario general de UGT en Valladolid, Jesús Vara, como el secretario Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, indican que la explicación podría estar en que «estamos ante las primeras jubilaciones de los 'baby boomers'», es decir, de los españoles que nacieron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Más allá de que son muchos, se trata de «personas con largas carreras de cotización», puesto que lo usual es que se incorporaran al mercado de trabajo muy jóvenes, y además lo hicieron en sectores en los que se aplican las bases máximas.

«Estamos hablando de la automoción, que en Valladolid es Renault, Michelin e incluso Iveco, de las finanzas, de Telefónica y de la administración local, autonómica y estatal, donde tienen unos buenos salarios», enumera Jesús Vara, quien añade que lo normal es que esas remuneraciones hayan ido mejorando «a lo largo de la vida laboral», lo que les está permitiendo llegar al retiro en una situación favorable. En la misma línea, Carlos Bravo apunta que en la provincia «se da una mayor concentración de bases máximas de cotización» por el peso de industrias como las mencionadas y «por el sector financiero y el mayor volumen de funcionarios de la Junta», que tiran hacia arriba del número de pensiones más altas.

Al hilo de esto el secretario Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras incide en que «en 2023 el 10% de las jubilaciones han sido con demora frente al 5% de 2022, y sin embargo las prejubilaciones se han derrumbado», debido precisamente a los incentivos que fomentan que se retrase el retiro. Quienes optan por esto último pueden elegir entre un porcentaje adicional del 4% por cada ejercicio completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria, una cantidad a tanto alzado que oscila entre los 5.000 y los 12.000 euros por cada año de aplazamiento o una combinación de ambos. Carlos Bravo señala que es una fórmula que resulta muy atractiva para «determinados perfiles, como los que tienen trabajos más o menos cómodos y salarios más altos que la pensión máxima», a quienes les interesa consolidar esos ingresos a futuro.

Una mirada general a las pensiones contributivas revela que casi siete de cada diez se devengan por jubilación. En concreto 79.504, el 65% de las 122.393 que la Seguridad Social abonó en la provincia a 1 de noviembre de 2024. Son 1.519 más que en el mismo mes del ejercicio anterior, un incremento notable que no se da en el resto de categorías. Así, otros 28.454 vallisoletanos, el 23,2%, cobran una paga por viudedad, cifra muy similar a la de 2023; 10.190 lo hacen por incapacidad permanente, lo que equivale al 8,3% y a una subida de 552 en términos absolutos respecto al año pasado; 3.573 por orfandad, el 2,9%, casi lo mismo que el noviembre anterior, mientras que los 672 restantes, un exiguo 0,6%, recibieron la que se tramita en favor de familiares, que también se ha mantenido sin apenas cambios.

Esta radiografía es un fiel reflejo de la evolución de la pirámide demográfica, cada vez más envejecida. De ahí que esos porcentajes se repliquen de forma casi mimética en el conjunto de Castilla y León, donde hay 628.831 pensionistas de los que el 65,1% son jubilados. Para ser exactos, 409.320, lo que implica que se han incorporado 5.442 en un año. En España esa cifra asciende hasta los 6.534.592 (la friolera de 119.040 que en noviembre de 2023) de un colectivo global de 10.263.079 perceptores, según el departamento que dirige Elma Sáiz, lo que rebaja ligeramente el porcentaje al 63,7%.

«Vamos a tener un problema porque el número de pensiones es brutal», sentencia el secretario general de UGT en Valladolid, quien recuerda que «muchas familias se sustentan gracias a las personas jubiladas» y apunta que «aunque afortunadamente vivimos más, hay que pensar en soluciones» ante el más que previsible crecimiento de este grupo a medio plazo. «Es un problema muy serio de la sociedad en general que hay que afrontar», indica Jesús Vara, quien apuesta por «sentarse a dialogar, con tranquilidad y serenidad, para llegar a una solución de consenso». Con las familias como prioridad: «Si queremos que nazcan más niños hay que ayudarlas», propone.