La Diputación declara 68 edificios en ruina y ejecuta la demolición subsidiaria de 41

Son inmuebles en mal estado, que suelen suponer un riesgo de desprendimiento y de afección tanto a edificios anexos como a la propia vía pública, con un difícil entramado de herederos y una compleja tramitación para costear su derribo. De ahí que el 88,6% de los ayuntamientos de la provincia hayan optado por acogerse al Plan de Gestión de Ruinas con el que desde el año 2014 la Diputación se encarga de gestionar estos inmuebles. Ahora bien, no todos han hecho ya efectiva la encomienda de gestión, pues solo 124 –104 con menos de 1.000 habitantes– han solicitado que la Diputación actúe ya edificios situados en su casco urbano.

De las 414 solicitudes que la institución provincial ha recibido en estos cinco años ha actuado ya en 267. En 101 casos, los propietarios han actuado sin necesidad de que la Diputación actúe de forma subsidiaria, por lo que se han archivado. ¿Pero qué ocurre con las restantes? Según explicó ayer el diputado de Asistencia y Cooperación a Municipios, Alberto Collantes, se han declarado en ruina 68 inmuebles, mientras que se han realizado órdenes de ejecución (limpieza del solar, retejar o reparar algún fragmento defectuoso) en otras 81 fincas. «En los casos en los que los propietarios no actúan, la Diputación lo hace de forma subsidiaria», precisa Collantes. Es decir, que es aquí donde hace de «poli malo» y ordena la demolición de aquellos inmuebles que supongan un riesgo para los demás. En este último caso han sido 41 las órdenes de demolición (34 ya ejecutadas y siete en tramitación). Después, la Diputación reclama el coste a los propietarios. «El organismo de recaudación, Reval, ha comenzado ya a girar los recibos con las reclamaciones en periodo voluntario y se ha conseguido recaudar unos 10.000 euros», precisaba Collantes. Una cifra muy alejada de los más de 300.000 euros que la Diputación ha destinado en estos cinco años al programa, tanto para costes de tramitación, de arquitectos o de servicios de construcción y limpieza. «Es prácticamente imposible recuperar todo el dinero invertido. En la mayoría de los casos nos encontramos con numerosos herederos, muchos de ellos no sabían ni que tenían una propiedad en el pueblo, y al final no se ponen de acuerdo entre ellos para afrontar los gastos», añade, por lo que ahí se pasaría a la vía ejecutiva.

No hay un mapa específico de la ubicación de edificios en ruina en la provincia, pero sí es cierto, según precisan desde Asistencia a Municipios, que las zonas de Tierra de Campos, Valle Esgueva y Valle del Cuco son algunas de las más afectadas. En esta última, por ejemplo, existe como curiosidad el caso de Corrales de Duero, que tramitó 21 expedientes de inmuebles en mal estado. Y todos en el casco urbano, porque los que están en suelo rústico, son de propiedad municipal o se trata de construcciones tipo bodegas no se pueden acoger al programa.