La Diputación de Valladolid avala el «equilibrio» entre educación pública y concertada

La sesión ordinaria comenzó con retraso, pero siguió la dinámica habitual de las anteriores. Tras la aprobación del borrador del acta del pleno del mes de febrero y el pequeño homenaje a las víctimas de la violencia de género, «vuelta la burra al trigo», como lo calificó el portavoz de Sí Se Puede, Héctor Gallego, con la primera propuesta, la planteada por el Partido Popular. Para la diputada de Cultura, Inmaculada Toledano, la «complementación» entre la educación pública y la concertada es la «base» de una enseñanza de «calidad». Su unión, subrayó, conforma un «todo equilibrado» que realza a los alumnos castellanos y leoneses al «máximo nivel, a la cabeza del informe PISA». «En ningún caso se debe ocultar que los centros privados concertados, que representan el torno al 30%, son necesarios y ejercen igualmente su función».

La iniciativa de considerar a esta educación como «complementaria a la pública, no subsidiaria» salió adelante a pesar de contar únicamente con el voto favorable de Ciudadanos. Este «buen intento» de los populares no convenció al resto de grupos políticos. «Son los que menos se han preocupado por nuestra educación y nos vienen con estas. Se repiten más que el ajo», apuntilló Gallego. Tanto el PSOE como Toma la Palabra avalaron los argumentos de Gallego, quien creyó que esta propuesta no era más que un intento de «desviar dinero público a la enseñanza privada y adoctrinar a los niños». «Creemos en la educación pública y gratuita, pero también en la concertada remunarizada allá donde no llegue la pública», indicó.

La «libertad de poder elegir», dijo Toledano, era lo único que pedían los populares. En este sentido, otra de las peticiones planteadas en este proyecto era solicitar al Gobierno de España que «garantice que los padres de los menores con discapacidad conserven su derecho a elegir su escolarización en centros especiales u ordinarios». «La enseñanza inclusiva tiene que ser esto», apostilló.

Nuevamente los demás partidos «no nos esperábamos». La defensa de la educación especial era el «único» aspecto en el que coincidían, pero el portavoz de Toma la Palabra, Salvador Arpa, se mostró agradecido con esta «sensibilidad, al menos sobre el papel». Sin embargo, no sentó del todo bien a la bancada socialista que, a través de Carmen Aceves, calificó como «bulo» el posible cierre de los centros de educación especial y llegó a asegurar que solo querían «incendiar al electorado con mentiras». «Hacen negocio con todo lo que pueden», lamentó la diputada.

Tienen claro que cualquier decisión que tomen no será definitiva, ya que la «clave» está en un «cambio de modelo», pero la Diputación provincial dio ayer el primer paso para reducir el uso de plásticos en actividades y edificios municipales gracias a una proposición de Sí Se Puede. «Por desgracia no vamos a encontrar una alternativa en un corto periodo de tiempo», reconoció Héctor Gallego. «Al principio es engorrioso», subrayó el portavoz de Sí Se Puede, pero el diputado de Medio Ambiente, Alberto Magdaleno, se comprometió a estudiar si es o no viable implementar sistemas alternativos como el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno en los municipios vallisoletanos de más de 5.000 habitantes o en aquellos que lo soliciten.

También salió adelante la propuesta planteada por Ciudadanos para alcanzar una «igualdad real y efectiva» entre hombres y mujeres. Su representante, Pilar Vicente, emuló al dirigente nacional de la formación naranja, Albert Rivera, y parafraseó a la liberal Clara Campoamor en su defensa de este objetivo. «El feminismo no es patrimonio de nadie, es una lucha de todos. Decir 'portavozas' no es feminismo, a mi no me vale el postureo», defendió ante las críticas.