Uno de cada diez contratos indefinidos era un temporal ilegal destapado por la inspección

Treinta de cada cien asalariados vallisoletanos tienen un contrato temporal. Esto es así en épocas de crisis, de bonanza o intermedias, apenas con variaciones de uno arriba o dos abajo. Se trata de una proporción que también es habitual en España, pero que constituye una tasa muy elevada con respecto a lo que es común en la Unión Europea, donde la media se sitúa en torno a la mitad. Además de la precariedad vital que conlleva esta práctica laboral, su generalización encubre un número desconocido de casos fraudulentos. Jóvenes y menos jóvenes encadenan contratos -según los últimos datos nacionales, uno de cada cinco no supera la semana de duración-, en ocasiones dentro de una misma empresa y ocupando un puesto de trabajo que en realidad es permanente. El año pasado, la labor de los inspectores destapó y obligó a convertir en indefinidos 2.338 contratos temporales irregulares en Valladolid.

Teniendo en cuenta que la cifra de contrataciones registrada en la provincia en 2018 ascendió a 237.574, de los que 23.821 fueron de carácter indefinido, el resultado es que uno de cada diez contratos formalizados fueron fijos (bien a tiempo completo o a jornada parcial) y de estos, uno de cada diez procedió de un contrato temporal fraudulento.

La intervención de la Inspección de Trabajo fue particularmente intensa el año pasado. La expresión 'redobló esfuerzos' es en esta ocasión literal. No en vano, se produjo la conjunción del plan de choque recogido en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de julio, con los resultados del Programa Territorial Integrado de Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León, competencia de la Junta. Como resultado de ello, se dispararon las cifras de contratos de duración determinada transformados en indefinidos a requerimiento de la autoridad laboral hasta los 9.214 en toda la comunidad autónoma, frente a los 4.145 convertidos en 2017, lo que supone un incremento del 122%.

Por un lado, las empresas bajo sospecha de esconder situaciones de fraude fueron objeto de una comunicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que les informó de los datos en su poder y les instó a revisar su situación, con la advertencia de que serían objeto de una visita de comprobación en caso de no regularizar sus contratos. Esta fase fue ejecutada en los meses de agosto y septiembre y en el caso de Valladolid se llevaron a cabo 634 comunicaciones a empresas, con un total de 899 trabajadores involucrados.

El balance final fue el descubrimiento de 731 personas que tenían un contrato temporal pese a desempeñar un trabajo de carácter permanente, por lo que fueron pasados a indefinidos con la correspondiente sanción, de 6.251 euros en los casos más graves.

Según la información proporcionada por la Consejería de Empleo, en la distribución de resultados a nivel autonómico destacaron los sectores de hostelería con el 19,7% de regularizaciones, el comercio, con el 17,2%, y la industria con el 13,6%.

Como consecuencia de la actuación ordinaria de la Inspección de Trabajo, consensuada por la Junta con Cecale, CC OO y UGT, el número de contratos de duración determinada transformados en indefinidos ascendió a 6.654 en toda la comunidad, el 60,5% más que en 2017. De ellos, la cuarta parte (1.607) fueron regularizados en Valladolid. De modo que 731 más 1.607 dan como resultado los 2.338 temporales fraudulentos descubiertos en Valladolid, la mayor cifra alcanzada nunca por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en sus actuaciones en esta materia.

Por el momento, los únicos resultados difundidos tienen que ver con los temporales fraudulentos, pero las prioridades de la inspección para este año, plasmadas en el plan director, van más allá. En concreto, van a dirigirse también contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas extraordinarias no pagadas.

Los asalariados a jornada parcial se han convertido de un tiempo a esta parte en una 'nueva especie' floreciente y quien más y quien menos tiene en su entorno a un pariente o conocido que solo trabaja unas horas a la semana o que simultánea varios empleos para completar la jornada laboral. Los números hablan por sí solos: En 2008 había en Valladolid 102.527 afiliados al Régimen General de la Seguridad Social con contrato indefinido y, de ellos, tenían un contrato a tiempo parcial el 13%.Al cierre de 2018, de los 104.612 afiliados equivalentes tienen jornada parcial el 20%. Entre los asalariados de contrato temporal, que suman algo más de 52.000, el porcentaje de parciales ha pasado en estos diez años del 32,5% al 36,8%. Entre ellos hay también un número desconocido de casos fraudulentos que la Inspección de Trabajo se propone destapar.

Un trabajo de CC OO realizado en noviembre de 2018 con información de la EPA señalaba el 45% de las horas extras que se realizan en Castilla y León, 188.853 cada semana, no se pagan. Según los cálculos del sindicato, equivaldrían a 4.721 empleos asalariados a tiempo completo. En los empleos a tiempo parcial están prohibidas las horas extras.

Para la lucha contra el abuso y el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial se prevé un aumento del 25% en las actuaciones previstas en el conjunto de Castilla y León, según fue acordado en la última reunión del órgano de cooperación entre la Administración autonómica y la Administración General del Estado, en diciembre pasado.

Allí se aprobó ejecutar 43.843 inspecciones de trabajo en 2019. De acuerdo con el Plan Director por un Trabajo Digno, el objetivo principal seguirá siendo «la mejora de la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad de la Seguridad Social y las prestaciones. Para combatir los excesos de jornadas y las horas extras no pagadas ni compensadas e incumplimientos en materia salarial se han programado un incremento de intervenciones del 10%; mientras que para la protección de derechos fundamentales y promoción de la igualdad el reforzamiento de las actuaciones será del 22%.

En cuanto a lucha contra el fraude a la Seguridad Social y la economía irregular se han programado más de 13.400 actuaciones. También se afrontarán las nuevas modalidades de trabajo que ocultan empleos por cuenta ajena, con actuaciones para detectar falsos autónomos y falsos becarios. Por último, se refuerzan las actuaciones para reducir la accidentalidad laboral con la planificación de 10.249 actuaciones.

Los treinta de cada cien vallisoletanos afiliados al Régimen General que tienen un contrato temporal suponen el doble de la media europea. Con datos no del todo homologables, las últimas estadísticas de Eurostat señalan que en 2017, la tasa de personas de entre 15 y 64 años con contrato de duración determinada fue del 14,3% en la UE-28. España ocupa el primer puesto, con el 26,8%, seguida de Polonia, con el 26,1%. La lista la cierra Rumanía, con una sorprendente tasa de temporales del 1,2%.

Las grandes diferencias en los Estados miembros tienen que ver, según Eurostat, con la idiosincracia, los niveles de oferta y demanda, las estimaciones de los empresarios sobre crecimiento o contracción de la economía y el coste del despido. El mayor problema para España es que el contrato temporal no solo facilita la destrucción de empleo, sino que lastra la productividad.