La dispersión y el tamaño de las empresas dificultan la implantación de la FP dual en Castilla y León

De cómo llevar a cabo su implantación se habló en la mañana del martes en una charla que tuvo lugar en el salón de actos del colegio San Viator. Estuvo liderada por Agustín Francisco Sigüenza Molina, director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación de Castilla y León, Santiago García Gutiérrez, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y José Manuel Frutos, secretario de CECE-CyL. Estos expertos abordaron los retos y oportunidades que supone esta nueva normativa de cara al próximo curso. A la jornada asistieron cerca de 60 profesores y directores de Formación Profesional de centros educativos de la región.

Según explicaron, poner en práctica la modalidad de FP Dual adaptada al tejido productivo del territorio, permitirá a los estudiantes realizar gran parte de su formación en las empresas. Eso, sobre el papel. En la práctica, según estos expertos, el nuevo sistema comportará grandes desafíos. «El principal reto de esta ley está precisamente en su carácter dual, por la implicación y la corresponsabilidad que tienen que tener las empresas en el proceso formativo. En Castilla y León tenemos muchas empresas, pero son muy pequeñas. El 97% tienen menos de 10 trabajadores y están muy dispersas en el territorio. Hacerlas corresponsables de un proceso formativo de esta naturaleza y envergadura es posible, pero muy, muy complicado», aseguró Sigüenza.

En Castilla y León hay actualmente 14.000 empresas que participan o han participado en algún momento en la formación de alumnos de FP en prácticas. En cuanto al número de alumnos, cada año cursan el módulo de prácticas en empresas (una vez superados el resto de módulos teóricos) entre 11.000 y 12.000 estudiantes. «De cara a futuro, con la nueva Ley, tendrán que formarse en los centros de trabajo todos los alumnos, tanto los de primer curso, como los de segundo. Es decir, vamos a pasar de tener 12.000 a 45.000 alumnos formándose en empresas, por lo tanto, necesitaremos hacer crecer esa base de datos desde las 14.000 actuales, hasta 60.000 empresas dispuestas a colaborar con nosotros. Será especialmente difícil en las zonas rurales», indicó Sigüenza, quien se mostró muy crítico con algunos aspectos de la nueva normativa. «Quizás en Comunidades Autónomas como Cataluña o Madrid, donde el tejido empresarial es otro, se puedan desarrollar estos planteamientos, pero en Castilla y León va a ser realmente complicado de implantar», prosiguió.

Las empresas participantes en el sistema deberán disponer de capacidad formativa con un tutor de empresa y dedicar tiempo a los alumnos, a los que no tendrán que remunerar, pero si dar de alta en la Seguridad Social. «Los estudiantes no estarán trabajando en las empresas. Estarán formándose y por tanto, lo que se van a necesitar son empresas con gran capacidad formativa para que los estudiantes adquieran unos resultados de aprendizaje en ese contexto. Su implicación en el proceso formativo debe de ser total», añadió.

Según Santiago García, de CECE Nacional, «se está legislando desde la absoluta desconfianza a los empresarios y así se están cargando el sistema. La implantación de la ley es totalmente inviable». Según se informó en la charla, la gestión y los trámites administrativos para realizar la formación en los centros de trabajo será grande, sin embargo, no es eso lo que más preocupa. «No sé cómo, pero al final, lo gestionaremos, pero lo que verdaderamente nos quita el sueño, son aquellos alumnos que no nos cojan las empresas, porque si se quedan sin esa formación, entonces se cae todo el sistema dual y todo el principio de corresponsabilidad», señaló Sigüenza.

Otra de las novedades que contempla la nueva ley es que los estudiantes quedarán integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, y todo el tiempo que dure la formación realizada en las empresas, figurará en su vida laboral. La cotización estará bonificada en un 95%. Según explicaron, a las empresas les costará cada alumno unos 0,5 euros al día. «Los empresarios están empezando a decir que no están dispuestos a pagar estos costes, porque además, cada estudiante les computará como medio trabajador en la plantilla y ese tiempo de formación les genera antigüedad. Todo esto desincentiva la participación de las empresas en el sistema Dual», subrayó García.