La deuda de Sacyr con el Mercado del Val crece 17.000 euros cada mes y alcanza ya los 354.000

La relación con esta multinacional, a la que la Administración Local pagó religiosamente los nueve millones de euros que costó la obra de reforma del edificio histórico, se desarrolla en los juzgados desde hace tiempo. Sacyr no está haciendo frente al contrato que firmó en su momento y que le obliga a pagar 19.749 euros de comunidad al mes por los 1.181 metros cuadrados, que ahora ocupa un supermercado de la cadena DIA. Consideran que lo justo es abonar 2.715 euros, que es la cantidad que ingresa al Ayuntamiento. La empresa recurrió el régimen de gastos del mercado y reclamó su suspensión de manera cautelar, pero los tribunales no lo admitieron, con lo que continúa vigente y el débito sigue creciendo.

Tampoco ha visto prosperar otras dos reclamaciones referidas a la ejecución de los trabajos de reforma. No lograron sacar adelante el recurso para que el Ayuntamiento les abonara 325.077 euros por los mayores costes soportados por el incremento del plazo de ejecución, ni pudieron recuperar 217.047 euros que el Consistorio les detrajo de la certificación final por errores sobre las mediciones del proyecto y el control de calidad externo que debió realizar. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 consideró esta medida municipal ajustada a derecho.

A día de hoy, queda pendiente la sentencia sobre los gastos de mantenimiento. Mientras se resuelve, es el Ayuntamiento el que afronta la diferencia entre lo que ingresa la compañía y lo que debería abonar. Esta situación llevó al Consistorio a incautarse de la fianza depositada por Sacyr en su momento y que asciende a 283.000 euros. La situación ha complicado durante varios meses el funcionamiento del mercado. Los industriales han tenido que retrasar los pagos de los diferentes servicios de mantenimiento, como la limpieza o la seguridad, entre otros

El desacuerdo entre ambas partes desembocó el pasado mes de octubre en la solicitud de Sacyr de rescindir la concesión del sótano. Al parecer la intención de la empresa es liquidar el contrato de mutuo acuerdo, pero recuperando los dos millones de euros que pagaron por el espacio durante los 16 años de vigencia de la cesión. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento lo están estudiando. La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, opta por la prudencia hasta que los letrados municipales tomen decisiones y avanza la posibilidad, en el caso de que finalmente se resuelva la concesión, de realizar una subrogación del contrato con la cadena DIA, que tiene intención de mantener la actividad en las instalaciones.

El hasta ayer presidente de los industriales del Val, Felipe González (le sustituye Pablo Gómez, de El Cerezal), considera que Sacyr ha sido un «mal compañero de viaje» en este proyecto. «Es importante que los vallisoletanos sepan que el dinero que Sacyr no pone sale del Ayuntamiento, es decir de la ciudad», destaca este carnicero, quien recuerda que él paga al mes 920 euros en gastos de comunidad por 30 metros cuadrados, cuando la planta de supermercado tiene 1.181 y se le ha aplicado un coeficiente reductor por su ubicación. González espera también que la constructora repare algunas deficiencias de la obra pendientes desde la reapertura, como los problemas de los puestos para obtener agua caliente.

Sacyr evitó hacer valoraciones sobre la deuda. Respecto a la resolución de la concesión, la empresa se limitó a asegurar que «se está buscando la mejor solución posible».